MARÍA AMPARO CASAR
Hay evidencia suficiente para refutar la tesis de que la imposibilidad de aprobar las llamadas reformas estructurales se debe a que nuestro sistema electoral no produce mayorías en el Congreso, en particular, para el partido del Presidente.
Primero. El PRI tuvo mayorías apabullantes durante décadas y las famosas reformas estructurales no transitaron. Segundo. Hoy en día hay una mayoría en la Cámara de Diputados y esa mayoría se ha negado a usar su fuerza para legislar y más bien la ha utilizado para obstruir. Tercero, el Senado que se encuentra más dividido que la Cámara de Diputados ha dado muestras de que con liderazgo y voluntad -haciendo política- los grupos parlamentarios pueden construir acuerdos y aprobar reformas de trascendencia (reforma política, ley de seguridad nacional, asociaciones público- privadas, ley de amparo, derechos humanos). Cuarto, en los 15 años que lleva México de gobiernos divididos se han aprobado más reformas constitucionales que en los 15 años previos de gobiernos unificados. Quinto, los estudios de presidencialismo comparado muestran que naciones con sistemas de partido mucho más fragmentados que el nuestro (Brasil) son perfectamente capaces de producir acuerdos a través de coaliciones parlamentarias que apoyan la agenda del Presidente en turno.
La evidencia está ahí para quien quiera verla. No obstante, la idea de que son los gobiernos divididos los responsables de la parálisis legislativa ha ganado carta de naturalización.
Ante esta "verdad establecida" se han decantado dos alternativas de solución. La una que propone alterar el sistema electoral para fomentar o incluso garantizar una mayoría a través de otorgar al partido que obtenga más votos en las elecciones el 50% +1 de los asientos en el Congreso (cláusula de gobernabilidad). La otra que quiere mantener la proporcionalidad del sistema de representación y poner en manos del Presidente instrumentos para destrabar posibles parálisis o, incluso, dotarlo de poderes de urgencia.
Ninguna de las dos posiciones ha ganado suficientes adeptos. Ante esta situación comienza a circular la idea de introducir la figura de gobierno de coalición no como producto de un acuerdo político sino con pleno respaldo jurídico.
La idea es que ante la eventualidad de un Presidente sin mayoría en el Congreso, éste pudiera optar entre gobernar en solitario o acogerse a la figura de gobierno de coalición legalmente establecida. En el primer caso el Presidente, como hasta ahora, formularía con entera libertad su plan de gobierno, agenda legislativa y gabinete. Gobernaría con su partido y buscaría "aliados de ocasión" y apoyos para cada una de las reformas y políticas públicas que le interesara impulsar. Apostaría a su capacidad de liderazgo y negociación. En el segundo, el Presidente minoritario se haría de un partido aliado con el cual formaría una mayoría gobernante. Para ello, estaría obligado a presentar ante el Congreso la solicitud formal de constituirse en gobierno de coalición bajo tres premisas: la presentación de un plan de gobierno compartido por los miembros de la coalición, de una agenda legislativa común y de un gabinete acordado. Estos deberán ser ratificados por la mayoría del Congreso.
Aunque estoy convencida de que el quehacer político es precisamente el arte de negociar y generar consensos alrededor de políticas públicas y de que no hay marco jurídico que resista la oposición de actores políticos que no quieran hacerlo, la idea es interesante y tiene ventajas. Por definición en los sistemas presidenciales las coaliciones no hacen falta para formar gobierno. Un Presidente con el 30, el 40 o el 60% de los votos es igualmente legítimo e independientemente de su nivel de votación accede al cargo, encabeza el gobierno y tiene facultades predeterminadas. Pero su poder sí varía de acuerdo con su fuerza congresional y las coaliciones sí hacen falta si el partido del Presidente no tiene mayoría en el Congreso y su programa de gobierno requiere del apoyo legislativo. Con la fórmula de gobierno de coalición se abre la posibilidad de construir una mayoría estable que suponga una mayor gobernabilidad y una relación más fluida entre el Presidente y el Poder Legislativo.
Vale la pena exponer sus ventajas. Para un Presidente minoritario con un proyecto de transformación, abre la posibilidad de concretar un respaldo relativamente permanente (digamos hasta las elecciones intermedias) para el plan de gobierno y de presentarse como un gobernante con capacidad de llegar a acuerdos. Para un partido de oposición, representa la posibilidad de influir en el rumbo de gobierno y de adquirir posiciones en el gabinete y la estructura administrativa para implementarlo. Por su parte, un gobierno de coalición sería más representativo de las diferentes preferencias expresadas en las urnas, pues incorporaría elementos de compromiso entre las ofertas electorales de dos o más partidos. La corresponsabilidad quedaría establecida y no habría espacio para la parálisis. Si las cosas "no ocurren", no habrá manera de echarle la culpa al otro.
No hay sin embargo nada gratis. El Presidente perdería la ventaja de formular un plan de gobierno a su entero gusto y la de nombrar a su gabinete en entera libertad.
¿Será ésta la tercera vía?
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