CIRO MURAYAMA RENDÓN
Las horas que siguieron al cierre de la votación en Baja California volvieron a llenarse de actitudes lejanas a la responsabilidad democrática básica que debería caracterizar a los actores políticos.
Se sabía, de antemano, por las encuestas de intención de voto, que las elecciones a la gubernatura se definirían por un estrecho margen. Pero esas encuestas previas a la jornada electoral no son bolas de cristal que revelan el futuro sino meros instrumentos técnicos, con un margen de error que puede depender de cómo se asigna a los indecisos o de que la gente no revele su intención de voto real o incluso de que el ciudadano cambie el sentido de su sufragio en la soledad de la mampara electoral. Así, la evidencia revelaba que ninguno de los dos principales candidatos podía darse como ganador por anticipado y que la prueba de fuego estaba en las urnas, donde debe de ser.
Ahora bien, en la demoscopia hay distintos instrumentos para conocer las tendencias de la votación una vez instaladas las urnas y antes de los resultados oficiales. Un mecanismo para “medir” cómo va la elección son las encuestas de salida o exit-polls. Consisten en hacer una muestra representativa de casillas y enviar encuestadores a preguntar a electores que ya han votado por quién sufragaron. Ese ejercicio comienza desde la mañana y se van haciendo cortes de información a lo largo del día. El gran problema de este método es que es poco fiable en elecciones cerradas, pues la gente puede contestar diciendo que votó por “A” cuando en realidad lo hizo por “B”. Por ello las encuestas de salida se usan más para conocer rasgos del perfil de los votantes (edad, sexo), que para predecir resultados competidos. En una elección que se define por un margen reducido, nadie puede salir a proclamarse ganador con base en resultados de encuestas de salida. O, más bien: nadie responsable debería hacerlo.
Sin embargo, apenas concluyó el domingo la votación en Baja California — a las 6 pm hora local, cuando iniciaría el conteo de los votos—, y “al cierre de las casillas, los líderes nacionales del PRI, César Camacho, y PAN, Gustavo Madero, proclamaron los triunfos de sus respectivos candidatos” (EL UNIVERSAL, 8/07/13). En el mejor de los casos, los candidatos de las dos coaliciones y los presidentes de los partidos disponían de datos de encuestas de salida, es decir, de cifras imprecisas, pero aun así no resistieron la tentación de anunciar que habían ganado.
Una vez que se cuentan los votos en las casillas hay otro instrumento, mucho más preciso y confiable, para conocer las tendencias de la votación: el conteo rápido. Consiste, nuevamente, en hacer una muestra representativa de los centros de votación y, cuando se publican en los resultados el exterior del lugar donde se instaló la casilla, el encuestador toma el dato. Pero ya no está recogiendo dichos, sino votos depositados y efectivamente contados. Claro, el conteo rápido implica esperar a que se realice el escrutinio en las casillas seleccionadas, por lo que lleva unas horas después de concluida la votación. Como es un ejercicio de inferencia estadística, también tiene cierto margen de error y en situaciones excepcionales, como la elección presidencial del 2006, las estimaciones de votación entre un candidato y otro se pueden empalmar, por lo que hay que esperar al cómputo total de los votos.
Cada partido y coalición tiene representantes en las casillas y copias de todas las actas de escrutinio, por lo que puede saber exactamente cuántos votos tuvo y en qué lugar. Y todo partido y coalición está representado en los órganos electorales y cuenta con el derecho de impugnar cualquier decisión ante los tribunales. Ésa es la ruta que los partidos, venturosamente, plasmaron en la ley para dirimir eventuales conflictos electorales y es la ruta que deben seguir. No la del descontón mediático para arrogarse triunfos antes de que las urnas hayan hablado.
*El Universal 09-07-13
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