viernes, 19 de julio de 2013

LA CUESTIÓN PETROLERA*

DIEGO VALADÉS

La cuestión petrolera puede convertirse en un factor divisivo e incluso conflictivo en el curso de los próximos meses. Son ostensibles las presiones del extranjero y de una parte del sector empresarial mexicano para la apertura del petróleo a la inversión privada. Algunos de los argumentos que manejan los empresarios resultan ofensivos para la inteligencia porque aparentan ofrecer su participación como un acto de filantropía. Si esa inversión no fuera muy redituable es obvio que no les interesaría.

En torno a la cuestión petrolera hay una constelación de intereses muy conocidos. Las propuestas más controvertibles abogan por una reforma constitucional. Esta opción podría ser el detonante de una respuesta social que unos pronostican intrascendente pero otros anticipan candente. Lo de menos es quién acierte; lo de más es determinar si vale la pena que el gobierno corra el riesgo de quedar atrapado entre la protesta de la calle y la presión del capital. Cuando por decisión propia se llega a una disyuntiva así ya no importa lo que se haga después porque la derrota es segura. Se pierde en ambos frentes: ante unos porque imponen sus reglas y ante otros porque se defraudan sus expectativas. Aunque este sólo sea un escenario hipotético, debe evitarse.

Pemex soporta una doble presión: la de un sindicato voraz y corrupto, y la de una carga fiscal sin paralelo. Ambas están en el origen de sus limitaciones para ampliar su capacidad de exploración e inversión. En los países democráticos con los que se contrasta nuestra industria petrolera no hay uno solo donde se aplique a las empresas petroleras una carga impositiva semejante a la México; esto se suele omitir en los análisis y en las opiniones de quienes promueven la inversión privada en el petróleo.

Además, cuando se hacen comparaciones con Brasil, con Colombia e incluso con Cuba, no se tiene en cuenta que en México el petróleo es un símbolo. En ningún otro país esa industria está asociada a una gesta cívica que alcanzó proporciones épicas. Nuestras dos victorias contra la dominación extranjera se festejan todavía el 18 de marzo y el 5 de mayo. Renunciar a una de ellas sería demasiado exigir a una sociedad expoliada. Esto no se entiende en Wall Street, pero no conviene olvidar aquí.

Reformar la Constitución en materia petrolera es la decisión menos recomendable. Al margen de toda consideración jurídica o ideológica, esa estrategia podría conducir a un enfrentamiento social, y esta posibilidad, así fuera remota, debería hacer que se buscaran otras opciones.

En lugar de reformar los artículos 25, 27 y 28, que forman uno de los ejes del sistema constitucional mexicano, hay que estudiar una reforma sencilla que despejaría el camino para muchos emprendimientos fructíferos. La Ley de Asociaciones Público Privadas de 2012 prohíbe que Pemex participe en los proyectos que esa Ley regula. Modificar la fracción I del artículo 10 abriría oportunidades razonables para que los particulares invirtieran en los proyectos productivos, asociados a investigación e innovación tecnológica, a los que alude el artículo 3º de la misma Ley.

Con esa discreta reforma legal Pemex ampliaría el horizonte de la reforma energética de 2008. La sinergia entre las leyes de 2008 y de 2012 daría un ancho margen para la participación de capital privado, pero sin desmantelar las potestades constitucionales del Estado ni afectar aún más la mermada confianza pública.

La Ley de Asociaciones prevé esquemas de coinversión y periodos de recuperación para los particulares, sin otorgarles derechos de propiedad sobre los servicios ni sobre la infraestructura que desarrollen. En cambio la inversión basada en una reforma a la Constitución implicaría derechos patrimoniales permanentes. La modalidad de la Ley ofrecería atractivos a los particulares y preservaría el dominio exclusivo de la nación sobre el petróleo.

En la medida en que la Constitución no sea modificada, la nación conservará sus derechos y el Estado mantendrá su fuerza rectora. Es posible el progreso sin conflicto.

*Reforma 19-07-13

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