MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROALa elección intermedia del 2009 ofrece una serie de ángulos que resultan relevantes para entender el grado de desarrollo que ha alcanzado nuestra democracia. En la jornada del 5 de julio no sólo serán puestos a prueba los principios que emanaron de las reformas electorales del 2007 y 2008. Estarán sujetos a examen también las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones e inclusive, la participación ciudadana.
Para contribuir a ese análisis, a continuación se ofrece una revisión sobre el estado en el que llega la justicia electoral federal a la jornada del 5 de julio.
a) Transformación de la cultura política
Posiblemente, el dato más esperanzador viene de una transformación en la cultura política mexicana que se ha venido gestando desde años. A diferencia de lo que ocurría en el México del pasado, hoy los actores políticos y los ciudadanos privilegian y aceptan a la justicia y al derecho como formas para dirimir sus conflictos políticos y electorales.
La transformación no es menor. Los conflictos en las calles y las negociaciones entre los actores —propios de los autoritarismos— perdieron terreno en aras de la resolución jurídica de conflictos.
Para ilustrar este importante avance, vale la pena recordar que hoy todos los partidos políticos —nacionales y locales— recurren a los tribunales electorales para solicitar la impartición de justicia, ahí cuando consideran que sus derechos se han visto afectados. Lo hacen porque valoran que las decisiones jurisdiccionales sean tomadas en estricto apego a derecho y porque reconocen su efectividad. El 100% de las sentencias emanadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son acatadas.
Pero no sólo los partidos y los actores políticos han transformado sus conductas políticas para dirimir conflictos. Lo han hecho, sobre todo, los ciudadanos, quienes promueven 75% de los juicios que se reciben en el TEPJF. Es revelador que más de la mitad de los juicios ciudadanos obedezcan precisamente a asuntos de índole intrapartidista que promueven los militantes de las fuerzas políticas.
Aun cuando el avance es notable, en esta materia hay todavía un poco más que andar. La irrupción violenta de un grupo de manifestantes en la sesión pública del TEPJF, el pasado 11 de junio, que pretendió impedir la deliberación de los juzgadores y otros eventos —afortunadamente focalizados— que se han suscitado dan cuenta de que todavía subsisten resabios de ese pasado autoritario.
b) Complementariedad del sistema electoral
Las reformas electorales del 2007 y el 2008 posibilitaron una manifestación más nítida de la complementariedad de las instituciones que conforman el sistema electoral federal mexicano.
Las normas comiciales que —en su esencia— habían permanecido intocadas durante más de una década, fueron reformadas en los planos federal y locales para imprimir más equidad a las elecciones. Con ello, cobraron notoriedad las atribuciones regulatorias del IFE y el mandato al Tribunal de interpretar la norma en casos concretos.
Hay quienes han visto con preocupación que algunas de las decisiones adoptadas por los órganos electorales administrativos no hayan sido ratificadas en su totalidad por el Tribunal Electoral, pues consideran que se genera una estructura de incentivos adversa al desarrollo de la contienda.
No es así. Lo cierto es que la gran mayoría de los asuntos que se reciben en el Tribunal Electoral donde el IFE funge como autoridad responsable han sido confirmados. Sin embargo, cuando se encuentra que los agravios esgrimidos por el actor son fundados, es deber de los juzgadores emitir sentencia correspondiente para emitir un nuevo acto jurídico.
Como resultado de esa complementariedad, se han ido adoptando criterios de interpretación sobre las nuevas normas, con lo que se ha contribuido a generar certeza entre los actores políticos, lo que a su vez se traducirá en una nueva normalidad democrática.
Las resoluciones del Tribunal respecto a la asistencia de funcionarios públicos en días inhábiles a actos proselitistas; los límites que se han fijado en diversas sentencias para sancionar la denigración y la calumnia en la propaganda política; el reconocimiento de la atribución exclusiva del IFE para administrar spots en radio y tv, y las sanciones impuestas a televisoras por violaciones a las pautas de transmisión son sólo algunos de los ejemplos que dan cuenta de cómo, desde la jurisdicción, se están construyendo las precisiones necesarias para hacer operable la reforma electoral.
El Tribunal Electoral llega a la jornada electoral del 5 de julio fortalecido. Se ha reconocido su carácter de tribunal constitucional y se han expandido sus posibilidades de tutelar los derechos ciudadanos y de impartir justicia pronta y expedita.
El reto ahora está en encontrar las formas en que un mayor número de ciudadanos pueda conocer los argumentos que motivan cada una de las resoluciones, toda vez que éstas se han vuelto sustanciales para entender el desarrollo de los comicios en curso.
El próximo 5 de julio, los ciudadanos mexicanos tendremos una nueva posibilidad de elegir el rumbo que tomarán las representaciones en tres niveles de gobierno. La posibilidad de acudir a las urnas para elegir la opción partidista que más convenga a cada quien es posiblemente la más importante prerrogativa ciudadana que los mexicanos hemos construido. No la desaprovechemos.
Para contribuir a ese análisis, a continuación se ofrece una revisión sobre el estado en el que llega la justicia electoral federal a la jornada del 5 de julio.
a) Transformación de la cultura política
Posiblemente, el dato más esperanzador viene de una transformación en la cultura política mexicana que se ha venido gestando desde años. A diferencia de lo que ocurría en el México del pasado, hoy los actores políticos y los ciudadanos privilegian y aceptan a la justicia y al derecho como formas para dirimir sus conflictos políticos y electorales.
La transformación no es menor. Los conflictos en las calles y las negociaciones entre los actores —propios de los autoritarismos— perdieron terreno en aras de la resolución jurídica de conflictos.
Para ilustrar este importante avance, vale la pena recordar que hoy todos los partidos políticos —nacionales y locales— recurren a los tribunales electorales para solicitar la impartición de justicia, ahí cuando consideran que sus derechos se han visto afectados. Lo hacen porque valoran que las decisiones jurisdiccionales sean tomadas en estricto apego a derecho y porque reconocen su efectividad. El 100% de las sentencias emanadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son acatadas.
Pero no sólo los partidos y los actores políticos han transformado sus conductas políticas para dirimir conflictos. Lo han hecho, sobre todo, los ciudadanos, quienes promueven 75% de los juicios que se reciben en el TEPJF. Es revelador que más de la mitad de los juicios ciudadanos obedezcan precisamente a asuntos de índole intrapartidista que promueven los militantes de las fuerzas políticas.
Aun cuando el avance es notable, en esta materia hay todavía un poco más que andar. La irrupción violenta de un grupo de manifestantes en la sesión pública del TEPJF, el pasado 11 de junio, que pretendió impedir la deliberación de los juzgadores y otros eventos —afortunadamente focalizados— que se han suscitado dan cuenta de que todavía subsisten resabios de ese pasado autoritario.
b) Complementariedad del sistema electoral
Las reformas electorales del 2007 y el 2008 posibilitaron una manifestación más nítida de la complementariedad de las instituciones que conforman el sistema electoral federal mexicano.
Las normas comiciales que —en su esencia— habían permanecido intocadas durante más de una década, fueron reformadas en los planos federal y locales para imprimir más equidad a las elecciones. Con ello, cobraron notoriedad las atribuciones regulatorias del IFE y el mandato al Tribunal de interpretar la norma en casos concretos.
Hay quienes han visto con preocupación que algunas de las decisiones adoptadas por los órganos electorales administrativos no hayan sido ratificadas en su totalidad por el Tribunal Electoral, pues consideran que se genera una estructura de incentivos adversa al desarrollo de la contienda.
No es así. Lo cierto es que la gran mayoría de los asuntos que se reciben en el Tribunal Electoral donde el IFE funge como autoridad responsable han sido confirmados. Sin embargo, cuando se encuentra que los agravios esgrimidos por el actor son fundados, es deber de los juzgadores emitir sentencia correspondiente para emitir un nuevo acto jurídico.
Como resultado de esa complementariedad, se han ido adoptando criterios de interpretación sobre las nuevas normas, con lo que se ha contribuido a generar certeza entre los actores políticos, lo que a su vez se traducirá en una nueva normalidad democrática.
Las resoluciones del Tribunal respecto a la asistencia de funcionarios públicos en días inhábiles a actos proselitistas; los límites que se han fijado en diversas sentencias para sancionar la denigración y la calumnia en la propaganda política; el reconocimiento de la atribución exclusiva del IFE para administrar spots en radio y tv, y las sanciones impuestas a televisoras por violaciones a las pautas de transmisión son sólo algunos de los ejemplos que dan cuenta de cómo, desde la jurisdicción, se están construyendo las precisiones necesarias para hacer operable la reforma electoral.
El Tribunal Electoral llega a la jornada electoral del 5 de julio fortalecido. Se ha reconocido su carácter de tribunal constitucional y se han expandido sus posibilidades de tutelar los derechos ciudadanos y de impartir justicia pronta y expedita.
El reto ahora está en encontrar las formas en que un mayor número de ciudadanos pueda conocer los argumentos que motivan cada una de las resoluciones, toda vez que éstas se han vuelto sustanciales para entender el desarrollo de los comicios en curso.
El próximo 5 de julio, los ciudadanos mexicanos tendremos una nueva posibilidad de elegir el rumbo que tomarán las representaciones en tres niveles de gobierno. La posibilidad de acudir a las urnas para elegir la opción partidista que más convenga a cada quien es posiblemente la más importante prerrogativa ciudadana que los mexicanos hemos construido. No la desaprovechemos.
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