25 AÑOS DE JUSTICIA ELECTORAL

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

Ayer se llevó en la Suprema Corte de Justicia una ceremonia solemne, convocada por su presidente, para celebrar los primeros 25 años de justicia electoral en México. Ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura recordamos cómo el Tribunal Electoral y las instituciones que le antecedieron fueron transformando el funcionamiento de la democracia electoral en el país.

Hemos pasado de un tribunal administrativo (1987) a uno de índole jurisdiccional (1991), coexistiendo, en ambos casos, con colegios electorales capaces de revertir sus decisiones. Es hasta 1996 cuando el Tribunal Electoral se adscribe al Poder Judicial de la Federación, adquiriendo competencias para resolver una amplia variedad de medios de impugnación. En la actualidad, el Tribunal cuenta con facultades, inclusive, para inaplicar preceptos legales contrarios a la Constitución en casos concretos.

El tema de los colegios es ilustrativo. En el pasado eran las cámaras de Diputados y Senadores, erigidas en colegios electorales, las que calificaban la elección de sus propios miembros (autocalificación), o bien la elección de presidente (heterocalificación). El paso a una calificación estrictamente jurisdiccional introdujo los principios de “legalidad” y “división de poderes” al momento climático de un proceso electoral: el examen integral de su validez.

Pero el cambio institucional que ha soportado el cambio democrático no se ha restringido al Tribunal. El rigor y profesionalismo con que el IFE desarrolla sus actividades es ejemplo internacional y nutre de confianza a la ciudadanía.

Los aportes institucionales son mesurables en la medida en que generan cambios profundos en el funcionamiento social. Quizás aquí se encuentre el rasgo más revelador: los actores políticos han asumido al derecho y la razón como vías únicas para dirimir sus conflictos. En lo que va del proceso electoral se han resuelto más de 37 mil medios de impugnación. Más importante, todas las sentencias han sido acatadas y todos los electos han tomado posesión de sus cargos. La “judicialización de la política” no es otra cosa que la sujeción de actores políticos y ciudadanos al Estado de derecho.

La madurez adquirida por las instituciones democráticas es relevante en este momento, pues al concluir la jornada electoral iniciarán las dos etapas finales del proceso electoral: la obtención de resultados y la calificación de la elección presidencial.

A partir del miércoles 4, iniciarán en los 300 consejos distritales del IFE, extenuantes procesos de escrutinio y cómputo de las elecciones de presidente, diputados y senadores que implicarán, en ocasiones, la apertura de los sobres para recontar los votos. Este ejercicio deberá realizarse en forma continua, pues la ley obliga a que esté concluido al domingo siguiente.

Los cómputos pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral, lo cual, es de estimar, ocurrirá con alguna frecuencia. En 2009, el Tribunal recibió 85 juicios de inconformidad para impugnar los resultados de 66 distritos electorales (22% del total).

Pero la contribución del Tribunal Electoral no se agota en la resolución de controversias. Está también a su cargo la elaboración del dictamen de la elección de presidente, el cual debe contener el cómputo final de esa elección y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. El lunes pasado, la Sala Superior designó a tres de sus magistrados para hacerse cargo del proyecto de ese dictamen, el cual deberá ser puesto a consideración del pleno a más tardar el 6 de septiembre.

En palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “de tan alta encomienda, sólo puede salir adelante un Tribunal con credibilidad ganada, a través del profesionalismo, transparencia y responsabilidad en todos sus actos y en todas sus resoluciones”. Confío en que la experiencia acumulada en 25 años serán suficientes para cumplir.