TRANSPARENCIA

JOSÉ WOLDENBERG

El acceso a la información pública es un derecho fundamental. Se trata del insumo básico para que los ciudadanos puedan conocer lo que se hace en su nombre y es un mecanismo de control difuso del poder público. Y según las cifras que el IFAI nos proporciona en su 8º Informe de labores correspondiente a 2010, la espiral desatada parece venturosa.

Si en el año 2004 se presentaron 37,732 solicitudes de información, en el 2010 fueron 122,138. Es decir, la rutina se expande con cierta velocidad y puede observarse un incremento año con año. Además, el 91.1 por ciento fueron atendidas y el tiempo promedio de respuesta fue de 12 días. Eso sí, las solicitudes se encuentran muy concentradas geográficamente. El 44.4 por ciento se hicieron desde el DF y 14.4 desde el Estado de México. Los hombres utilizan más el recurso que las mujeres (61.7 por ciento contra 38.3). Y quienes cuentan con estudios explotan más la posibilidad de allegarse información pública. De los solicitantes el 73.8 por ciento contaban con estudios de licenciatura y posgrado.

Los recursos interpuestos ante el IFAI también crecen. En el 2004 fueron 1431 y en el 2010, 8160; el 6.7 por ciento del total de las solicitudes. En todo el periodo -de 2003 a 2010- el porcentaje de recursos presentados en relación al total de solicitudes ha sido de 5.5.

Esas cifras nos informan que cada vez más personas ejercen su derecho a contar con información pública, y esa es la mejor fórmula para hacer de un derecho enunciado un derecho apropiado. Porque los derechos no dejan de ser nominales hasta que los ciudadanos los hacen suyos.

Ahora bien, para que el derecho a la información funcione, se requieren, diría Perogrullo, algunas condiciones, más allá de las disposiciones constitucionales y legales.

1. La existencia de archivos bien organizados. Se trata de la condición número uno, del requisito primordial para que la pirámide de la información tenga sentido. Y en ese terreno, no son pocas las respuestas que reciben los solicitantes de información en el sentido de que la misma no se encuentra, que el documento no se generó, que el acta es inexistente. De ahí se deriva la necesidad de que todas y cada una de las dependencias públicas cuenten con archivos completos, bien organizados, accesibles y al día.

2. Responsabilidad de los funcionarios. La tarea de catalogar y poner a disposición del público la información de las distintas unidades no debe ser entendida como una labor secundaria ni residual, sino como una obligación que de no cumplirse puede acarrear sanciones. La no atención de un derecho de los ciudadanos debería generar efectos claros y precisos sobre los encargados.

3. La fuerza de los institutos de acceso a la información. Buenos registros documentales y adecuada gestión deberían bastar para poder ejercer el derecho a contar con información pública. Pero ya sabemos que inercias de todo tipo, consideraciones contrarias a la transparencia, intereses creados, suelen erigir obstáculos para el ejercicio de tan estratégico derecho. Por ello, reforzar a los institutos encargados de velar por su cumplimiento no es una tarea menor. Subrayar su autonomía y robustecer sus facultades debería ser prioritario. En esa dimensión sería conveniente contar con un cuadro compa- rativo de lo que sucede en las 32 entidades del país.

Me sumo a algunas de las propuestas que Jacqueline Peschard realizó hace aproximadamente un mes para robustecer a las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la información y la transparencia. Solo las enumero: 1) abrir la posibilidad de que "los organismos garantes cuenten con la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que violen los principios y bases contemplados en el artículo 6 constitucional"; 2) otorgar, desde la Constitución, a todos los organismos garantes, la autonomía, tal y como en 1980 se hizo con las universidades públicas (los comisionados del IFAI -digo yo- deberían ser nombrados por el Senado a través de votaciones calificadas); 3) "Homologar en los distintos órdenes de gobierno los esquemas de generación de información presupuestaria" y por supuesto de su ejercicio; 4) incorporar las nuevas tecnologías para lograr un acceso más sencillo y expedito, y, 5) "incentivar la demanda de información y de rendición de cuentas". Son medidas y reformas pertinentes que coadyuvarían a fortalecer el derecho, a robustecer a las instituciones y a vigorizar la acción de los ciudadanos.

Si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado, podemos afirmar que en materia de transparencia y rendición de cuentas, mucho hemos avanzado. Aquellas largas décadas en que la información pública se manejó como si fuera privada y discrecional empiezan a ser parte de la prehistoria. No obstante, si tratamos de otear las tareas del futuro, descubriremos que falta aún mucho por hacer para que un derecho consagrado por la Constitución sea ejercido, de manera recurrente y a fondo, por cada vez más ciudadanos.