LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
La miopía de los actores políticos —o al menos de una parte de ellos— no parece tener fin. Exactamente dentro de 30 días, el 7 de octubre, iniciará formalmente el próximo proceso electoral federal y es el caso que hoy, a 10 meses de que debió realizarse la renovación de tres consejeros electorales, la misma aún no se concreta y el Consejo General del IFE sigue operando incompleto.
Las razones de la falta de consenso entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, órgano que con mayoría de dos tercios debe realizar el nombramiento, no terminan de ser claras, aunque se han barajado múltiples versiones. Entre éstas hay dos que son recurrentes. Según la primera, los principales partidos (inmersos en una facciosa lógica de cuotas) encuentran inaceptables algunas de las propuestas con las que ciertas fuerzas políticas parecen haberse casado —por presuntas afinidades o cercanías políticas— de entre los 17 candidatos finalistas que la Comisión de Gobernación seleccionó hace casi un año.
De acuerdo con la otra versión, el PRI (partido sin el cual, visto el tamaño de su bancada, resulta imposible alcanzar la mayoría necesaria para realizar el nombramiento) se ha empecinado en que le corresponde proponer a dos de los tres consejeros, aduciendo su peso electoral, su mayoría legislativa y el necesario equilibrio de cuotas de partido en el Consejo General, situación que resulta inadmisible —y con justificada razón, de ser cierta— para el PAN y el PRD.
Asumir los espacios del Consejo General del IFE como un botín o como prebendas a las que los partidos tienen derecho constituye una gravísima distorsión del papel que en el diseño institucional del Estado está llamado a jugar el IFE. En primera instancia porque se mina gravemente la lógica de imparcialidad que debe caracterizar al árbitro electoral, misma que no resulta de la —más o menos equilibrada— suma de parcialidades (pues ésta sólo genera más parcialidad); en segundo término, porque, sin esa imparcialidad, la confianza y certeza de las que depende que un proceso electoral llegue a buen puerto resultan imposibles de construir. En suma, la tendencia a partidizar al órgano electoral es la mejor manera de descarrilar un proceso como el que desde ahora tiene todos los visos de ser complejo y conflictivo.
En ese sentido, vale la pena insistir en algo que muchos hemos sostenido desde el año pasado: el nombramiento debe caer en personas que garanticen un actuar autónomo frente a los intereses particulares de los partidos y de otros actores que son sujetos regulados por la autoridad electoral (como es el caso de los grandes consorcios de la comunicación), conocimiento de la compleja materia electoral, vocación de servicio público así como prestigio profesional (sobra decir que entre los hoy finalistas hay varios que cumplen con ese perfil).
Pero además no pueden dejarse de atender las consecuencias prácticas que ha producido la falta de nombramiento de esos tres integrantes del máximo órgano de dirección del IFE como una manera de urgir una inmediata definición por parte de la Cámara de Diputados. La primera y obvia consecuencia es la sobrecarga de trabajo que inevitablemente se ha recargado en los consejeros en funciones. La segunda tiene que ver con el impacto que la integración trunca ha tenido sobre algunas decisiones muy relevantes; son frecuentes los empates en las votaciones en temas de gran trascendencia (como algunas sanciones a actos contrarios a la legislación electoral o la imposibilidad de designar a funcionarios del Instituto —entre ellos, ni más ni menos, al titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores— y que han llevado en ocasiones a la surreal e inconcebible situación de que el presidente del Consejo tenga que cambiar el sentido de su voto para romper la paridad. Pero además hay que tomar en cuenta el comprensible y preocupante deterioro en la vida y las relaciones institucionales en el interior de un organismo cuya cabeza sigue incompleta frente a la indiferencia de la case política, por no hablar del impacto que la falta de nombramiento ha provocado en la imagen pública del IFE.
Por último, resulta ominoso el cortoplacismo que no permite comprender a los partidos políticos el riesgo que, de seguir en esta peligrosa violación a la determinación constitucional que establece que el Consejo General se integra por ocho consejeros electorales (y no cinco, como ha venido ocurriendo desde finales de octubre pasado) y un consejero presidente, se corre para la entera legitimidad de la próxima elección federal.
Lo que ha venido ocurriendo es, para decirlo sin medias tintas, un irresponsable juego que abiertamente pone en riesgo nuestra inacabada y afanosamente construida convivencia democrática.
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