TRIFE: VERGÜENZA Y DEMOLICIÓN

JAVIER CORRAL JURADO

La noche del miércoles 14 de septiembre pasado, cuando iniciaba el largo puente que se tendió con motivo de las fiestas patrias, el Instituto Federal Electoral fue vencido de nueva cuenta por las televisoras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ámbito de decisión pública donde el duopolio conformado por Televisa y TV Azteca ha encontrado sus más firmes aliados para tratar de derrumbar —a pedazos— la reforma electoral del 2007 que prohibió la contratación comercial de propaganda en radio y televisión y dejó para este fin el uso gratuito de los tiempos del Estado.

Esa noche el TRIFE revocó el Reglamento de Radio y Televisión que el IFE había reformado el 30 de junio, para incorporar diversos ajustes que se consideraron necesarios tras la implementación del nuevo modelo en las elecciones del 2009, entre otros, dos cambios relevantes en relación con los medios electrónicos de comunicación para hacer más ágil y eficaz la pauta de propaganda electoral que los partidos realizan a través de la transmisión de spots: por un lado acortar el tiempo que los concesionarios tienen para transmitir esos anuncios a partir de la entrega de los materiales; anteriormente de cinco días hábiles, y ahora con las modificaciones disponían de tres días hábiles cuando les sean enviados por vía electrónica y dos cuando les sean entregados en su domicilio legal. Por otro lado, las modificaciones incorporaron un criterio de equidad histórico para las radios comunitarias, a las que define como “Medios comunitarios o permisionarios privados operados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que no cuentan con un techo presupuestal público y que se encuentran imposibilitados para obtener ingresos por transmisiones de anuncios comerciales”.

Hacer más rápido el cambio de spots en la radio y la televisión, no sólo recuperaría una dinámica más ágil a la competencia electoral, con la posibilidad de responder y contrastar en forma inmediata posiciones o propuestas de los partidos en sus estrategias mediáticas, sino de manera fundamental, haría efectiva —en toda su dimensión— la utilidad de la reforma constitucional en materia electoral, pues a ésta se le quiere atribuir la ineficacia operativa del modelo de comunicación política, cuando en realidad su principal escollo estaba en el reglamento que hace tres años, las televisoras le impusieron a los partidos en la comisión de radiodifusión del IFE, y que al impulso de cuatro consejeros contra dos se reformó a pesar de los amagos de los cañones de la televisión.

Pero el duopolio de la televisión sabe perfectamente donde puede conseguir los propósitos que no logra en el consejo general del IFE: en el TRIFE. Donde la conducta vulnerable de algunos de sus miembros, envueltos en acusaciones de inmoralidad e ilegalidad en su desempeño, hacen más susceptibles, "permeables", las presiones y chantajes que acostumbran las televisoras para imponer su poder.

A través de la Cámara de la Industria de la radio y la TV (CIRT), tomados de la mano del PRI, del PVEM y con el indebido aval del Diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín —actuando ilegalmente como Presidente de la Cámara de Diputados—, las televisoras impugnaron el nuevo reglamento argumentando básicamente cuatro mentiras: que el IFE no tiene capacidad reglamentaria, que no los consultó para realizar los cambios, que la decisión no estaba basada en estudio alguno de factibilidad y que técnicamente están imposibilitados para transmitir los spots en el nuevo plazo que redujo de cinco, a tres días a partir de la entrega de materiales.

¡Por unanimidad!, el TRIFE dio por buenas las falacias, con excepción de la facultad reglamentaria que la confirmó como constitucional. El magistrado ponente Flavio Galván, aceptó que no fueron consultados los varones de la CIRT, y para hacer obligatoria esa consulta, interpretó la ley de cámaras industriales como aplicable ¡en materia electoral!, lo que constituye una barbaridad. También desconoció el estudio técnico que avaló la posición del IFE, y por lo tanto, admitió incapacidad para determinar la imposibilidad técnica de los concesionarios para cumplir el nuevo plazo. Sus demás compañeros del tribunal, los otros seis, María del Carmen Alanís, Salvador Nava Gomar, Constancio Carrasco, Alejandro Luna Ramos, Pedro Penagos y Manuel González Oropeza, aceptaron sin chistar. Estaba planchadísima la resolución. Una autentica patraña que avergüenza, y marca con toda claridad el momento de demolición política que se vive en nuestro país.

Si no todos los magistrados del TRIFE, la mayoría de ellos estaban perfectamente enterados ya no digamos de las reuniones de negociación que tuvieron en varias ocasiones los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa con directivos de la CIRT y los representantes de las televisoras, sino de los oficios, los memorándum, y las reuniones del comité de radiodifusión del IFE, en las que ni más ni menos, el PRI y el PVEM cedieron sus asientos a personeros de los industriales de la radio y la TV (se puede consultar mi artículo "Otra vez la mancuerna PRI-CIRT" 28-05-2011 http://www.javiercorral.org). Además, fue pública a lo largo de tres semanas, a través de tres distintos desplegados, la amenaza al IFE por parte de la CIRT, donde dejó constancia de esas negociaciones y en la que la queja no fue la falta de consulta sino que no se obedecieran al pie de la letra sus instrucciones.

Tampoco es cierto que no hubiera estudio técnico o respaldo de otros radiodifusores a la decisión del IFE. A diferencia de 260 concesionarios que impugnaron la medida —varios de ellos por la pura presión de las televisoras—, hubo 463 permisionarios que dijeron estar en condiciones técnicas de hacerlo. Y por supuesto vale recordar que las estaciones permisionarias son las que operan con las mayores desventajas técnicas y de equipo, lo que hace más ostensible el tamaño de la manipulación de los concesionarios.

El estudio técnico es de una solidez, absolutamente respetable. Lo hizo el despacho GAINI S.C. cuya representante legal es un perito en radiodifusión y telecomunicaciones, el Ingeniero Mauricio Iván Morales Flores. En sus conclusiones afirma que: "es técnicamente factible cumplir con las disposiciones en tiempo de la ley y reglamento de acceso a medios de radio y TV publicados el 30 de junio de 2011 por parte de la industria de radio y TV (radiodifusoras y televisoras de la República mexicana); la infraestructura tecnológica con la que cuenta el IFE (Satelital, Internet, terrestre) es eficiente y suficiente para cumplir con los lineamientos y requerimientos del reglamento arriba citado, y funciona las 24 horas del día de manera redundante con una disponibilidad del 100%; se observó que el IFE cuenta con personal capacitado y dedicado a dar el soporte necesario a los usuarios de sus sistemas: direcciones de pautado, producción y distribución de materiales y de verificación y monitoreo de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del IFE, partidos políticos nacionales y estaciones de radio y TV de la República Mexicana".

Tampoco era necesario tanto cuento técnico. Los magistrados electorales sabían perfectamente que sí se puede, y que es otro el fondo de la impugnación: derribar la reforma electoral que no sólo les privó de jugosas ganancias al prohibir la contratación comercial de propaganda electoral, sino que les achicó la correa con la que manejan a su antojo a una buena parte de la clase política de este país, que sin la televisión, en efecto no tendrían mayor relevancia. ¿O qué nunca han visto Televisión los magistrados? ¿No saben cómo cambia la televisión las pautas de la publicidad comercial de productos y servicios en menos de 24 horas? ¿Ya no se acuerdan que antes, cuando los partidos pagaban los spots, y sin los avances tecnológicos de hoy, si se podía cambiar los anuncios hasta el mismo día?

Vuelvo a recordar el artículo de Raúl Trejo Delarbre "Televisoras: la impolítica de la extorsión", en el que pone de manifiesto esa falacia al recordar que en la elección de 2006, el viernes 7 de abril, se transmitió un promocional en donde la escritora Elena Poniatowska hablaba sobre el candidato presidencial del PRD y en menos de 48 horas, el domingo 9 de abril, las televisoras ya transmitían la respuesta por parte del PAN. A sus estrictas motivaciones económicas han colocado pretextos técnicos, el TRIFE lo sabe.

Lo que en realidad busca esta decisión, es que al regresar el reglamento al consejo general del IFE, mediante una presión extraordinaria alguno de los cuatro votos que permitió la reforma al reglamento —dada la actual composición del IFE—, modifique su criterio o simplemente se raje para que por lo menos quede empatada la decisión, ya que los dos consejeros orgánicos del PRI, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, votaron en contra del nuevo reglamento dada su abierta militancia en el interés de las televisoras.

No es la primera vez que el TRIFE busca apuñalar aquellas disposiciones que tanto han irritado a los concesionarios de la radio, pero especialmente a los de la Televisión. En realidad, hay que decirlo con todas sus letras, se ha convertido en el brazo ejecutor más efectivo de la resistencia de los dueños de las televisoras a esas reformas. Las más absurdas sentencias de ese tribunal están relacionadas con el tema de la Televisión, la propaganda gubernamental, los contenidos de los spots, y eso lo convierte en el principal elemento de inestabilidad política de cara al inminente proceso electoral federal.

Pero a la par de esta fatídica decisión, sobresale el silencio y la complicidad activa de un amplio conjunto de actores políticos, económicos y sociales que, en los partidos, en el gobierno, en las cámaras del congreso y en organismos empresariales, continúan coexistiendo o impulsando este tipo de empoderamiento al duopolio de la Televisión. En el fondo la sentencia es una victoria política de insospechadas consecuencias sobre los poderes formales del Estado por parte de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Y sería suicida que los demócratas de México, más allá del partido en el que militen, dejaran pasar un hecho de esta trascendencia que en los hechos, le está trasladando a los dueños de la televisión el arbitraje directo de la contienda presidencial. Eso es lo que representa la unanimidad del TRIFE.

Estamos viviendo las consecuencias de haberle cedido a las televisoras parte del poder del Estado, como lo ha hecho el Poder Legislativo cuando crea leyes o desiste en su creación al contentillo de la televisión, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo al poner en marcha licitaciones a modo, exenciones fiscales con dedicatoria, y la más reciente cesión de la que también pronto nos ocuparemos: la autorización a las televisoras por parte de Cofetel del modelo múltiplex para la televisión digital, que de manera automática les adiciona por cada frecuencia cinco más sin la más mínima contraprestación al Estado; es el auténtico debilitamiento del sistema político mexicano, en una competencia suicida entre poderes y facciones: a ver quien le da más a la Televisión para granjearse su apoyo y protección.

Tal como lo señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en un comunicado oficial: "Rechazamos el descuido, la ausencia de argumentación consistente y la carencia de miras que ha indicado esa decisión del Tribunal Federal Electoral. Más allá de peculiaridades técnicas y jurídicas, esa resolución manifiesta nuevamente una inaceptable rendición de los magistrados a la influencia de los concesionarios, particularmente de las televisoras. La responsabilidad que tendrán en el proceso electoral que está por iniciarse, exige que los magistrados del TEPJF piensen más en los intereses del país y un poco menos en los escasos minutos de fama mediática que les ofrecen las televisoras".

"El Instituto Federal Electoral tiene la posibilidad de restablecer el Reglamento, después de convocar a una consulta entre todos los interesados en este asunto. En ese foro podrían contrastarse las falsedades de grupos como Televisa y Televisión Azteca con pruebas y experiencias sólidas. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información solicita desde ahora, ante el Instituto Federal Electoral, ser incluida en esa consulta. Tendremos mucho interés para enfrentar, con argumentos y evidencias, las mentiras de las televisoras que lamentablemente el TEPJF ha consagrado al condescender con esos grupos de poder".

No hay duda, es un momento de vergüenza nacional y de ocaso en la visión de Estado.

POSDATA: Varias organizaciones sociales en torno del Derecho a la Información, entre ellas AMEDI, AC; han convocado este próximo miércoles 20 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Club de Periodistas de México, Filomeno Mata # 7, en la Ciudad de México, a una Asamblea de Información sobre ésta delicada sentencia del TRIFE y para decidir las acciones que sean necesarias para revertirla. Participarán Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz Nassif, Jesús Cantú, Aleida Calleja y Raúl Trejo Delarbre. Contarán por supuesto con mi presencia y plena solidaridad.