PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL

MARÍA AMPARO CASAR

Recién electo, Peña Nieto anunció que iniciaría el análisis de las reformas económicas a las que se comprometió en campaña pero que su prioridad era enviar de manera inmediata tres proyectos que él mismo denominó reformas para el ejercicio de una Presidencia democrática: la Comisión Nacional Anticorrupción; la profundización y ampliación de la transparencia; y una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.

Justificó su decisión a partir de que según su lectura, "los mexicanos nos han dado un claro mandato de gobernar compartiendo el poder y la responsabilidad con todas las fuerzas políticas". Dicho de forma menos retórica, porque ni Peña Nieto ni el PRI en el Congreso obtuvieron el nivel de votación esperado.

Las iniciativas para la Presidencia democrática -también en palabras de Peña Nieto- fueron pensadas para que no cupiera duda de que "el compromiso de mi gobierno con la democracia, las libertades, la transparencia, la eficacia y el combate a la corrupción es total y será mi prioridad". Si la decisión fue para atajar a los críticos del regreso del PRI o para tratar de disociar a su persona y a su partido con prácticas antidemocráticas de antaño, es francamente irrelevante. Las reformas son necesarias y estructurales porque buscan eliminar problemas que dañan a la economía y a la sociedad y porque afectan intereses de grupos poderosos cuyos privilegios deben desaparecer. Entre ellos la burocracia gubernamental, los gobernadores y los dueños de medios.

En cumplimiento de su promesa, Peña Nieto ya envió a través de su partido la iniciativa de ampliación de la transparencia y algo se ha filtrado sobre la de la Comisión Anticorrupción en la que se trabaja a toda velocidad.

De la que poco se ha oído es de la instancia que deberá supervisar la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios por parte de los gobiernos federal y estatales y que deberá garantizar que los contratos se apeguen a principios de utilidad pública, transparencia y fomento al acceso de información de la ciudadanía. Todo ello sin descuidar la libertad de prensa.

La necesidad de esta reforma no es menor. En México no tenemos -salvo casos emblemáticos como ocurrió con el manejo de la gripe A H1N1- publicidad oficial sino propaganda gubernamental. Según estándares internacionales (Principios Básicos para Regular la Publicidad Oficial) la propaganda busca ensalzar los logros de los gobiernos en turno mientras que la publicidad oficial busca informar: difundir programas, servicios e iniciativas gubernamentales para hacerlos accesibles a sus usuarios, promover el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y estimular la participación de la sociedad civil.

México, como muchos otros países de América Latina, tiene un vacío legal pernicioso. Pernicioso porque permite al gobernante en turno utilizar recursos públicos en beneficio propio y porque la propaganda gubernamental -federal pero más todavía estatal- da oportunidad de establecer una relación comercial con los medios que incluye no solo un negocio jugoso sino una poderosa herramienta para premiarlos o castigarlos según su línea informativa y editorial.

La manera que han encontrado otros países para enfrentar estos problemas va desde la prohibición absoluta de la publicidad oficial hasta el establecimiento de criterios claros y públicos para su reparto, la transparencia en los contratos, topes o límites en el gasto y un sistema sancionatorio para la publicidad encubierta (gacetillas, reportajes y entrevistas pactados a cambio de favores, infomerciales).

En el caso de México el problema es más escandaloso porque, al menos para los medios electrónicos, se cuenta con los famosos tiempos oficiales (fiscales y de Estado) que deberían bastar y sobrar para cumplir con todas las funciones de informar a la ciudadanía. Aún así, las partidas de comunicación social son estratosféricas. Según FUNDAR el presupuesto ejercido para comunicación social y gasto en publicidad pasó de $674 millones en 2006 a $5,027 millones en 2011 (cabe resaltar que el presupuesto autorizado para ese año fue solo de $1,914 millones). La solución entonces, también debería ser más sencilla: gasto en producción, en medios impresos y en la vía pública. Un ahorro millonario.

Lo de menos es si se necesita un órgano autónomo ciudadano, lo que verdaderamente importa es la función: el establecimiento de un sistema confiable de reglas, procesos y transparencia para la contratación de la publicidad en todos los órdenes de gobierno.