¿JUSTICIA POR PERCEPCIÓN?

RODRIGO MORALES MANZANARES

La cada vez menos discreta molestia del titular del Ejecutivo con el Poder Judicial y la cada vez más enquistada costumbre de hacer escándalos mediáticos para crucificar a personajes, aparecen como una seria amenaza para la convivencia política. Veamos.

El Presidente se dice cansado de que las procuradurías agarran y agarran delincuentes y los jueces los sueltan sistemáticamente. En efecto, no debe ser cómodo que las acciones propias no sean confirmadas por quien debe hacerlo. Y agrega que existe una verdad histórica, fáctica, vamos, de sentido común, que cotidianamente se topa contra la verdad legal, la verdad jurídica. Frente a esta aseveración, que dista de ser aislada, el Consejo de la Judicatura reclamó sustento a los dichos, acusar con pruebas. Me parece que esta inédita tensión entre poderes no es una buena noticia. Y aquí no se trata de tomar partido, sino de describir una insana relación.

Del lado del Poder Judicial hay múltiples reflexiones sobre los contenidos, formas y ritmos que debiera contener una reforma integral que lo actualice. Tampoco partimos de cero. Hay que reconocer la pertinencia de las reformas a los códigos penales y aun al funcionamiento del Poder Judicial. Hoy existe un mayor escrutinio que antes al trabajo de los jueces. Acaso no es el óptimo, pero tampoco estamos en el siglo pasado.

La molestia expresada por el Presidente, en los términos en que lo hizo, parecen sugerir que los empeños emprendidos por el Ejecutivo para sanear y profesionalizar la procuración de justicia son incomprendidos por los jueces. He ahí un problema.

El otro es que, en efecto, ha habido una cadena de escándalos que han sembrado la percepción de que la impunidad existe y de que prevalece un desfase entre la fama pública y la condición jurídica.

Y aquí el asunto es que de la fama pública se ocupan los medios; de la verdad legal, para citar al Presidente, se encargan los jueces. Más allá de la efectividad de las campañas mediáticas para condenar a tal o cual personaje, el Poder Judicial dicta sus sentencias con los expedientes que tiene a la vista. Si éstos carecen de consistencia, fallarán, no por lo que la fama pública dicta, sino por las virtudes o carencias que las averiguaciones tengan. Parece una obviedad recordarlo, pero es así. Tenemos múltiples ejemplos para ilustrarlo.

El más reciente es el del alcalde de Monterrey, a quien su partido llamó a pedir licencia por el escándalo que se desató tras los trágicos acontecimientos del Casino Royale. El presidente municipal emprendió una consulta ciudadana y desacató la recomendación de su partido. De nuevo, la fama pública de quien gobierna Monterrey acaso no esté en su mejor momento, pero la pregunta debiera seguir siendo si hay causa legal o no para que se separe del cargo y sea procesado.

Finalmente, mi incomodidad con las afirmaciones del Presidente tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la preeminencia de la percepción sobre el derecho, como si bastara con construir una “verdad histórica” sólida para condenar a alguien. Al final del día el punto sigue siendo quién determina esa verdad. Y, por otro, me parece que haría falta cierta autocrítica en el examen particular de los casos, porque si en efecto hay fallas ostensibles al integrar las averiguaciones, el objeto de los ataques o las incomodidades no debiera dirigirse a los jueces sino a otro lado.