JESÚS CANTÚ ESCALANTE
Al aprobar el miércoles 3 de octubre la destrucción de las boletas y las listas nominales del proceso electoral de 2005-2006, así como las boletas del proceso de 2011-2012, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral desperdiciaron una excelente oportunidad para demostrar su compromiso con la verdad, la transparencia y la democracia.
Respecto al proceso de 2011-2012, los consejeros sí tomaron la precaución de aprobar previamente otro acuerdo que ordena la realización de estudios de la documentación electoral que se utilizó, y señalaron que para ello será seleccionada una muestra de casillas.
Sin embargo, respecto a lo sucedido en los comicios presidenciales de 2006, prefirieron cerrar los ojos y ni siquiera discutieron la realización de los mismos u otros estudios; en ese caso se destruirá toda la documentación, sin los análisis de participación electoral a partir de las listas nominales.
En estos momentos ya no se encuentra en el Consejo General del IFE ninguno de los consejeros que conformaban el órgano máximo de dirección en aquel momento; y, en caso de que se hubiesen aprobado los estudios, para cuando se realizaran el presidente elegido entonces ya habría concluido su mandato. Sin embargo, los consejeros prefieren no tocar dicha elección. Se repite así la historia de 1988, cuando los paquetes electorales fueron destruidos sin poder conocer sus contenidos.
Pero los consejeros también desperdiciaron la oportunidad de impulsar un auténtico ejercicio de contraloría social en el caso de la elección de 2011-2012 –donde no está en cuestión la sumatoria de los votos depositados en las urnas, sino la equidad en la contienda–, pues ni siquiera discutieron la posibilidad de poner a disposición de la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los temas electorales y la ciudadanía en general la documentación para que ellos también pudieran efectuar análisis que permitan perfeccionar los procesos electorales mexicanos.
El 30 enero de 1998, el Consejo General del IFE aprobó un acuerdo por ocho votos a favor y únicamente uno en contra a favor de esa posibilidad en relación a la documentación del proceso 1996-1997. Lamentablemente esa decisión fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional y revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ese mismo primer consejo del IFE ciudadanizado, con únicamente dos consejeros diferentes, aprobó en octubre de 2003 el acuerdo que, por primera vez, permitió realizar los estudios a la documentación electoral. Pero sin que la comunidad interesada pudiera abrirla. Ahora, en una elección no cuestionada por la posibilidad de que hubiesen sido modificados los resultados en las actas, era el momento de tratar de avanzar todavía un paso más allá.
Pero el Consejo General del IFE prefirió no voltear a ver la documentación del 2006. El IFE tenía frente a sí cinco opciones: hacer la interpretación letrista de la ley y simplemente disponer la destrucción de la documentación de las dos elecciones; retomar la idea de los estudios para los comicios de 2011-2012 y ordenar la destrucción de la documentación del proceso de 2005-2006 y de toda la del 2011-2012 que no estuviese incluida en la muestra; confirmar el anterior acuerdo, pero ampliando a la comunidad interesada la potestad de realizar estudios; ordenar estudios en ambas elecciones, aunque únicamente por parte de la estructura del IFE, y la destrucción del resto que no estuviese contenida en las muestras; y disponer estudios en ambas elecciones y ampliar la misma posibilidad a la comunidad interesada.
Lo verdaderamente audaz hubiese sido ir por la quinta alternativa; pero incluso las opciones 3 y 4 hubiesen sido un avance, aunque por razones muy diferentes: la tercera, por el precedente que sentaba de abrirse totalmente al escrutinio ciudadano, en un auténtico ejercicio de transparencia; y la cuarta, porque hubiesen mostrado un compromiso con la verdad y la democracia, aunque no tanto con la transparencia, pues seguirían siendo ellos los únicos que tuvieran acceso a la documentación. Pero tomaron la opción conservadora: abrir la posibilidad de los estudios, para no ser cuestionados por ello, pero no avanzar más allá de donde está la línea desde 2003, hace nueve años.
Lamentablemente, en la mayoría de los integrantes del Consejo General con derecho a voto no prima el compromiso con la democracia y sus valores, sino simplemente el de cumplir con una encomienda con los menores cuestionamientos posibles por parte de los partidos políticos. Por supuesto que avanzar en cualquiera de las direcciones señaladas hubiese levantado algunas voces contrarias, pero la contribución a la construcción de la democracia en México habría sido de grandes proporciones.
Lo más probable es que cualquier estudio que se hubiere practicado sobre la documentación de la elección presidencial de 2006 arrojara que los votos depositados en las urnas convalidaban los resultados asentados en las actas; pero no querían correr el riesgo de que una revisión de los paquetes aportara alguna evidencia de un operativo fraudulento a favor del actual presidente. Sin considerar que, en todo caso, aun cuando las anomalías favorecieran a otro de los candidatos, ello permitiría perfeccionar los procedimientos para evitarlos en el futuro.
Y, obvio, si no aparecía ninguna huella y se refrendaban los resultados oficiales, hasta los nubarrones que acompañaron a Felipe Calderón durante todo su sexenio se hubiesen disipado.
Pero privó el pavor a la transparencia.
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