¿ATACAR LA VIOLENCIA CON MÁS VIOLENCIA!

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Esa es la conclusión que han llegado nuestros jóvenes mexicanos; en la encuesta realizada el mes de mayo por la U.N.A.M., sobre cultura constitucional que se aplicó a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país, arrojó este resultado.[1]

¿Por qué sienten nuestros jóvenes, que el mejor método para acabar con el crimen organizado es usar medios de tortura, incluso hasta permitir la pena de muerte? ¿En qué grado de desesperación estamos para optar por medidas tan sanguinarias? Sin duda alguna, el ver en las noticias la condición que se encuentran el país, en donde los Estados del Norte todos los días lo único que escuchan son balaceras, granadas, muertos al por mayor, es un ambiente de inseguridad e intranquilidad que nos esta brindando el Estado para vivir.

Hay quienes opinan que por ser ellos más desinhibidos que los adultos, expresan así el verdadero sentir de la población en general.

Estamos viviendo en un México lleno de terror, hace un par de años La Ciudad de Monterrey se le destacaba por su industria, las personas trabajadoras, hoy se caracteriza por el terrorismo que la ciudad está viviendo, ¡más de 50 muertos en un solo día!

La palabra terrorismo comenzó a difundirse a consecuencia de los métodos usados durante la llamada época del terror en la revolución francesa. Se define al terrorismo como la dominación por el terror, o la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.[2]

Ahora bien, el resultado típico del terrorismo es perturbar la paz pública, pues su fin es menoscabar la fuerza del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Pero se preguntarán ¿qué es perturbar la paz?, al respecto, estimamos que es alterar las condiciones de seguridad, tranquilidad o confianza en las que regularmente se desenvuelve la vida social; trastornar ésta, generar un estado de cosas que impida u obstruya el curso normal de la existencia.

La pretensión, el propósito, la finalidad procurada es deteriorar la capacidad del Estado para ejercer sus atribuciones; en cuanto al fin de presionar a la autoridad para que tome una determinación, no hay distinción acerca de la autoridad presionada: cualquier órgano del Estado puede serlo; tampoco es necesario que ésta ceda a la pretensión o se halla en la inminencia de hacerlo; pues el tipo penal no refiere a la naturaleza de la determinación que se pretenda arrancar u obtener de la autoridad, es decir, dentro o fuera de sus atribuciones, positiva como lo es hacer, o negativa, es decir, dejar de hacer, justa o injusta, sólo se considera la presión para forzar la voluntad de quien ejerce la atribución que se quiere orientar mediante el terror.

Con ello, ¿hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza que el Estado debe monopolizar?

La preocupación por el fenómeno del uso policial de la fuerza ha propiciado una serie de distinciones de relevancia conceptual y empírica. Una distinción importante es la que se plantea entre brutalidad policíaca y uso innecesario de la fuerza (Skolnick y Fyfe: 1993). La brutalidad es un acto consiente de causar daño más allá del control de una situación, mientras que el uso innecesario puede reflejar la incapacidad de manejar una situación, ya sea por falta de entrenamiento adecuado u otros motivos[3].

El uso innecesario de la fuerza puede ser un error de buena fe en un intento por manejar una situación, la brutalidad nunca es de buena fe. La importancia de la distinción reside en que las causas de ambos tipos de mal uso de la fuerza son, muy probablemente, de naturaleza diversa. El uso innecesario puede resolverse con una mejor capacitación técnica, mientras que la brutalidad refleja un problema mucho más profundo.

Como rasgo sistemático de su funcionamiento, la brutalidad policial refleja no solamente las carencias de una capacitación profesional, aspecto sobre el que recaen, en el caso mexicano, casi todas las recomendaciones cuando existe algún escándalo de abuso de la fuerza pública. La brutalidad policíaca, como rasgo sistemático, —repito—, refleja también inadecuación de los objetivos y la ideología institucional y de sus reglas culturales cotidianas. Representa también el fracaso de los mecanismos de control y transparencia involucrados en un sistema de rendición de cuentas.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal como la Organización de Naciones Unidas define a los policías:[4]

“La expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformados o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.”[5]

El artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, limita el uso de la fuerza pública al señalar “Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley”.

Entonces, podemos concluir que el terrorismo que actualmente nos encontramos viviendo, ha logrado su propósito de perturbar la paz, de que la mayor parte de la población esté llena de miedo e insatisfecha de su gobierno y de los encargados de hacer cumplir la ley, no cumplan con su obligación de brindarnos seguridad y utilizar estrategias efectivas para combatir la delincuencia organizada.

Pero, es razón suficiente para pensar, ¿qué es mejor atacar la violencia con más violencia? El resultado de la encuesta por la U.N.A.M., nos da la respuesta, la mayor parte de la población considera que es reprobable el usar ésta clase de métodos tan sanguinarios, además con los problemas de inseguridad no van a permitir que se violen los derechos y garantías como estrategia del Estado para acabar con el crimen.

El Estado debe buscar los métodos y estrategias que sean efectivos, cumplir con su deber de darnos seguridad, usando la fuerza pública mediante el Ejército y la policía como la ley se lo señala, sin violentar los derechos humanos.

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[1] Encuesta Nacional De Cultura Constitucional: Legalidad, Legitimidad De Las Instituciones Y Rediseño Del Estado. IFE- IIJ,UNAM, 2011.

[2] Véase: CRIMEN ORGANIZADO Realidad Jurídica y Herramientas de Investigación, Góngora Pimentel, Genaro, Santoyo, E. Alejandro, México, Edit. Porrúa, p. 77.

[3] Uso y abuso de la fuerza policial. Conceptos, estrategias metodológicas y primeros resultados”, en Alvarado, Arturo (ed.), La reforma de la justicia en México, México, El Colegio de México, 2008.

[4] Moloeznik, Marcos Pablo, Reflexiones y recomendaciones sobre el subsistema policial mexicano (Sufragio. Revista Especializada en Derecho Electoral, Número 4, Sección de Ensayos, 2010).
[5] Consultar, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, Artículo 1º, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.