CALDERÓN VS. LOS JUECES

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

"Yo también le preguntaría al juez: '¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué lo sacaron?', y que se le exija rendición de cuentas. No es que yo la traiga contra los jueces, al contrario: los aprecio y todo, pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los sacan y los sacan y los sacan". Estas son las palabras del presidente Felipe Calderón, en el intercambio de comunicaciones vía internet con los ciudadanos, a propósito de su Quinto Informe de Gobierno. Se refería, obviamente, al caso de Néstor Moreno, ex director de la CFE, quien fue liberado por un juez federal dado que estaba vigente una suspensión provisional. La suspensión definitiva le fue negada pero el acusado se dio a la fuga.

No es la primera vez que el Presidente se queja de los jueces. Quizá una de las más fuertes declaraciones fue la que tuvo lugar en su encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Castillo de Chapultepec. En esa ocasión Calderón dijo: "Ya me sé la cantaleta de los jueces. Yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben. He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales".

Hay muchas más declaraciones del presidente Calderón que tienen que ver con su enojo con el Poder Judicial. Hasta un punto lo entiendo. Ha de ser frustrante lidiar con un sistema de procuración e impartición de justicia como el que tenemos en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Sin embargo, el problema no es un juez en específico ni una sentencia en particular. El problema es sistémico. Tenemos un sistema de procuración y administración de justicia colapsado. Y el Ejecutivo federal debe asumir la responsabilidad de haber ignorado, desde que se aprobó la reforma constitucional en 2008, la implementación de una reforma de gran calado dicho sistema.

En septiembre del 2010, Calderón lo expresó de la siguiente manera en un foro que tuvo lugar en Monterrey: "Sí, necesitamos un sistema de justicia mucho mejor articulado, pero en este momento la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal" (...) "tenemos que jerarquizar la importancia de contener la violencia y la criminalidad desde un planteamiento preventivo, tanto del área social, como preventivo desde el área policiaca y de acción de la fuerza pública".

El Presidente ha sido claro y consistente a lo largo de su sexenio: al crimen se le "vence" a través del poder coactivo del Estado principalmente y la reforma a la justicia no forma parte de esa estrategia. Yo creo, y lo he sostenido desde el inicio del sexenio, que es un error disociar la justicia de la seguridad y pensar que el poder coactivo del Estado por sí solo va a contener el crimen.

La impartición de justicia sirve como un proceso de reparación y curación de la sociedad. También sirve para que asegurar que el Estado, al enfrentar a los delincuentes, no busque la venganza sino la aplicación de la ley. Frente al hijo asesinado, la madre secuestrada o el amigo extorsionado lo que necesitan las víctimas y los ciudadanos es que el Estado "haga justicia", es decir, que, a través de un proceso judicial, nos diga qué pasó, quién fue y cuál es la la sanción que le corresponde.

Tratándose de la justicia, los cómos cuentan muchísimo. La forma en que transcurre el proceso forma parte intrínseca de la capacidad del Estado para curar lo que la violencia rompe. En la película Presunto culpable se puede mirar de qué está hecha la justicia penal en nuestro país. Es tan obscura, formalista, absurda y abusiva que frente a ese sistema no hay manera de que la víctima o el acusado salgan satisfechos.

Un buen juicio penal, señala Alberto Binder -como esos que a veces se miran en las películas norteamericanas-, "captura la atención de la comunidad, cataliza la discusión social, moral y política, se convierte en una vía de comunicación entre el Estado y los ciudadanos a través del cual se afirman valores, se insertan simbologías y se envían y reciben mensajes mutuos". Ese es el corazón de la reforma que el Ejecutivo federal decidió no liderar y que de forma lamentable hoy se encuentra a la deriva.

¿Cuánto menor sería la fragmentación social producto de la violencia si la autoridad del Estado se construyera con los procesos judiciales y no al margen de ellos? ¿Cuánto más legítima sería la tarea de la policía y los militares si estuviesen acotados por un sistema de justicia verdaderamente garante del debido proceso?

Quizá la única ventaja de haber postergado la reforma al sistema de justicia penal es que cada vez es más claro por qué necesitamos esa reforma. La lección de estos años de "guerra" es clara: la autoridad del Estado, esa que echa raíces y pude ser duradera, se construye a través de los procesos de aplicación de la ley y no con el ejercicio del poder coactivo. El sistema de justicia penal está fracturado. Es momento de tomarnos bien en serio su restauración. Regañar a los jueces o culpabilizarlos de la impunidad no ayuda en nada a ese proceso de reforma que tanto se requiere.