ESPEJO RETROVISOR

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

No perder la memoria es condición necesaria para trazar el futuro. En julio de 1997, cuando por vez primera el PRI no obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el hecho fue calificado por analistas, legisladores y dirigentes de oposición (PAN y PRD) como un "avance histórico", y lo era. A partir de entonces se abrió una nueva etapa en la vida del Congreso mexicano y su relación con el titular del Poder Ejecutivo. Concertar con otros grupos parlamentarios se convirtió en paso previo e ineludible para la aprobación no sólo de reformas constitucionales, sino de toda ley.

Han pasado casi tres lustros; lo que ayer era virtud ahora es considerado defecto; condición que frena las reformas al paralizar al Congreso y tensar su relación con el Ejecutivo. Desde los más diversos ámbitos se proponen fórmulas para asegurar el retorno a la mayoría absoluta de un partido en el Poder Legislativo. Entre otras está la de reducir drásticamente el número de diputados plurinominales, o incluso eliminarlos, al igual que a los senadores electos por esa vía. Enrique Peña Nieto propone el regreso a la cláusula de gobernabilidad, para que al partido con mayor porcentaje de votos se le otorgue, en automático, la mitad más uno de las curules en San Lázaro. Son propuestas surgidas de mirar por el espejo retrovisor la época del presidencialismo autoritario.

Tales propuestas pecan de un simplismo extremo al dejar de lado que, aún retornando a la cláusula de gobernabilidad, seguirá siendo inevitable la negociación para las reformas constitucionales; lo anterior debido a que la propia Constitución impone un tope de 300 al número de diputados que un partido puede obtener. Para reformar la Carta Magna se requieren dos terceras partes de los votos en cada Cámara, que en San Lázaro equivale a 333.

Se olvida también que, en muchos casos, la ausencia de acuerdos para aprobar reformas no deriva de un asunto numérico, sino de reales y profundas discrepancias entre los grupos parlamentarios y sus partidos políticos, reflejo de lo que ocurre en la sociedad y entre los ciudadanos. Para superar esas discrepancias se requiere mucho más que torcerle la mano al electorado mediante artilugios legales. La negociación, el diálogo, la construcción de acuerdos, son componentes consustanciales a la democracia. Cuando esos instrumentos han sido puestos en práctica, ha surgido la mayoría que hace posible el cambio. Ésa es una de las lecciones de la etapa final de la transición y de la primera década transcurrida desde la alternancia.

Cualquiera que sea el resultado de las urnas en 2012, los poderes Legislativo y Ejecutivo tendrán que seguir dialogando y negociando; la acumulación de reformas legales y cambios institucionales que han ocurrido a lo largo de las últimas dos décadas hace no solo indeseable sino imposible restaurar la relación de subordinación que guardó el Congreso frente al Ejecutivo. El antiguo régimen periclitó. El presidencialismo autoritario tenía como cimiento al partido casi único. Eso se acabó en 1988.

Lo que al sistema político le hace falta son cambios que le inyecten una cierta dosis de parlamentarismo, manteniendo su característica de ser presidencial. En esa dirección se orienta la iniciativa presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones, con el respaldo de sus colegas del PAN y PRD, para dar base constitucional a los gobiernos de coalición. La propuesta tiene el mérito de plantear esa vía como una potestad del Presidente, no como una obligación, con lo que preserva el valor del voto como fuente originaria del mandato y del Mandatario. De optar por esa vía, la coalición para gobernar comprendería tanto al Congreso como al gabinete presidencial, que sería ratificado por el Senado, con una norma de seguridad que protege al Presidente al salvaguardar su derecho a designar y remover a los secretarios y al procurador. Las políticas que el gobierno de coalición pondría en práctica serían comunicadas previamente al Congreso, para que éste les dé seguimiento y verifique su aplicación.

La iniciativa reivindica el diálogo y la colaboración entre poderes al dar nuevas bases para los acuerdos políticos y la gobernabilidad democrática.