MANUEL CAMACHO SOLÍS
La reforma laboral ha tensado las cuerdas de la política y producido reacciones imprevistas para quienes la han promovido. Por lo pronto, lo que ya no ocurrirá es que el acuerdo entre el presidente y el presidente electo lleve a su aprobación lineal. El producto final será diferente al que se pretendía y en el proceso se habrá visto que la pluralidad del Congreso está ahí para quedarse con todas sus consecuencias y que la calle también será un actor en la toma de decisiones en los próximos años.
El día que se envió la iniciativa preferente, parecía inevitable la aprobación en sus términos. En dos meses, cuando mucho, se habría logrado lo que no había sido posible durante años. La fórmula para ello sería apoyarse en la reforma política que había establecido la vía preferente y en la mayoría que tienen el PRI-PVEM-Panal, aliados en ese objetivo con el PAN.
Los legisladores progresistas no tenían los votos para frenarla. Sus reacciones de inconformidad en la tribuna no harían sino lastimarlos ante la opinión pública, las protestas de los sindicatos independientes en las calles serían limitadas y su contención obligada para la autoridad local. Todo indicaba que tendríamos para rato una nueva mayoría conservadora, ahora sí, bien operada por el PRI.
El laboratorio de la política no se ha comportado conforme a ese sueño conservador. Las acciones y las reacciones que se han producido están alterando el proceso, podrían producir resultados diferentes a los esperados y hasta sorpresas para quienes están acostumbrados a operar la política tradicional.
Las sorpresas empezaron en la Cámara de Diputados. Aunque la minuta se aprobó sin que mediaran consultas o debates mayores, de todas maneras se introdujeron a la iniciativa algunos cambios que resultaron adversos al sector empresarial, como ocurrió con el outsourcing que, en vez de ayudar, vino a perjudicar a empresas que ya operan bajo esa modalidad sin que la ley actual las obstaculice.
Pero la sorpresa mayor la provocó la eliminación de los componentes de democracia, transparencia y rendición de cuentas que venían en la iniciativa presidencial, pero que el PRI había logrado excluir. Cuando algunas voces del PAN lo reclamaron, el asunto pudo haber quedado ahí: se aprobó la minuta, Acción Nacional se cubría ante sus militantes y la opinión pública, pero de todas maneras se aprobaba en el Senado, tal cual. Empezaron a intervenir otros ingredientes de sagacidad política. El PRD no se encajonó en un no absoluto a la reforma laboral que habría sido funcional a su aprobación, sino que abanderó los contenidos de democracia, transparencia y rendición de cuentas, colocando con ello al PAN en la disyuntiva de ser consecuentes con sus declaraciones y su historia, o evidenciar la contradicción. En paralelo, la izquierda logró abrir las puertas del Senado al diálogo con la sociedad y al debate que habían estado cancelados en la etapa previa. Con ello se evitó que la presión de la calle se ahogara en el choque con la fuerza pública.
La alianza PAN-PRD en torno a la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos empezó a meter presión a las organizaciones sindicales afines al PRI. Los líderes sindicales del Revolucionario Institucional quedaron amenazados desde todos los flancos: en la opinión pública, teniendo que defender una posición indefendible; en el manejo de sus sindicatos si la oposición lograba corregir el contenido de la minuta; y ante sus bases, que con insistencia les empezaron a preguntar en qué beneficia la reforma a los trabajadores. El cuadro ha cambiado para el PRI. Es posible que la minuta regrese a la Cámara de Diputados. Es posible que la resistencia crezca dentro de sus filas, por lo menos que así ocurra para el siguiente capítulo de la reforma fiscal. Cuando concluya el proceso, a un mes de la toma de posesión, harían bien en reconsiderar hasta dónde conviene tensar la cuerda.
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