MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Antes de ayer se había planteado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dilema clásico en la elección de un líder. La disyuntiva era entre continuidad o cambio. La primera estaba encarnada por la presidenta saliente, María del Carmen Alanís. La segunda por Pedro Penagos o Constancio Carrasco. A última hora, sin embargo, el dilema encontró una tercera salida, que puede ser la muy positiva de partir del consenso, pero puede también significar una vuelta atrás, un regreso al pasado que marcó para mal el funcionamiento del órgano que encabeza la justicia electoral en nuestro país.
Es que el nuevo presidente del tribunal electoral federal, Alejandro Luna Ramos, formó parte de la plantilla de magistrados que calificó la elección presidencial del 2006 y declaró electo a Felipe Calderón. Fue, por lo tanto, uno de los suscriptores del instrumento de calificación en que se acumularon argumentos sobre las irregularidades del proceso que concluía con esa toma de posición del órgano calificador. Tras la lectura de los fundamentos de ese dictamen (no sentencia porque en ese momento los magistrados ejercían no una función jurisdiccional sino una de política constitucional), uno supondría que la conclusión inevitable era anular la elección. Pero se produjo un non sequitur y se declaró electo a Calderón, ocasionando con ello una fractura en la sociedad mexicana que en vez de aliviarse con el paso del tiempo se ha ahondado y complicado.
Poco después de emitir ese fallo, los magistrados del TEPJF fueron sustituidos por haber terminado el plazo para el cual fueron elegidos por el Senado. Todos, menos Luna Ramos. Él había llegado a ese órgano jurisdiccional en abril de 2005, para cubrir la vacante dejada por la muerte de don José Luis de la Peza. Desde el momento mismo de su designación se planteó lo que acaso es un falso problema pero que puede ser objeto de interpretación: ¿iba el nuevo magistrado a ser un mero suplente, que concluiría su encargo como el resto de sus compañeros al cumplirse 10 años (que era el término del finado De la Peza)? ¿O su nombramiento tendría también una duración decenal, en cuyo caso permanecerá en el cargo hasta 2015? Se fechó de este modo su designación y por lo tanto quedó convertido en una suerte de magistrado de transición.
Sea de ello lo que fuere, el hecho introdujo en el tribunal una herencia del ayer, pues Luna Ramos formó el pleno con los magistrados que no se atrevieron a sacar la consecuencia de que Vicente Fox descompuso el proceso de 2006 con múltiples intervenciones ilegales. Simplemente las hicieron constar. Luna Ramos es, por lo tanto, el único magistrado que participará en dos elecciones presidenciales, y su modo de actuar en la primera debe ponernos alerta respecto de su conducta en la segunda.
Luna Ramos fue miembro del PRI en sus mocedades. Y se ocupó entonces, de 1968 a 1970, de asuntos electorales en la Ciudad de México. Es difícil afirmar y aun aceptar que esa huella juvenil es perenne y lo marca desde entonces. Pero su participación en asuntos cruciales para la vida democrática del país muestra que mantiene una eventual inclinación hacia ese partido. Le correspondió ser ponente en el juicio de revisión constitucional planteado por la oposición en Hidalgo, con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Y aunque se adujeron indicios (que no pruebas, pues conforme lo dijo en su momento Luis Cabrera, a los tramposos se les tacha de eso, y no de torpes que mantengan el lodo en las manos después de amasar el fraude) que revelaron una intervención indebida del gobierno y el uso de recursos públicos, desestimó los alegatos oposicionistas y sentó de ese modo (con el voto unánime de sus compañeros, es cierto, pero a partir de sus razonamientos) una suerte de jurisprudencia negra: rompan los poderosos los límites de la ley, que si su conducta no es determinante del resultado y encuentran tribunal que la cohoneste, puede irse tranquilos con su botín.
La elección de Luna Ramos sólo sorprendió a quienes veían como únicos participantes en la votación a Alanís y Penagos. No fue el caso de Reforma, que subrayó la incertidumbre en que el tribunal llegaba a su momento clave, y supuso que Luna Ramos, presidente interino por unos días, se quedaría en la silla.
El rito electoral obligó a la ex presidenta y al magistrado Galván, ex presidente también, a proceder con escaso donaire. Cuando se abrió el turno electoral y se pidió a Alanís proclamar el sentido de su voto, dijo su nombre. Nadie más lo repetiría. Ocurrió lo mismo a Galván, que también sufrió el desaire de que el único voto en su favor fuera el suyo. Entre ambos el magistrado Constancio Carrasco inició la votación favorable a Luna Ramos, seguida después por Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar, Pedro Penagos y el propio Luna Ramos. No obstante que con esas expresiones en su favor tenía ya asegurada su elección (se requieren cuatro de los siete votos posibles, y está prohibida la abstención) el nuevo presidente careció de la elegancia que en casos de esa índole permite y aun obliga a escoger a un destinatario diferente de su propia persona.
Los magistrados de la votación solitaria fueron de ese modo censurados por sus compañeros. No reelegir a María del Carmen Alanís es una desaprobación a su tarea, particularmente por el énfasis puesto en la administración en vez de hacerlo en la función jurisdiccional, como ofreció hacerlo su sucesor. ¿Y quién elegiría a un presidente que lo fue y renunció
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