JESÚS CANTÚUna severa recesión económica, una seria crisis de seguridad, una pandemia mundial de influenza que comenzó en nuestro País y el bajísimo nivel de confianza en los partidos políticos son motivos que ocasionan el descontento
Las elecciones normalmente catalizan procesos, magnifican las diferencias y agudizan las percepciones, más cuando se celebran en condiciones tan adversas como en esta ocasión: con una severa recesión económica y una seria crisis de seguridad y, todavía por sí esto fuera poco, en medio de una pandemia mundial de influenza, que precisamente empezó en México. A esto hay que agregarle el bajísimo nivel de confianza en los partidos políticos, que en la última encuesta de evaluación de confianza en las instituciones de Consulta Mitofsky, aparecen en el último lugar, con una calificación de 5.6, sobre 10; y los diputados apenas los superan con 5.7. Por su parte, la Encuesta de Cultura Política que levantó la Secretaría de Gobernación el año pasado, muestra que únicamente el 35 por ciento de los encuestados confían en diputados y senadores y, todavía peor, sólo el 23 por ciento lo hace en los partidos políticos, contra el 33 por ciento que lo hace en promedio mundial, según los datos que arroja la Encuesta Mundial de Valores 2005-2008. Por otra parte, la misma encuesta indica que únicamente el 32 por ciento está satisfecho con la democracia y sólo el 16 por ciento está de acuerdo en que las elecciones en México son limpias. El resultado de este coctel es por demás lógico: campañas electorales que no entusiasman a la ciudadanía y la expectativa, cada día más extendida, de un abstencionismo histórico, que podría rondar por el 65 por ciento. El dato parte de que la encuesta de Mitofsky señala que el 41.7 por ciento de los encuestados señaló que acudiría a las urnas, que sería exactamente el mismo porcentaje que acudió en 2003, sin embargo, vale la pena recordar que en la elección de 2000 acudió a votar el 64 por ciento de los electores potenciales y en la de 2006, únicamente el 58, es decir, 6 puntos porcentuales menos, lo cual traducido al actual proceso electoral conduce a 36 por ciento. Por ello no es sorprendente que lo más destacado y llamativo del presente proceso electoral sea el llamado al voto de protesta por las más diversas voces, algunas con razones de peso y difícilmente rebatibles; y otras, más por resentimientos personales porque sus respectivos partidos los dejaron fuera de las candidaturas. Pero en lo que todas las voces coinciden, incluso entre los analistas que se oponen al llamado, es que hay suficientes motivos para estar indignados contra la clase política mexicana y que es imperativo cambiar el actual estado de cosas. Los únicos que desentonan son los dirigentes de los partidos políticos y las autoridades electorales. El desencanto con el proceso democratizador en México empezó unos meses después de la euforia que provocó la alternancia en el Ejecutivo Federal, después de más de siete décadas de partido hegemónico. En un primer momento se conjugaron dos elementos: las elevadas expectativas en torno a la democracia y la alternancia; y las muy bajas respuestas del primer gobierno panista. Unos meses después de la toma de posesión de Vicente Fox la frase "todos los políticos son iguales, sin importar el partido de procedencia", empezó a convertirse en un lugar común. Sin duda había razones de peso para ello, pues prevalecían la ineficacia, ineficiencia y negligencia gubernamentales; afloraban más y más escándalos de corrupción, pero las sanciones brillaban por su ausencia; se conocían múltiples atropellos y abusos de autoridad y los gobernantes permanecían impasibles. A pesar del desplome de presidencialismo metaconstitucional la ciudadanía no percibía o recibía los beneficios del gobierno del cambio y, obviamente, esto alimentaba el desánimo. Desgraciadamente lo mismo sucedía en las instancias locales, estados y municipios, la ciudadanía también vivía la alternancia en estos niveles; pero las diferencias entre uno y otro también resultaban imperceptibles para la población en general. Ante el descontento con la clase política, en algunos estados, Sonora y Yucatán, los legisladores aceptaron incorporar las candidaturas no partidistas. En Yucatán incluso llegó a ganar un candidato independiente a Presidente Municipal en el municipio de Yobaín, en las elecciones del 20 de mayo del 2007. Sin embargo, la reforma constitucional del 13 de noviembre del 2007 cerró esa posibilidad, pues reformó el artículo 116 para asegurarse que las "Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral" garanticen a los partidos políticos "el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular". Era una muestra clara de cómo los partidos políticos dejaron atrás sus diferencias para unirse en la consolidación y defensa de sus privilegios: un altísimo financiamiento público, acceso excesivo a radio y televisión y cerrar la puerta a la conformación de nuevas opciones políticas por la vía de elevar sus requisitos iniciales. En éste, como en otros temas torales para la vida pública nacional, quedaba claro que el Congreso era simplemente el lugar donde se reúnen los comisionados de los partidos para legitimar las decisiones previamente tomadas por las dirigencias partidistas. Y todavía para recalcar más el control de las cúpulas partidistas: en el presente proceso electoral, según datos del Comité Conciudadano de Observación Electoral, el 90 por ciento de las candidaturas fueron decididas por estas mismas dirigencias, sin la participación de los militantes y/o simpatizantes. El sistema de partidos en México muestra las siguientes características: ostentan el monopolio de la postulación de candidatos a puestos de elección popular; las cúpulas partidistas, aunque en algunos casos aparecen como líderes de las fracciones parlamentarias, mantienen el control sobre los representantes electos, que así siguen las instrucciones de sus órganos de dirección y desatienden a la ciudadanía que los votó; dependen del financiamiento público; viven una creciente burocratización de su vida interna; practican una política intensiva en capital; minimizan sus vínculos con la ciudadanía; y carecen de rendición de cuentas efectiva de los líderes de los partidos. Anular el voto, depositar la boleta en blanco o votar por un candidato no registrado son parte de las opciones que el ciudadano tiene cuando acude a votar, tan legales y legítimas como las de sufragar por un partido político con registro. El voto de protesta o abstencionismo activo contribuye a la construcción de ciudadanía, pues involucra al ciudadano a participar en la vida pública a través de una acción informada y razonada. Dado el grado de descomposición del sistema de partidos y el nivel de cinismo de la clase política la única vía para sacudirlos y moverlos a cambiar el sistema es provocar una crisis y eso es lo que intenta el movimiento. El riesgo es que, dada la improvisación y desarticulación del movimiento, éste no alcance la movilización suficiente para sacudir a la clase política, pero sí mueva a los ciudadanos más predispuestos a ello: que son los votantes más reflexivos sin una identificación partidaria permanente y que el efecto sea exactamente el contrario del que se busca: la consolidación de la fuerza electoral de los partidos con mayor voto duro y mayor capacidad de promoción del voto el día de la jornada electoral, entre los que se encuentra el PRI, que está a unos cuantos puntos porcentuales de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.
Las elecciones normalmente catalizan procesos, magnifican las diferencias y agudizan las percepciones, más cuando se celebran en condiciones tan adversas como en esta ocasión: con una severa recesión económica y una seria crisis de seguridad y, todavía por sí esto fuera poco, en medio de una pandemia mundial de influenza, que precisamente empezó en México. A esto hay que agregarle el bajísimo nivel de confianza en los partidos políticos, que en la última encuesta de evaluación de confianza en las instituciones de Consulta Mitofsky, aparecen en el último lugar, con una calificación de 5.6, sobre 10; y los diputados apenas los superan con 5.7. Por su parte, la Encuesta de Cultura Política que levantó la Secretaría de Gobernación el año pasado, muestra que únicamente el 35 por ciento de los encuestados confían en diputados y senadores y, todavía peor, sólo el 23 por ciento lo hace en los partidos políticos, contra el 33 por ciento que lo hace en promedio mundial, según los datos que arroja la Encuesta Mundial de Valores 2005-2008. Por otra parte, la misma encuesta indica que únicamente el 32 por ciento está satisfecho con la democracia y sólo el 16 por ciento está de acuerdo en que las elecciones en México son limpias. El resultado de este coctel es por demás lógico: campañas electorales que no entusiasman a la ciudadanía y la expectativa, cada día más extendida, de un abstencionismo histórico, que podría rondar por el 65 por ciento. El dato parte de que la encuesta de Mitofsky señala que el 41.7 por ciento de los encuestados señaló que acudiría a las urnas, que sería exactamente el mismo porcentaje que acudió en 2003, sin embargo, vale la pena recordar que en la elección de 2000 acudió a votar el 64 por ciento de los electores potenciales y en la de 2006, únicamente el 58, es decir, 6 puntos porcentuales menos, lo cual traducido al actual proceso electoral conduce a 36 por ciento. Por ello no es sorprendente que lo más destacado y llamativo del presente proceso electoral sea el llamado al voto de protesta por las más diversas voces, algunas con razones de peso y difícilmente rebatibles; y otras, más por resentimientos personales porque sus respectivos partidos los dejaron fuera de las candidaturas. Pero en lo que todas las voces coinciden, incluso entre los analistas que se oponen al llamado, es que hay suficientes motivos para estar indignados contra la clase política mexicana y que es imperativo cambiar el actual estado de cosas. Los únicos que desentonan son los dirigentes de los partidos políticos y las autoridades electorales. El desencanto con el proceso democratizador en México empezó unos meses después de la euforia que provocó la alternancia en el Ejecutivo Federal, después de más de siete décadas de partido hegemónico. En un primer momento se conjugaron dos elementos: las elevadas expectativas en torno a la democracia y la alternancia; y las muy bajas respuestas del primer gobierno panista. Unos meses después de la toma de posesión de Vicente Fox la frase "todos los políticos son iguales, sin importar el partido de procedencia", empezó a convertirse en un lugar común. Sin duda había razones de peso para ello, pues prevalecían la ineficacia, ineficiencia y negligencia gubernamentales; afloraban más y más escándalos de corrupción, pero las sanciones brillaban por su ausencia; se conocían múltiples atropellos y abusos de autoridad y los gobernantes permanecían impasibles. A pesar del desplome de presidencialismo metaconstitucional la ciudadanía no percibía o recibía los beneficios del gobierno del cambio y, obviamente, esto alimentaba el desánimo. Desgraciadamente lo mismo sucedía en las instancias locales, estados y municipios, la ciudadanía también vivía la alternancia en estos niveles; pero las diferencias entre uno y otro también resultaban imperceptibles para la población en general. Ante el descontento con la clase política, en algunos estados, Sonora y Yucatán, los legisladores aceptaron incorporar las candidaturas no partidistas. En Yucatán incluso llegó a ganar un candidato independiente a Presidente Municipal en el municipio de Yobaín, en las elecciones del 20 de mayo del 2007. Sin embargo, la reforma constitucional del 13 de noviembre del 2007 cerró esa posibilidad, pues reformó el artículo 116 para asegurarse que las "Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral" garanticen a los partidos políticos "el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular". Era una muestra clara de cómo los partidos políticos dejaron atrás sus diferencias para unirse en la consolidación y defensa de sus privilegios: un altísimo financiamiento público, acceso excesivo a radio y televisión y cerrar la puerta a la conformación de nuevas opciones políticas por la vía de elevar sus requisitos iniciales. En éste, como en otros temas torales para la vida pública nacional, quedaba claro que el Congreso era simplemente el lugar donde se reúnen los comisionados de los partidos para legitimar las decisiones previamente tomadas por las dirigencias partidistas. Y todavía para recalcar más el control de las cúpulas partidistas: en el presente proceso electoral, según datos del Comité Conciudadano de Observación Electoral, el 90 por ciento de las candidaturas fueron decididas por estas mismas dirigencias, sin la participación de los militantes y/o simpatizantes. El sistema de partidos en México muestra las siguientes características: ostentan el monopolio de la postulación de candidatos a puestos de elección popular; las cúpulas partidistas, aunque en algunos casos aparecen como líderes de las fracciones parlamentarias, mantienen el control sobre los representantes electos, que así siguen las instrucciones de sus órganos de dirección y desatienden a la ciudadanía que los votó; dependen del financiamiento público; viven una creciente burocratización de su vida interna; practican una política intensiva en capital; minimizan sus vínculos con la ciudadanía; y carecen de rendición de cuentas efectiva de los líderes de los partidos. Anular el voto, depositar la boleta en blanco o votar por un candidato no registrado son parte de las opciones que el ciudadano tiene cuando acude a votar, tan legales y legítimas como las de sufragar por un partido político con registro. El voto de protesta o abstencionismo activo contribuye a la construcción de ciudadanía, pues involucra al ciudadano a participar en la vida pública a través de una acción informada y razonada. Dado el grado de descomposición del sistema de partidos y el nivel de cinismo de la clase política la única vía para sacudirlos y moverlos a cambiar el sistema es provocar una crisis y eso es lo que intenta el movimiento. El riesgo es que, dada la improvisación y desarticulación del movimiento, éste no alcance la movilización suficiente para sacudir a la clase política, pero sí mueva a los ciudadanos más predispuestos a ello: que son los votantes más reflexivos sin una identificación partidaria permanente y que el efecto sea exactamente el contrario del que se busca: la consolidación de la fuerza electoral de los partidos con mayor voto duro y mayor capacidad de promoción del voto el día de la jornada electoral, entre los que se encuentra el PRI, que está a unos cuantos puntos porcentuales de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.
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