SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
El Congreso tiene en su larga lista de asuntos pendientes dictaminar las reformas en materia de transparencia y anticorrupción. Ambas iniciativas, aunque técnicamente debatibles, tuvieron su origen en la visión que el Presidente Peña Nieto quiso ofrecer de las instituciones propias de la gobernanza democrática en el país. Ambas fueron presentadas en el Senado por los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde desde el año pasado, pero ninguna de ellas fue listada para ser discutida en el periodo extraordinario de sesiones. La razón es sencilla, no existe consenso para aprobarlas. El impulso inicial se perdió y esas agendas, cruciales para avanzar en la dirección correcta, se han perdido en el marasmo de las negociaciones políticas partidarias.
Aunque concebidas de manera independiente, cada una de esas reformas constitucionales converge en la construcción de un sistema de rendición de cuentas eficaz para el Estado mexicano que tanta falta nos hace. La de transparencia mira al punto inicial que es la información y al derecho que tiene cada persona de tener acceso a los documentos que dan cuenta de las acciones y razones de los gobernantes en cada rincón del país. Aunque mucho hemos avanzado en esa dirección, las fallas que tiene el sistema son múltiples y es urgente reforzar tanto el marco normativo como el institucional, para dar contenido cabal a ese derecho que cotidianamente se vulnera, en particular en los estados y municipios. La reforma anticorrupción atendía el otro extremo de la rendición que cuentas. Buscaba crear un entorno institucional que corrigiera la impunidad y permitiera prevenir y sancionar la corrupción, ese mal sistémico que corroe la confianza y socava el tejido social.
Los argumentos que detienen una y otra reforma pueden ser atendibles, pero en el fondo muestran la falta de voluntad de los partidos políticos, de todos y cada uno de ellos, para conciliar posiciones y encontrar acuerdos razonables. Desde el punto de vista de la arquitectura constitucional, la creación de los organismos administrativos autónomos en materia de telecomunicaciones y competencia era mucho más problemática que la generación de un IFAI y una Comisión Anticorrupción con alcance nacional. En el caso de los primeros, la razón política se impuso a los argumentos técnicos. En los segundo son razones partidarias, mucho más cortas en visión, las que han dominado la mesa de negociación. Digámoslo claramente, a ningún partido parece convenir tener un marco reforzado en materia de transparencia y anticorrupción, aunque éste resulte imperfecto como producto de la negociación. En efecto, ¿por qué argumentar que los partidos políticos no son sujetos obligados en materia de transparencia cuando de hecho ya lo son y están regulados por el Cofipe? ¿Cómo sostener que las resoluciones del IFAI pueden ser controvertidas por las autoridades cuando hoy no cabe esta posibilidad? ¿Acaso tenemos que recordar a los señores legisladores que las autoridades tienen obligaciones pero no derechos? ¿Conviene más tener una institución especializada en la lucha contra la corrupción aunque no tenga ejercicio de la acción penal que seguir naufragando en la impunidad que genera el sistema vigente?
Es el momento de exigir a diputados y senadores que asuman cabalmente su papel de representantes de los ciudadanos y no de sus múltiples entramados de intereses partidarios.
*El Universal 25-07-13
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