ANA LAURA MAGALONI KERPEL
La procuradora Marisela Morales, en menos de 15 días, removió a 23 delegados regionales, despidió a 462 funcionarios de la PGR e investigó a otros mil 600. Parecen acciones espectaculares en un país en donde pocas veces tienen consecuencias legales los actos de corrupción. Sin embargo, si uno mira la historia de la institución, parece que la limpieza interna es una cuestión cíclica: cada determinado tiempo la cabeza de la PGR inicia procesos de despido. Si uno revisa los discursos de Calderón, cada vez que ha removido a un procurador le encarga al siguiente "continuar la labor de depuración que inició su antecesor". Así sucedió de Medina Mora a Chávez y de Chávez a Morales. Si mal no recuerdo, el primer procurador que comenzó con la limpieza interna fue Jorge Carpizo, en la década de los noventa. Desde entonces, seguimos depurando a la PGR.
Es cierto que frente a la infiltración de las instituciones de seguridad es indispensable depurar. Sin embargo, no basta depurar para que la institución funcione, y todo proceso de depuración tiene altos costos. Por un lado están los costos económicos concretos de las indemnizaciones y, además, los costos de poner gente en la calle vinculada con el crimen organizado y con contactos en la institución para volverla a corromper. Por ello, para que de verdad valga la pena asumir estos costos, debe haber un proyecto de reforma institucional que busque mejorar de fondo su desempeño.
Una vez limpia la casa: ¿qué quiere hacer Marisela Morales con la persecución criminal a nivel federal? ¿Cuáles son las características de un sistema de persecución criminal que funcione en un contexto democrático y de alta criminalidad? ¿Cómo pasar de lo que tenemos a lo que necesitamos? Estas preguntas no las han respondido el presidente Felipe Calderón ni su procuradora. Hasta el día de hoy, todo parece indicar que la decisión del gobierno es continuar con una Procuraduría obsoleta. La pregunta relevante, por tanto, no es cómo reformar sino por qué no se reforma.
Yo tengo dos posibles explicaciones de por qué la clase política no le ha apostado a una reforma seria de la procuración de justicia. Estas explicaciones no son excluyentes entre sí. La primera es que la fortaleza y profesionalización de la Procuraduría resulta muy amenazante en términos políticos. Una reforma efectiva a la Procuraduría significaría que el Ejecutivo federal y los gobernadores estatales perderían toda capacidad de manipular la persecución criminal a favor de los intereses que políticamente les convenga proteger. El caso de Lydia Cacho y el gobernador de Puebla, el de Arturo Montiel, el de la Guardería ABC, el de Oaxaca y Ulises Ruiz, el del News Divine son algunos ejemplos de lo que significa para los detentadores del Poder Ejecutivo federal o local tener una Procuraduría al servicio de la política. Nuestras obsoletas procuradurías le dan un anclaje importante al poder de los gobernadores y del Presidente pero debilitan al Estado mexicano como tal.
La segunda posible explicación de por qué no se reforma la procuración de justicia es que a los procuradores les parece contradictorio pretender terminar con las prácticas autoritarias y arbitrarias del MP en un contexto de alta criminalidad. Hoy el MP puede coaccionar e intimidar a detenidos y presentar acusaciones mal hechas y, de cualquier forma, tiene altas probabilidades de ganar el juicio. ¿Por qué compli- car su chamba? El problema que no se ve con claridad es que gracias a todo ello las cárceles están pobladas de personas que cometieron un robo menor, mientras que la policía judicial recibe una cuota mensual para no detener a quien opera una banda dedicada al robo de coches o al secuestro. La arbitrariedad y la ineficacia de la procuración de justicia mexicana van de la mano.
Lo que pone en juego un sistema de procuración e impartición de justicia como el nuestro no sólo es la tranquilidad de los ciudadanos, sino la propia capacidad del Estado de construir su autoridad. Por ello resulta absolutamente desconcertante que una y otra vez la opción política preferida sea no reformar y, en el mejor de los casos, depurar una vez más la institución. ¿Cuántas víctimas más del sistema de procuración de justicia se necesitan para que la clase política se comprometa con su reforma?
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