RICARDO BECERRA LAGUNA
Dos de los principales aspirantes a la presidencia de México (los señores Peña Nieto y López Obrador) coinciden en algo básico y, como dicen algunos, muy “atávico”: si obtuvieran la mayoría de votos, dicen, ellos si sabrán cómo ejercer el poder en México.
Para el priista la cosa pasa por un “nuevo estilo de gobernar” y si se puede, por dotar al señor Presidente de las garantías para que lo haga cómodo, con una mayoría legislativa bien segura. Para el tabasqueño en cambio, se trata de un viraje firme en el proyecto nacional, con gran apoyo popular, previa remoción de una mafia enquistada de la que debe sacudirse la República.
Creo que no coinciden en nada más, y bien valdría la pena hacer la disección exacta de sus visiones y diagnósticos. No obstante, resulta obvio que ambos, a su modo, son virulentos portadores de una patología, a la sazón bastante dañosa: el presidencialismo mental. Digo patología, porque impide mirar el paisaje mexicano como es, e impide reconocer la elemental realidad y la dureza de su aritmética: desde hace 15 años el Presidente –Zedillo, Fox y Calderón- habitan una nave que no está preparada para el ecosistema que emergió de nuestra transición política.
El Presidente puede poseer o no los atributos que se quieran: inteligente, hábil, con experiencia, decidido, honesto, valiente, cumplidor… el problema, sea quien sea, es que tendrá enfrente, permanentemente, al menos dos continentes y un archipiélago variado de fuerzas que lo desafiaran desde fuera y desde dentro, desde las instituciones y los órganos del Estado mismo.
A menos que apuesten no sólo a ganar, sino a ganar con amplísimo margen, las visiones de Peña y de López Obrador, su imagen de futuro, está condenada a chocar con una granítica pared de pura realidad. ¿En que sostengo esta anticipación del porvenir? En los datos que han configurado nuestro presente político, los resultados de las 5 elecciones federales precedentes. Pido paciencia, pero éstos números son sospechosamente ignorados, aún y cuando deberían ser la base absoluta de la discusión política en México.
Echen una mirada: cuando Ernesto Zedillo pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, todavía podía exhibir el 48 por ciento de los diputados como suyos; por el contrario, la mayoría opositora junta, controlaba el otro 52 por ciento. Así, inauguramos nuestra época de desencuentro estructural entre poderes.
Tres años después, con todo y el entusiasmo del cambio, el 55% de aquella Cámara era ajena y hostil al Presidente Fox. No solo la de diputados: el gobierno de la alternancia era una sincera minoría en la Cámara de Senadores (tenía el 36% de ellos). Pero de plano, las intermedias del 2003, convirtieron al Presidente en un zombie político: el 70 por ciento de los diputados serían su oposición pertinaz y permanente durante el siguiente trienio cobijados además, por 25 Gobernadores del PRI y del PRD, puntuales colectores de deudas y del favor presidencial a cambio de no producir más olas.
Con estos números ¿alguien puede sorprenderse de la ineficacia gubernamental y del continuo forcejeo entre poderes? Luego vino el gobierno de Calderón, y su circunstancia fue aún más adversa: en el primer trienio, el sesenta y en el segundo ¡el 71 por ciento! de diputados desafectos, miembros activos de partidos que en su horizonte ya tienen a la siguiente elección presidencial.
Estos son los datos duros, pero desde hace tiempo, lo que me asombra, es que los partidos políticos y los políticos profesionales no hayan dado a este tema la absoluta relevancia que tiene, y que el centro de la elaboración política se haya estancado dando vueltas en los asuntos electorales o en temas que no lo tocan ni de rozón (candidaturas independientes, reelección consecutiva de alcaldes, legisladores locales y federales, reducción del Congreso, aumentar la votación para que un partido conserve su registro, iniciativa ciudadana, facultad de iniciativa al Poder Judicial y poco más).
En todo este tiempo, las únicas propuestas que intentaron dar una respuesta al problema medular, fueron formuladas por un nostálgico Peña Nieto (para devolvernos a la era de las cláusulas de gobernabilidad) y por un ingenioso Felipe Calderón (para instaurar una segunda vuelta, polarizante y coincidente con la elección del legislativo).
En esas estábamos, cuando el Senador Manlio Fabio Beltrones, sacó de su chistera, el miércoles pasado, una solución en tímidas dosis, pero sobre el problema central: gobernar sobre las condiciones reales del pluralismo mexicano, mediante un gobierno de coalición, y esa posibilidad política, debe ser un camino reconocido en la Constitución.
De esta manera, la discusión mexicana se actualiza con lo que ocurre en casi toda América Latina: escapar de sus presidencialismos puros. Al menos 15 naciones ya han puesto en marcha algunos mecanismos de ajuste para un trabajo menos convulso y distante entre los poderes y de ese “presidencialismo puro” han viajado incluso, a lo que Carpizo llama presidencialismo “parlamentarizado”.
Lo profetizaba el profesor Juan Linz hace 25 años: parece que no pudimos evadir la discusión seria sobre los límites del presidencialismo en una sociedad tan desigual y diversa y en un contexto de pluralismo político muy poderoso y consolidado. Los Presidentes no pueden seguir siendo lo que eran y las fórmulas de gobernabilidad no pasan por ingeniosos dispositivos o artefactos constitucionales: se trata de construir compromisos políticos compartidos y públicos, expresados en programas de gobierno, gabinetes multicolor y con alianzas legislativas que los apoyen.
En un libro traducido al español en 2007 (editorial Trotta) Linz atisbaba una “pequeña venganza intelectual”. “Ha sido un debate a veces aburrido y de más de dos décadas en el que recibí varios tortazos, pero lo que está ocurriendo en América Latina y más allá, ha sofisticado un debate que espero, prepare la lenta sepultura del Presidencialismo”. Deseo, fervientemente, que el Senado y el resto de los legisladores puedan, al menos, imaginarlo: la política que conduce a los gobiernos de coalición.
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