RICARDO BECERRA LAGUNA
Ayer fue publicado en muchos medios impresos un desplegado, extraño e inverosímil, que no anuncia nada bueno para el proceso electoral del 2012.
Digo inverosímil por el remitente: la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que agrupa a empresas y consorcios muy importantes del país. Inverosímil por su tono: “El IFE insiste en poner en riesgo el proceso electoral presidencial” (¡¿?!). También por su contenido, pues fantasean que el presidente del IFE “ha instruido a la Junta General Ejecutiva, para expedir, en esta misma semana, un nuevo proyecto de reglamento de radio y televisión” (¡¿?!). E inverosímil también por su pretensión: petrificar la facultad del IFE para ajustar y reformar sus propios reglamentos. Vamos por partes.
El IFE decidió reformar su reglamento de radio y televisión por buenas razones, aquí enumero tres: 1) luego de 50 elecciones y múltiples litigios de todo tipo en el espacio radioeléctrico, se han generado criterios y jurisprudencias —a veces contradictorias— que se encuentran dispersas en más de 24 ordenamientos (15 acuerdos y 9 resoluciones). Por ello, dice el IFE, es necesario alinearlas coherentemente para brindar mayor certeza urbi et orbi; 2) porque resulta mejor para todos —incluidos los concesionarios— transitar de un esquema excesivamente litigioso, frecuente productor de molestias, a uno que privilegie la prevención y la corrección de errores u omisiones, y 3) porque con la parsimonia reglamentaria vigente, cualquier promocional de cualquier partido político debe cruzar un largo interregno de 10 días en procesos locales y de ocho en procesos federales. En otras palabras, con esos ritmos, el país y la política electoral se condena casi siempre a campañas abstractas, genéricas, sin conexión con los sucesos o los temas de la actualidad.
Este es el punto que ha encolerizado a algunos concesionarios de radio y televisión: el IFE propone reducir los tiempos de rotación. ¿Para qué? Para que un promocional sea emitido en la misma semana en que fue ordenada su transmisión: si el lunes se solicitó, que comience la emisión el jueves. Si el miércoles, que se transmita el sábado. Punto.
¿Esto pone en riesgo las elecciones presidenciales de 2012, como dice la CIRT? Por supuesto que no. Se trata de mejorar el modelo de comunicación política, agilizando su operación y aprovechando la estructura tecnológica con la que ya cuenta el IFE y que no tenía hace tres años, cuando fue emitido el viejo reglamento.
Lo inverosímil no para allí: el IFE dispone de un estudio técnico, que elaboraron expertos en telecomunicaciones, en el que se describen los tipos de operación estándar de la radio y la televisión en México. ¿Su conclusión? El nuevo plazo es factible y practicable (el estudio es público y puede ser consultado por cualquiera).
Todavía más: una gama de permisionarios de la televisión y la radio (emisoras representativas de 463 estaciones y canales) le han dicho al IFE, en sendos escritos firmados por sus directores generales, que no tienen complicación alguna al asumir el nuevo plazo: organizaciones con muchos menos recursos, tecnológicamente menos sofisticadas, incluso aquellas que trabajan con dispositivos de tres generaciones anteriores (algunas graban en antediluvianos mini-disc), aun así, se declaran dispuestas a cooperar con el IFE y con los eventuales cambios en el reglamento.
La pregunta es: ¿por qué la CIRT no?, ¿por qué los consorcios más grandes, influyentes y poderosos le niegan esa mínima colaboración a la autoridad electoral? Porque lo suyo no es una objeción técnica (los propios planes de publicidad que muestran en sus páginas de internet ofrecen la transmisión ultrarrápida de spots en 12 horas), sino una voluntad de exhibir como burocrático, lento y aburrido el nuevo modelo de comunicación política —que emergió de la reforma constitucional del 2007— y que desde hace tres años han combatido por todos los cauces y en todos los frentes. Es su misma lucha y su misma resistencia por otros medios
El problema del que creo aún no son conscientes es que ese empecinamiento los hace aparecer como una organización pendenciera, sediciosa, a ratos descabellada. Dado el tipo y el tono de sus argumentos, ¿cómo puede un sujeto regulado declarar en público que el IFE no tiene facultad reglamentaria? ¿Cómo es posible que empresas de ese tamaño e importancia, anticipando vísperas, se nieguen a asistir a una consulta ordenada, racional y respetuosa, como lo subraya el Tribunal?
En siquiatría estas cosas se resuelven primero cambiando el tono, para que el paciente cobre conciencia de sí y del contexto en que se mueve. Todo parece indicar que en 2012 nos vamos a sumergir en otra ciénaga recesiva de la economía mundial, con el complemento del ominoso boom delincuencial sin resolver. En ese contexto, el único proceso colectivo que puede devolver algo de confianza, una base de futuro a nuestra vida social, es el proceso electoral federal, o sea que los mexicanos logremos la renovación legal y pacífica de los poderes públicos.
Más allá de un diferendo, de un reglamento, de un plazo —y si no nos hemos vuelto locos todavía—, ese horizonte es el que debiera estar ya en el cerebro de la CIRT.
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