JAVIER CORRAL JURADO
Tras las elecciones de este domingo, se reanudarán en las cámaras del Congreso las discusiones sobre varias minutas atoradas y algunas iniciativas pendientes. Es un paquete que define en buena medida a la clase política actual, en su real voluntad de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y poner límites al endeudamiento irresponsable de estados y municipios. Del contenido final que aprueben las cámaras se marcará indefectiblemente el momento que vive la política mexicana: realmente reformador o sólo de cambios legislativos cosméticos, con los que se administran los problemas en el transcurso del tiempo pero no se resuelven.
La cámara de Diputados ha anunciado un periodo extraordinario para el 16 de julio - aún sin la concurrencia del Senado -, y ha enlistado dos de los tres temas que aquí menciono: la reforma constitucional para fortalecer al IFAI que les fue enviada por el Senado, y la reforma constitucional y legal en materia de deuda que también remitió el Senado, aunque se le ha desconocido por los diputados el carácter de cámara de origen en materia de empréstitos, con lo que estoy de acuerdo. La reforma que busca crear un órgano nacional anti-corrupción se encuentra apenas en discusión en el Senado a partir de iniciativas del PRI, PAN y PRD.
En el periodo que fue de la elección a su toma de protesta, el Presidente Enrique Peña Nieto, abrió una gran expectativa sobre los temas anticorrupción y transparencia al señalar que serían de sus primeros impulsos legislativos, pero rápidamente desilusionó cuando presentó las iniciativas correspondientes, sinceramente mediocres, muy cortas de visión, sin ir al fondo de los problemas. Esos proyectos tan chatos generaron para el PRI un techo y no un piso legislativo.
Eso explica que el PRI en la Cámara de Diputados pretenda rebajar, de manera significativa, lo que aprobó el Senado en acceso a la información y transparencia, y que en la misma cámara alta aún no pueda ver la luz un dictamen sobre anti-corrupción. Se oponen tajantemente a la creación de un órgano nacional autónomo para combatir la corrupción. El carácter nacional permitiría que atrajese a su jurisdicción casos del orden local, donde la impunidad con la que actúan los gobernadores, hace de la corrupción en los estados un referente internacional de vergüenza. La autonomía aseguraría que los sujetos de investigación y sanción no sean juez y parte, pues mientras dependa del Ejecutivo Federal, estará vinculada su actuación a criterios políticos, partidistas y electorales. La manera con la que varios consejeros del IFE tratan de exonerar a Peña Nieto en sus gastos de campaña, es una muestra del largo camino por recorrer para que el Presidente de la República sea sujeto de sanción alguna.
Quiero detenerme por ahora en el tema del combate a la corrupción porque, mal endémico de nuestra sociedad y desarrollo histórico, es el causante de atrasos, vicios, taras y múltiples necesidades. Miles de oportunidades se pierden para los más pobres de México, por la acción corrupta y corruptora de unos cuantos.
El Congreso no debiera dar ni un paso hacia las reformas hacendaria y energética, si antes no consolida un auténtico sistema nacional que investigue con independencia política y sancione verdaderamente a los corruptos. La insuficiencia fiscal es en mucho corrupción consentida en regímenes especiales, exenciones de privilegio, condonaciones indebidas; ahí está el caso de la condonación de 3000 millones de pesos a Televisa. A Petróleos Mexicanos se le escurren miles de millones de pesos por la acción corrupta de funcionarios y sindicato.
La corrupción representa uno de los problemas más graves de nuestra vida nacional. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por International Transparency, México pasó de estar en el lugar 51 en 2001 con una calificación de 3.7 en el IPC a la posición 105 con calificación de 3.4 en 2012. De acuerdo con estudios especializados, la corrupción implica costos sociales y económicos muy altos que afectan negativamente el desempeño del gobierno, la credibilidad ciudadana en las instituciones y el ambiente para hacer negocios.
En nuestro país, la "mordida" sigue siendo campeona. De acuerdo con diferentes proyecciones, en 2005 se pagaron 19 mil millones de pesos en “mordidas”, mientras que en 2007 se pagaron 27 mil millones de pesos y en 2010 esta cifra ascendió a 32 mil millones, lo que representa un incremento entre 2005 y 2010 del 68%. El costo promedio de la “mordida” paso de 177 pesos en 2005 a 138 en 2007 y a 165 pesos en 2010.
Arraigada en la sociedad y en las estructuras del gobierno, la solución debe ir al fondo. Requiere de combinar con efectividad medidas preventivas con nuevos mecanismos para investigar y sancionar actos y delitos relacionados con la corrupción. Debe plantearse como un sistema nacional de rendición de cuentas que abarque, por supuesto,controles estrictos al endeudamiento de los estados y municipios, creación del órgano constitucional autónomo para el combate a la corrupción, con atribuciones expresas para ejercer acción penal, y la consolidación del IFAI en su autonomía y atribuciones para conocer casos locales.
Varios Senadores panistas en la actual Legislatura, presentamos durante el segundo periodo de sesiones, con el aval de todo el grupo parlamentario, una iniciativa de reforma constitucional y legal para dar origen a este sistema, reconociendo los antecedentes que en la creación de órganos especializados en el combate a la corrupción han aportado, por un lado, el Senador Fernando Elizondo Barragán, que presentó una iniciativa para crear la Comisión de Combate a la Corrupción, encargada de investigar y perseguir penalmente delitos cometidos por servidores públicos, y también en la LXI Legislatura, el Senador Ricardo García Cervantes, quien impulsó un proyecto para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, facultada para perseguir delitos de corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita. Esta propuesta fue aprobada por el Senado el 15 de marzo de 2012 y sigue pendiente su discusión y análisis en la Cámara de Diputados.
La Iniciativa que presenta el GPPAN en el Senado para crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, se compone de los siguientes elementos:
La creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que permita coordinar con mayor efectividad a las diversas instancias encargadas del combate a la corrupción. El Sistema Nacional de Combate a la Corrupción se abocará, no solamente a la aplicación de sanciones, sino también a la prevención, mediante políticas públicas, educación, la creación de un Registro de Servidores Públicos y de su patrimonio, se implementarán mecanismos para la evaluación de los programas y se crearán canales para la participación ciudadana, entre otros.
La corrupción debe ser definida en toda su extensión para evitar que concepciones generales o ambiguas den pie a la impunidad. Debe sancionarse todo acto u omisión de los servidores públicos o de particulares que implique: La autorización, manejo, uso o supervisión indebida de fondos o recursos públicos; Las omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones que ocasionen deficiencias o consecuencias graves en el servicio público; El favorecer o inducir favores, privilegios o ventajas de manera indebida a un tercero, o a su propia persona, por parte de los servidores públicos, en las decisiones bajo su competencia o supervisión. Además de la solicitud y/o recepción bajo conocimiento de los mismos por parte de cualquier persona física o moral, para sí, para un tercero o mediante interpósita persona; El obtener beneficios de cualquier tipo, fuera de sus prestaciones oficiales, para un servidor público, ya sea directamente o por interpósita persona, por su participación en el ejercicio de sus funciones. Así como el ofrecer u otorgar los mismos a servidores públicos de manera directa, o por interpósita persona, por parte de cualquier persona física o moral; El promover o celebrar actos administrativos en donde exista conflicto de intereses.
La propuesta tiene su principal eje en Impulsar con mayor eficacia la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción, dotando de autonomía a un órgano especializado denominado Fiscalía General de Combate a la Corrupción. Esta estará a cargo de un Fiscal General elegido por la mayoría calificada del Senado de la República.
Se crea también una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, que tendrá por objeto fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales que realicen los servidores públicos federales y locales, así como los particulares, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga; así como prevenir, conocer e investigar las conductas que, en el ámbito federal, puedan constituir responsabilidades administrativas.
En los artículos 116 y 122 constitucionales, se prevén órganos autónomos que repliquen en las entidades federativas y en el Distrito Federal, las funciones de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción, así como de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, los cuales estén coordinados mediante el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Sin embargo, se otorga la facultad de atracción de casos locales a la Fiscalía General de Combate a la Corrupción y la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción.
En un momento en el que brotan los escándalos de corrupción en todo el País, y atraviesan a todos los partidos, se requiere de una solución integral. Y eso es lo que, desde muchos flancos, se quiere detener, evitar.
*La Silla Rota 08-07-13
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