JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Uno de los objetivos del ejercicio del poder público es la búsqueda de legitimidad. Quienes lo ejercen cotidianamente debieran dedicar parte de sus esfuerzos a gobernar, pero, también, a mantener las condiciones que les permitan hacerlo. Dependiendo de las circunstancias históricas de cada régimen político, las autoridades deberán adoptar medidas para expandir o restringir sus posibilidades de actuación. Una vez que el cambio se haya producido, el ejercicio del poder será distinto, pues habrá de realizarse en las condiciones que se hubieren propiciado. Debido a que los regímenes modelo actuales se caracterizan por ser democráticos y por la protección a los derechos humanos, algunas de las más señaladas expansiones hacia la legitimidad se realizan en esos ámbitos.
Estas reflexiones iniciales vienen a cuento porque en los últimos meses hemos asistido a dos cambios que parecieran inscribirse en esa lógica. En un tiempo caracterizados por su enorme complejidad global e interna, se han ampliado los derechos humanos y su sistema de protección (juicio de amparo). Los miembros del Congreso federal y de los locales, en tanto integrantes del órgano de reformas constitucionales, han tomado dos de los más señalados elementos del constitucionalismo moderno para configurar de manera distinta al poder público y su ejercicio. En adelante, toda autoridad del país deberá definir la manera en la que, a su juicio, sus actuaciones salvaguardan los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Adicionalmente, deberán admitir la competencia de otras autoridades (los juzgadores en general) para revisar que sus actos se ajusten a la Constitución y a los tratados.
Al darse estos cambios en este momento, el poder político, en particular, apostó por una específica manera de ampliar sus bases de legitimación. La forma elegida es simple en su enunciación.
Los habitantes del territorio nacional tendrán más derechos y más acciones para hacerlos valer; la racionalidad que habrá de producirse con estos cambios deberá desplazar, al menos en parte, a la que mayoritariamente se produce desde la política. Tomado en conjunto, se trata de un ejercicio de autorrestricción, de una traslación consciente o inconsciente de poder o de un ejercicio pensado de reelaboración de las condiciones de gobierno.
Cualesquiera que hayan sido las ideas detrás de este ejercicio, lo cierto es que por su importancia y momento en que se hicieron, terminarán incidiendo en la representación de lo que es y debiera ser el ejercicio del poder en México.
Ello plantea un elemento adicional sobre el que conviene reflexionar. ¿Cómo se modificarán las expectativas que los habitantes, a los cuales se dirigen las reformas, habrán de tener de la manera en la que sus vidas serán beneficiadas?
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