CORRUPCIÓN

CARMEN ARISTEGUI

¡Paren de robar! fue la consigna principal que corearon miles de personas este miércoles en Brasil, a lo largo de una treintena de ciudades. Con los colores verde y amarillo pintando sus mejillas, los manifestantes hicieron coincidir las marchas con el día de la Independencia nacional. Las masas se congregaron, a partir de una convocatoria en redes sociales, principalmente a través de Twitter y Facebook, para exigir al gobierno de Dilma Rousseff que profundice en el combate a la corrupción y termine con la "limpieza" dentro de las estructuras gubernamentales. Las redes, ese nuevo actor, volvieron a ser clave en las movilizaciones sociales. Como ya lo fue en Túnez, Egipto, Siria, Libia, España, Gran Bretaña, Chile y ahora Brasil en los últimos meses. El gobierno de Rousseff es un recién llegado. Aún no cumple su primer año de vida, y ha cruzado, ya, por varios escándalos de corrupción ventilados por la prensa. Se han documentado sobornos, tráfico de influencia, sobreprecios, etcétera. En nueve meses de gobierno han caído cuatro ministros del gabinete, tres de ellos por escándalos de corrupción. Rousseff parece haber actuado con firmeza. Sin embargo, la gente en la calle quiere más y se lo exigen a su Presidenta. Odiosa pero obligada siempre la comparación lleva necesariamente a revisar lo que pasa en México. Bastaron pocas semanas para volver a ver una acumulación de casos que asoman corrupción y de los cuales falta saber su desenlace. Tal y como suele ocurrir, los más antiguos van pasando a las páginas interiores y, en un buen día para los actores, quedan sepultados por el arribo de los nuevos escándalos. Las irregularidades cometidas durante la gestión de Humberto Moreira en Coahuila sacudieron al PRI, que respiró tranquilo al momento que irrumpió el caso del panista Larrazabal, que a su vez se vio opacado por el increíble caso de Néstor Moreno Díaz, capturado y liberado en un mismo fin de semana. El promedio de vida de una exposición noticiosa se acorta cuando se agolpan los casos. Las graves declaraciones hechas por el ex presidente nacional del PAN Manuel Espino, a unos días de su expulsión partidista, son tan graves por su contenido y por lo directo de sus imputaciones -acerca de abusos y presuntos actos de corrupción en el entono más cercano del poder presidencial- que merecían, sin duda, la apertura inmediata de investigaciones ministeriales. Hasta donde se sabe, nada de eso ha sucedido en las instancias de procuración de justicia, dependientes ellas del poder político al que deberían investigar. El alto grado de tolerancia social que persiste en México, frente a los abusos, la corrupción y la ineficiencia gubernamental, se puede abordar de diferentes maneras. La cultural es una de ellas. Este país tiene instalada en una parte extensa del imaginario colectivo la arraigada idea que lo que pasa es algo dado y que no tiene cabida para el remedio. A punta de impunidad histórica, de escándalos sin consecuencia y del pasmo social han permanecido, perdurado y ampliado las prácticas que han hecho del servicio público el botín para algunos cuantos. Los casos que se conocen parecen siempre el botón de muestra. La eterna idea de que todo lo conocido es apenas la punta del iceberg. ¿Cuántos sobornos a funcionarios se han entregado sin consecuencias; cuántas malversaciones, peculados, apropiaciones y usos indebidos de la riqueza nacional han hecho quienes tienen encomendado el poder?, ¿cuántos tráficos de influencias, abusos en las funciones; enriquecimientos ilícitos o dinero se ha blanqueado al amparo del poder? En la tragedia del Casino Royale apenas asoma una red de complicidades, abusos y corrupción. En el colmo, ahora sabemos que el ex director de Juegos y Sorteos de Gobernación Roberto Correa otorgó un día antes de renunciar un permiso para que solo un grupo empresarial tuviera 41 centros de apuesta. Inmediatamente después, y en plena desvergüenza, se convirtió en "consultor y gestor", para los casinos. NOTA: Organizaciones y periodistas convocan a una marcha el domingo 11 a las once de la mañana, para exigir seguridad para el trabajo de los periodistas y el esclarecimiento de los asesinatos de Marcela Yarce Viveros, de Rocío González Trápaga y de los demás periodistas asesinados. Será del Ángel de la Independencia a Gobernación. Según la CNDH, en lo que va de 2011 suman ocho los casos de periodistas asesinados y desde el año 2000 a la fecha suman 74.