GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
La delincuencia organizada es cada vez más un Estado dentro del Estado, con su propio mercado, reglas, control de los recursos productivos y del territorio y, con capacidad para condicionar el destino de muchas personas; ejemplo de ello, es el llamado pago por el derecho de piso que es el impuesto del crimen organizado —práctica común en las organizaciones criminales italianas como la Mafia—.
Hace unos años atrás las prácticas extorsivas existían como hechos aislados, sin embargo, en la actualidad se asienta progresivamente en nuestro país y, más aún, cada vez se incrementa el número de empresarios que aceptan pagar el derecho de piso a la delincuencia, como una garantía preventiva que permitirá la operación de sus actividades comerciales, lo que pone en riesgo la solidez del sistema económico y democrático de muchos mexicanos.
Las bandas delictivas para imponer el derecho de piso idean prácticas para conocer de cerca las actividades económicas que se presentan en el territorio donde tienen influencia, y por ello, es común que se presenten periódicamente en los negocios y en las empresas, se acercan a los empresarios y a los comerciantes para estudiar sus costumbres, las debilidades y los miedos más recónditos de la gente que sabe que está sola frente a la violencia de la delincuencia organizada.
Usualmente, la delincuencia contacta por correo electrónico a la víctima, con la fachada de ser empresarios con intenciones de hacer negocios; y así obtener una cita, para después, al ser recibidos ejercer presión amenazándolos con matarlos, tanto a ellos como a sus familias, sino aportaban una cuota mensual. El éxito de las organizaciones criminales radica en buena parte en el miedo que infunden y en su capacidad para hacer de la impunidad su herramienta como factor del control del territorio y del tejido social.
Lo cual lleva desafortunadamente al comerciante o empresario a caer dentro de una lógica de costo-beneficio, pues está dispuesto a sostener la carga financiera del derecho de piso a fin de evitar costos mayores por la falta de pago a las bandas delictivas —daños a los locales, hurtos, incendios y violencia física—.
El fenómeno del pago de derecho de piso, tristemente se consolida en México, se halla en continua expansión, un lamentable indicador de ello, es el caso del Casino Royale de Monterrey, el cual según las autoridades del Estado de Nuevo León, el atentado fue una represalia porque el casino no había pagado la cuota o derecho de piso que le exigían los criminales como parte de un esquema de extorsión.
El crimen organizado, desde hace algunos años, ya no es un problema de peligrosidad sino de soberanía, toda vez que la delincuencia pretende cobrar clandestinamente por la seguridad de un sector de la ciudadanía, bajo la premisa de permitir a los empresarios continuar con su actividad o protegerlos de bandas antagónicas.
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