PRIMERO LA CONSTITUCIÓN Y DESPUÉS LA LEY

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

"La Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute para su dictamen final en comisiones de la Cámara de Diputados debe ser debatida con universitarios"

José Narro Robles
(Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México)

En la pasada celebración del 30 aniversario del Colegio de Defensa Nacional el Presidente Calderón le pidió otra vez al Congreso de la Unión que, después de darle la más amplia participación a la sociedad, apruebe la Ley de Seguridad Nacional para que tengan certidumbre jurídica las labores de seguridad que desempeñan las Fuerzas Armadas, protegiéndose así los derechos humanos. La sociedad, afirmó, reclama apoyo ante la amenaza del crimen y ya no puede seguir esperando. A su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha externado su preocupación (12 de agosto de 2011) por los cateos ilegales que constituyen una práctica común de los elementos que integran en México los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas, señalando que es alarmante la cifra de violaciones a las garantías individuales cometidas durante esos cateos, 3.786 entre 2006 y 2011, tiempo que comprende los cinco años del mandato del Presidente Calderón. Lo anterior refleja a juicio de la Comisión "una deficiencia estructural de la estrategia de seguridad pública vigente a escala nacional". Y se pregunta si "cualquier acción de la autoridad -incluso el atropello de la gente- es válida en aras del fin supremo de combatir a la delincuencia organizada". No obstante Calderón persiste en sus ideas. En su último Diálogo Ciudadano reclamó nuevas instituciones y una reconstrucción del tejido social como parte de su estrategia de seguridad, aparte de reiterar que "si los criminales insisten en meterse con la gente les voy a mandar más Ejército y más Marina y más Policía Federal. Sólo así tienen que entender". Y los ciudadanos nos preguntamos, "¿sólo así?"

Ahora bien, ¿es lógico y coherente que el Presidente pida la aprobación de una Ley antes de ver si concuerda con la Constitución que él protestó cumplir y hacer cumplir, porque sabe perfectamente que la Ley del caso emana de aquélla, como toda ley secundaria? Solicitar lo que solicita tiene un aire de desvío, de evasión. Es el efugio para evadir la dificultad y el compromiso de reformar en la especie la Carta Magna o de interpretarla arbitrariamente. En efecto, el artículo 13 constitucional no da lugar a duda: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". Más claridad no es posible aunque queda algo pendiente para los "eruditos oficiales": ¿un miembro de la delincuencia organizada, un narcotraficante, es un paisano ("hombre que no es militar", dice el Diccionario) que comete delitos y faltas contra la disciplina militar y sobre el que cae entero el fuero de guerra? ¡Y a esto, exactamente a esto, al artículo 13, se debe plegar la Ley de Seguridad Nacional sin tanto trámite ni complicaciones! Para qué buscarle tres pies al gato, le están dando vueltas a lo que es simple y sencillo. A mayor abundamiento sería casi un crimen de lesa humanidad entrar por un resquicio de la Ley para poner allí de manera directa o indirecta, tácita o expresa, algún elemento de militarización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hablado de "una deficiencia estructural de la estrategia de seguridad pública vigente a escala nacional". ¡Por lo mismo hay que cambiar la estrategia y revisar a fondo la reforma constitucional de 2008 que es en gran medida su punto de constante referencia! ¿Por qué se ha preguntado la Comisión si "cualquier acción de la autoridad -incluso el atropello de la gente- es válida en aras del fin supremo de combatir a la delincuencia organizada"? Me parece que por ironía que envuelve un mensaje. El Presidente se empecina en sostener su estrategia y le pide al Congreso que apruebe la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué no le pide que primero vea, puesto que es el autor de la iniciativa, si ella es acorde con la Constitución? ¿O será tan difícil que el Presidente y los legisladores lean, estudien, el artículo 13 y que con base y fundamento en ello lleguen a una conclusión, y luego dictaminen? ¿No protestaron acaso, y con singular solemnidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución?