JULIO JUÁREZ GÁMIZ
Ya es costumbre que este editorial termine secuestrado por la estridencia del crimen organizado. Es una pena por el enfado de sonar repetitivo. De ajustar metáforas, doblarlas, desteñirlas y reprocesarlas para terminar diciendo lo mismo: la estridencia criminal de nuestros días aturde el alma y las ideas. Nos deja un hueco en la panza y, en el peor de los casos, nos acostumbra a vivir con él.
Y cómo no va uno a hablar de esto. Cómo cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Cómo regular nuestro divertimento mediático para evitar toparnos con los cadáveres y la esquizofrenia criminal. ¿Acaso es posible pasar de puntitas por encima para no ensuciarnos?
Y a pesar de ello también hay que hablar de otras cosas. En este caso un tema importante con miras a la elección presidencial del próximo año. Me refiero a la inconcebible resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado martes 14 de septiembre cuando anuló el Reglamento de Radio y Televisión del IFE argumentando, entre otras cosas, el que la CIRT no haya sido consultada sobre esta medida. Como si usted y yo pudiéramos impugnar la instalación de alcoholímetros argumentando que la policía capitalina no nos preguntó al respecto.
A esto se suma el imperdonable retraso legislativo sobre la integración del consejo general del IFE desde octubre de 2010. La omisión de diputados y diputadas suma un año desde que fuera emitida la convocatoria para elegir a quienes deberán ocupar los tres asientos vacantes en este cuerpo colegiado. Cosa que no ha sucedido a la fecha y que, llegado el 7 de octubre próximo, no podrá concretarse por iniciar formalmente ese día el proceso electoral para la elección federal de 2012.
Lo penoso del asunto no es que se terminen eligiendo consejeros al cuarto para la doce sino que, independientemente de que esto suceda, los partidos políticos habrán demostrado que la letra escrita en el seno del Congreso de la Unión tiene la misma validez que un garabato de servilleta. Todo, literalmente todo, es sujeto de negociación porque los intereses políticos están por encima de la ley. Este parecería ser el mensaje de quienes hoy la redactan.
En esa reflexión andaba cuando pasó lo ayer en Boca del Río, Veracruz. Otra vez la molienda de los significados. La rutinaria sacudida del pixel asesino. Los voceros del crimen que no necesitan palabras de nuestro diccionario para transmitir su mensaje. A pesar de hablar un idioma distinto al nuestro entendemos lo que dicen. O al menos tratamos de hacerlo porque entender que 35 cuerpos hayan sido tirados en una avenida citadina como si de carroña se tratara no es posible. El significado del hecho se diluye.
¿Un ajuste de cuentas público? ¿Una suerte de transparencia criminal?
Y, de inmediato, lo electoral se volvió chiquito frente a la violencia criminal untada en el asfalto. Luego recordé una conversación, hace ya algunos meses, con colegas del Comité Conciudadano y ONG en donde se llegaba a la misma conclusión. A quién le importa si hay 6 o 9 consejeros en el IFE cuando hay personas, entre ellas muchos periodistas, asesinadas todos los días en las calles del país de manera impune y rutinaria. Por qué debería de preocuparnos el mecanismo de transmisión en radio y televisión de unos ridículos spots cuando los medios difunden diariamente imágenes de una violencia que se cuela por todos lados.
Y expreso ahora lo que dije entonces en aquella reunión. El tema electoral, la legalidad del proceso de elección de nuestros gobernantes, está directamente vinculado al fenómeno de la criminalidad. De otro modo el principio de rendición de cuentas de los servidores públicos carecería de sustento. Cómo exigirles a gobernantes que carecen de legitimidad que enfrenten al crimen organizado con una estrategia verdaderamente efectiva. Cómo garantizar seguridad si los próximos diputados, senadores y presidente son elegidos en un marco contrario al espíritu de la ley electoral.
Concluyo que no podríamos enfrentar el serio problema del crimen organizado con unas elecciones arbitradas sin certeza, legalidad, independnecia, imparcialidad y objetividad. Es por eso que el tema electoral importa, y mucho, precisamente a raíz de la escalada de violencia criminal en el país. El costo por atropellar a las instituciones electorales ha sido muy alto. Tanto como la violencia que hoy nos aturde y parece eclipsar a la política.
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