DESESPERACIÓN AUTORITARIA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva. Recordemos que hace seis meses, el 24 de marzo, más de 50 medios de comunicación firmaron un Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia dentro del marco de la mal llamada Iniciativa México. Este pacto propuso “homologar” el trabajo periodístico-propagandístico con el fin de dar una sensación de mayor seguridad a la población, así como de apuntalar la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la clase política entera.

Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.

La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado.

Ante los pocos resultados del “Acuerdo” por parte de los medios nacionales, Calderón busca ahora mover su cortina de humo hacia el norte. La presentación del presidente, el jueves pasado en Nueva York en el programa televisivo The Royal Tour, donde fungió como guía de turistas, no es un esfuerzo genuino para promover la inversión y los viajes a nuestro país, sino un intento más de “blindar” la imagen del presidente ante las críticas cada vez más frecuentes a su gestión. El objetivo básico es apuntalar al eventual candidato del PAN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Pero en las últimas semanas el esfuerzo por controlar el flujo de información ha tomado un giro verdaderamente macabro. Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.

El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.

Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.

Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.

Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática.