POR LAS MUJERES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Ayer inició en el Pleno de la SCJN el debate sobre los proyectos de sentencia respecto de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas aprobadas por las legislaturas de los estados de Baja California y San Luis Potosí, mismas que establecen el "derecho a la vida" desde la "concepción/fecundación" y declaran que el óvulo fecundado es una "persona humana" protegida por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.

La importancia de lo que finalmente resuelva la Corte trasciende el ámbito jurídico-doctrinario para ubicarse en el terreno del avance, o retroceso, en la conquista de derechos fundamentales para las mujeres. Después del histórico avance que significó la aprobación, por la Asamblea Legislativa del DF (2007), de la despenalización del aborto y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del periodo que marca la ley, medidas que fueron declaradas conformes a nuestra Carta Magna por la SCJN, se produjo una oleada de reformas de sentido inverso, regresivo, en 18 constituciones locales.

Que una mayoría incuestionable de diputados locales, de todos los partidos, haya dado su voto favorable para llevar a las constituciones locales una concepción dogmático-religiosa del derecho a la vida, pasando por encima de la ciencia y de los derechos fundamentales de las mujeres, no significa que les asista razón. La potestad de la Corte para velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está sometida, ni limitada, al número de votos con que se aprueba una reforma a las leyes de menor jerarquía, entre ellas las constituciones de los estados de la República.

Los positivos resultados para los derechos de las mujeres en general, y la salud de miles de ellas en particular, que ha producido la legislación vigente en el DF en esta materia, están más que probados. La interrupción del embarazo no deseado dejó de ser, en nuestra ciudad, una práctica clandestina, de alto riesgo para la vida de las mujeres. Se redujo de manera drástica el número de muertas por abortos practicados por personas inexpertas, casi siempre en precarias condiciones quirúrgicas. Las instituciones públicas de salud pueden proporcionar ese servicio en condiciones seguras para la mujer; su práctica por médicos y hospitales privados está legalmente admitida, dentro del plazo previsto en la ley.

Expandir los derechos humanos es una lucha inacabada, que no debe usarse como pretexto para enmascarar retrocesos impulsados por las iglesias y para imponer -desde el poder público- las visiones dogmáticas de éstas al conjunto de la sociedad. Una vez más, hay que recordar la respuesta que dio un presidente de Francia a un Papa:

"Con relación a este tema, mantuve entrevistas a solas con dos papas: Pablo VI y Juan Pablo II. Me expresaron su 'preocupación' pero sentí que la palabra exacta era 'reprobación', más marcada aún en el caso de Juan Pablo II (...) Yo soy católico -le dije- pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley corresponda al estado real de la sociedad francesa, para que sea respetada y pueda ser aplicada. Comprendo perfectamente el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, la comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no corresponde a la ley civil imponerlas, con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. (...) No solicité su respuesta, por razones evidentes. No intentaba cambiar su convicción ni justificarme a sus ojos, sino hacerle sentir el dilema en el que me hallaba y que, consciente de mi función, debía dilucidar". (Valery Giscard; El Poder y la vida. El País/Aguilar, 1988, pp. 212-216. Giscard fue presidente de Francia de 1974 a 1981).

El Estado mexicano es laico; se funda en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Ese principio fundacional debe ser preservado y respetado por todos los poderes públicos. La Corte debe resolver a favor de lo mejor de nuestra historia y nuestro presente.

Es por las mujeres, y por el futuro.