JESÚS CANTÚ ESCALANTE
Las luchas políticas que libran los dos aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, mantienen paralizada la acción legislativa, muy particularmente en lo referente a reformas constitucionales y legales que permitan avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad más acorde a la pluralidad existente en la realidad mexicana.
La parálisis se genera porque cada uno de los presidenciables tricolores controla a la mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria de su partido en una de las cámaras: Beltrones tiene mayoría en la de senadores, y Peña Nieto en la de diputados. Y son esas divisiones las que impiden lograr la mayoría necesaria en ambas cámaras.
La iniciativa de reforma política aprobada el 27 de abril de este año en el Senado de la República está congelada en la Cámara de Diputados porque no incluye las propuestas de quien fue gobernador del Estado de México hasta el pasado viernes 16, Enrique Peña Nieto, entre las que destaca su intención de “…retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación”, como señaló en un artículo publicado en el periódico El Universal el 16 de marzo del año pasado.
Ante su perspectiva de alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio del 2012, el hoy exgobernador mexiquense busca obtener mediante una disposición constitucional una mayoría que no piensa que la ciudadanía le otorgue en las urnas. La denominada cláusula de gobernabilidad es una forma de lograr mayorías parlamentarias burlando la voluntad popular, bajo el pretexto de que es la única vía para construir gobiernos funcionales.
Ahora el otro aspirante a dicha nominación, que según todas las encuestas de preferencia electoral tiene menores probabilidades que Peña Nieto de lograr la candidatura del tricolor y, por ende, la Presidencia de la República, presenta una nueva iniciativa de reforma constitucional para dar paso a los gobiernos de coalición, que contempla una participación de las cámaras en la observancia de las “políticas públicas convenidas por las partes” que respalden al gobierno de coalición.
Asimismo, inventa una fórmula sui géneris de gobierno de coalición (que él denomina en la exposición de motivos “…única y específica para el sistema político mexicano…”), que obliga a los partidos políticos que lo respalden a convenir desde el acuerdo de coalición y las políticas públicas que implementarán hasta el registro de éstas ante cada una de las cámaras para su observancia.
En este proyecto de reforma, Beltrones no precisa qué implica pactar “un gobierno de coalición”, pero se deduce que dicho pacto incluye la integración de un gabinete pluripartidista (aunque, según su iniciativa, para dar paso a un gobierno de coalición la integración del mismo debe proceder de un acuerdo de “carácter institucional y democrático”) y el impulso de las políticas públicas convenidas. Esto, pese a que, en la práctica, ambas acciones se pueden realizar sin la necesidad de reconocer formalmente que se optó por “un gobierno de coalición”.
El problema de esta iniciativa es que condiciona y, eventualmente, cancela la adopción de una disposición trascendente y positiva por sí misma, la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial por el Senado, que fue propuesta el año pasado por el propio Beltrones como líder de su grupo parlamentario.
De acuerdo con esa iniciativa de reforma política, presentada en febrero de 2010, el objetivo de la ratificación del gabinete por parte del Senado, como “medida de control y de mera verificación sobre la idoneidad de los colaboradores del presidente (…) es impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el ejercicio del poder político se lleve a cabo de una manera irresponsable…”. La misma iniciativa señala, por otra parte, que tal disposición “…implica una gran ventaja desde el punto de vista de la efectividad del gobierno: El hecho de que los colaboradores del Ejecutivo sean ratificados, facilita la cooperación política entre estos dos poderes, sobre todo en un escenario en el cual el partido del presidente pudiera no tener la mayoría parlamentaria”.
Como es evidente en la exposición de motivos de esta propuesta de Beltrones, la sola ratificación del gabinete por parte del Senado genera incentivos para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y, eventualmente, puede conducir a un gobierno de coalición. En consecuencia, no hay razón para establecer más requisitos y candados, como lo hace la más reciente iniciativa beltronista, para la integración de gobiernos de coalición.
Basta revisar la exposición de motivos de la primera iniciativa priista para valorar la importancia de que el Senado ratifique la designación de los secretarios de Estado, medida que por sí misma sería de gran importancia para avanzar en la construcción de la democracia en México. Mas si tras esa revisión persistieran las dudas, éstas se disiparían al observar, por ejemplo, la gran movilidad que ha tenido el gabinete del actual presidente Felipe Calderón y lo arbitrario y discrecional de sus designaciones, que no se fundan en competencias y funciones, sino en el grado de amistad y lealtad que los funcionarios tienen con el presidente.
Por ahora, es evidente que las ocurrencias y ambiciones divergentes de Beltrones y Peña Nieto impiden avanzar en la construcción de una institucionalidad democrática.
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