POLICÍAS MUNICIPALES, ESE PELIGRO

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

De creer a las instancias federales correspondientes, buena parte de las agencias municipales de seguridad pública está podrida. Aunque sólo en Michoacán el combate a las complicidades de ese nivel de gobierno con la delincuencia organizada alcanzó a los alcaldes –siete de ellos están ya formalmente presos, lo mismo que 20 funcionarios de ayuntamientos y del gobierno estatal–, se han multiplicado las redadas contra corporaciones policiacas, a veces en proporciones masivas. El punto más alto en este caso se alcanzó el miércoles 24 en Pachuca, donde fueron detenidos 83 miembros de la gendarmería local, más nueve agentes de la Policía Ministerial. Hasta ese momento la cifra mayor correspondía a los cuerpos de seguridad de varios municipios de Nuevo León, que perdieron 74 agentes aprehendidos por la policía federal, en episodios que por lo menos una vez pudieron suscitar un enfrentamiento armado. En Ciudad Juárez y en Torreón las respectivas corporaciones fueron virtualmente desmanteladas mientras se ponía en claro quiénes de sus integrantes contaban con la probidad necesaria para su función, y al cabo de las operaciones respectivas decenas de agentes quedaron detenidos. En la redada pachuqueña quedó incluido el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, capitán Roberto Terán. Como ocurrió en su turno al de igual cargo en Cuernavaca, Terán Contreras fue llevado junto con sus subordinados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. A la hora de escribir estas líneas, el viernes 26 al mediodía, continuaba "en calidad de presentado", según la fórmula con que se disfraza una detención ilegal. Es de suponerse que en las horas siguientes se pedirá su arraigo y, más adelante, si el Ministerio Público reúne elementos de prueba, se le consignará ante la justicia. El jefe policiaco depuesto (ya lo sustituyó, así sea a título provisional, el director de Prevención del Delito de la propia secretaría, Cuauhtémoc Granados Díaz) es un capitán retirado del Ejército que desde hace varios sexenios ha desempeñado diversos cargos, como el de director de Gobernación y de Transporte. Apenas en enero fue nombrado secretario de Seguridad Pública Municipal, donde probablemente encontró una situación delicada. El año pasado se hizo desaparecer a por lo menos cuatro agentes de la policía municipal, que fueron "levantados" sin que el antecesor de Terán Contreras, Isidoro González Blanco, pareciera preocuparse por la suerte de sus subordinados, que tampoco fueron localizados por la Procuraduría de Justicia estatal. La corrupción en ese cuerpo policiaco había quedado de manifiesto en abril de 2008, cuando, en una balacera, resultó muerto Marcelino Lara Pérez, quien había sido comandante de la policía pachuqueña y, quizá después de un lapso en que actuó con doble carácter, resolvió de plano pasarse a la delincuencia organizada. La seguridad pública hidalguense ha vivido en los años recientes períodos de vulnerabilidad muy perceptible, como causa y efecto del asentamiento de bandas delincuenciales en la entidad, entre ellos Los Zetas. El 19 de septiembre de 2007 fue asesinado el secretario de Seguridad Pública estatal, Marcos Manuel Soubervielle. Mientras recorría el municipio de Huasca, fue ultimado a balazos sin que, hasta donde mi registro alcanza, se hubiera podido hallar a quien lo privó de la vida (lo mismo que a un empresario en cuya compañía viajaba). Soubervielle había sido jefe de la Policía Ministerial en el estado, y cuando el gobernador Jesús Murillo Karam fue designado en 1998 subsecretario de Seguridad Pública (en los tiempos en que esa materia correspondía a Gobernación), lo llevó consigo a Bucareli. Su nombre se hizo notorio porque su firma apareció en la licencia para portar armas que, sin título legal ninguno, llevaba consigo Paco Stanley cuando fue asesinado. A la hora en que Soubervielle padeció esa misma suerte, otros jefes policiacos habían sido también ultimados. La regla de la impunidad había asegurado las andanzas de quienes los asesinaron. La policía municipal de Pachuca es nueva. Tiene menos de una década de existencia. Si bien la reforma constitucional de 1984 ofreció a los ayuntamientos capitalinos la posibilidad de crear sus propios cuerpos en esa materia, mientras en Hidalgo el gobernador priista controlaba a los alcaldes de la misma filiación nadie se atrevió a privar al Ejecutivo federal de una comarca de poder manifestada en el hecho de que el orden público dependiera del gobernador donde residiera. En 2000, sin embargo, el inveterado predominio tricolor se rompió cuando José Antonio Tellería ganó para Acción Nacional ese bastión hasta entonces inabordable. No sin dificultades fue creada la policía municipal, que tal vez nació con pecados y vicios de origen pues para organizarla se acudió a jefes provenientes de otras entidades. Recuperado el ayuntamiento capitalino por el PRI en 2003, las dos siguientes administraciones municipales no pudieron enderezar el funcionamiento de la corporación, que cada vez en mayor medida suscitaba inconformidades entre la población. De sostenerse las imputaciones iniciales, el tamaño de la operación federal contra la policía pachuqueña (y en parte contra la que depende de la Procuraduría estatal) sería indicativo de que esa corporación no sólo practicaba abusos, sino que estaba infiltrada severamente por el narcotráfico y uno de sus brazos armados. Con esa clase de garantes de la seguridad nadie puede vivir tranquilo.