MARÍA AMPARO CASAR
Este año cuando se discuta, negocie y apruebe el último presupuesto del presidente Calderón -el del año que viene contendrá las prioridades de quien resulte el Presidente electo- habremos constatado que, como en muchos otros ámbitos, la transición y la alternancia nos quedaron a deber. Se pasó primero el sexenio de Fox y ahora el de Calderón y lo que reconocemos son muchas continuidades y pocos cambios en materia presupuestal.
Pocos cambios se han registrado: se adelantó la fecha de presentación del proyecto del presupuesto para dar más tiempo a los legisladores de analizarlo; se estableció la obligación -sin sanción alguna en caso de no cumplirse- de aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre; se mandató la armonización de los sistemas de contabilidad de los estados sobre el ejercicio de los ingresos y gastos que deberá estar operando en 2012. No mucho más.
Las asignaturas pendientes siguen siendo prácticamente las mismas.
La primera de la que llevan hablando décadas todos los partidos seguirá pendiente: la precariedad fiscal del Estado. A lo más que se llegó fue a la introducción del IETU pero la realidad sigue siendo como dice Francisco Suárez Dávila, que en México "existen necesidades de un país de 100 millones que hay que atender, con un padrón fiscal de 24 millones". Ni los poderosos gobiernos unificados del PRI ni la pluralidad y gobiernos divididos que vivimos desde 1997 han podido producir un acuerdo para que México deje de ser uno de los países que menos recauda. Ni se ha ampliado la base de contribuyentes ni tampoco se ha acabado con los privilegios fiscales que exentan u otorgan tratamiento especial a un sinnúmero de sectores y categorías de trabajadores.
En este el último proyecto de presupuesto la principal modificación fiscal que se presenta es la desaparición de la tenencia y su "traslado" opcional a los estados junto con la posibilidad de que éstos cobren un impuesto local al consumo. Haga usted sus apuestas de cuántos van a querer cobrarlo en un año electoral.
Segundo, la transición ha llevado más, muchos más recursos a los estados pero sigue fomentando su pereza fiscal. La transición no se ocupó de aumentar las potestades fiscales de los estados, ni de transferirles mayores responsabilidades, ni de exigirles -más que en el papel- mayor rendición de cuentas. El proyecto de presupuesto contempla una pequeña disminución en las transferencias a los estados (0.4%) que seguramente será revertida pero nada que apunte a la reforma del federalismo fiscal de la que también hace décadas se habla.
Tercero. La negociación sobre las asignaciones presupuestales seguirá el mismo curso de siempre. Si bien desde que el Congreso dejó de ser monocolor el Ejecutivo no puede dar por sentado que su presupuesto será aprobado la diferencia entre la era priista y la de la pluralidad se reduce a que antes el jaloneo presupuestal se daba entre las clientelas del PRI y ahora se da entre las clientelas de todos de los partidos. Lo único que sigue sin aparecer en las negociaciones es la idea de una Ley de Ingresos que fortalezca las finanzas públicas y un Presupuesto de Egresos que fomente el crecimiento y reduzca la desigualdad.
Cuarto, como año tras año la opacidad en el ejercicio del gasto federal y más aún en el estatal reinará sobre la transparencia. Como año tras año la impunidad le ganará la partida a la denuncia. La indiferencia ante los delitos fiscales y el abuso de los recursos públicos seguirá siendo práctica cotidiana y la idea de un presupuesto atado a resultados una ficción.
Dicen los diputados que el proyecto de presupuesto enviado por Calderón será modificado en su totalidad y que contrario al uso faccioso del gasto público que pretende el gobierno federal impulsarán un presupuesto para generar crecimiento, combatir la pobreza y equilibrar el desarrollo regional.
No sabemos hasta dónde se aventarán. Sobre ellos pesa el antecedente de la controversia constitucional exitosamente interpuesta contra la Cámara de Diputados por Fox en el 2004. Pero si nos atenemos a lo que nos dice la historia reciente lo más probable es que busquen y encuentren más dinero para sus clientelas y sus estados que es donde con menor vigilancia se ejerce el gasto y donde se ganan las elecciones. Al final veremos que después de la discusión, modificación y aprobación del presupuesto, el marco fiscal y el ejercicio del gasto acabarán siendo más de lo mismo.
Desde luego que los presupuestos podrían servir para sentar las bases de una economía diferente, pero no lo han hecho ni el PRI ni el PAN ni el PRD en sus turnos como gobernantes federales o estatales ni tampoco en sus turnos como oposición. ¿Por qué habría de ser ahora diferente y, precisamente, en un año electoral?
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