ANA LAURA MAGALONI
"Esta noche quiero decir aquí en Jalisco, con total convicción, que al ganar la Presidencia invitaré al Presidente Calderón para que encabece la Procuraduría General de la República". Estas son las palabras de Josefina Vázquez Mota en su cierre de campaña en Zapopan, Jalisco, el pasado miércoles. Las leo y las vuelvo a leer y mi desconcierto sólo va en aumento. La Presidencia, hasta donde yo entiendo, es un puesto terminal. Ser ex presidente de México significa el privilegio de haber ocupado el cargo público más importante del país. El puesto más deseado, más competido, de mayor impacto y al que sólo llegan muy pocos respecto del enorme universo de personas que desearían ocupar ese cargo. Ofrecer a Calderón la PGR no parece, por tanto, un elogio para el Presidente. Todo lo contrario, en mi opinión es una propuesta que demerita la jerarquía de cualquier ex Presidente. Entonces, si no se trataba de echarle flores al Calderón, ¿qué mensaje político quería mandar Josefina al electorado con este ofrecimiento tan atípico y perturbador?
A mí me resulta desconcertante la propuesta de Josefina porque si tuviese que elegir el área de la administración de Calderón con mayores saldos negativos y atrasos, sería precisamente el rubro de procuración y administración de justicia. Calderón siguió una estrategia de seguridad basada en la supuesta disuasión de los delincuentes a través del ejercicio de la fuerza pública. No fue una estrategia basada en acusaciones, procesos penales y aplicación de la ley. La procuración de justicia, como lo dijo Calderón en varias ocasiones, no formaba parte del corazón de su estrategia. Por ello, el presupuesto de la PGR durante casi todo el sexenio se mantuvo estático, no hubo ningún intento serio de reformar la institución, ni tampoco hubo un espacio de poder real para que el procurador/procuradora ejercieran el control y fiscalización sobre la actuación de policías y Fuerzas Armadas. Ello explica en parte el aumento acelerado a las violaciones de derechos humanos de los detenidos durante este sexenio. Además, la PGR sistemáticamente incumplió su obligación de perseguir los delitos violentos (homicidios, lesiones y secuestros), que, por tratarse de delincuencia organizada, le correspondería investigar y consignar. El argumento de que esos delitos eran del orden local, pero, al mismo tiempo, eran producto del pleito entre organizaciones criminales es un contrasentido. Si realmente eran competencia de las autoridades locales, entonces no podrían ser atribuidos a las organizaciones criminales. Lo que hizo durante todo el sexenio la PGR es rehuir a ejercer las facultades y responsabilidades que la Constitución y la ley le confieren. Se dedicó, por tanto, a perseguir delitos contra la salud y dejar en manos de las colapsadas autoridades locales la persecución de delitos que realmente lastiman a los ciudadanos como homicidios y secuestros producto del crimen organizado.
La administración de Calderón tuvo importantes aciertos en otros rubros distintos a la PGR, por ejemplo, en el manejo cauteloso de la macroeconomía en medio de la crisis mundial, la mayor cobertura del sistema de salud y de vivienda o el fortalecimiento de la Policía Federal, entre otros. ¿Por qué, a Josefina, se le ocurrió elegir "el frijol negro en el arroz" como lugar de reconocimiento a la gestión del presidente Calderón? ¿Qué significa ello respecto de la capacidad crítica del PAN para saber dónde están sus aciertos y sus desaciertos?
En realidad mi preocupación tiene poco que ver con Calderón y el PAN, y mucho que ver con lo que creo debe ser una agenda inmediata de reformas y decisiones que el próximo presidente de México debe tomar. En los años que llevo estudiando el sistema de procuración y administración de justicia, nunca había constatado un retroceso autoritario como el que estamos viviendo. Los policías, federales y locales, han vuelto a institucionalizar la incomunicación y maltrato a detenidos como método de investigación y los MP y jueces son simples ratificadores legales de la arbitrariedad.
Me parece increíble, por ejemplo, que los dos jóvenes, Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, detenido el primero por ser hijo de El Chapo, continúen arraigados en la SIEDO, después de que la DEA claramente dijo que se trataba de otra persona. La Marina y la PGR tendrán problemas para dar una explicación razonable con respecto a lo que a todas luces parece una siembra de armas en la casa de los detenidos. El abogado defensor de los dos jóvenes asegura que hasta la fecha no ha podido hablar con sus clientes. Este tipo de abusos son propios de un régimen autoritario.
Este es uno de los pocos casos que conocemos por la prensa. En las entrañas del sistema de procuración e impartición de justicia hay miles de personas, anónimas en términos mediáticos, que padecen acusaciones falsas y mal hechas con las que todos los días se dictan sentencias que significarán varios años en prisión para ellos y una tragedia y desfalco para toda su familia.
Necesitamos urgentemente que el próximo presidente de México crea que es la ley y no la coacción la forma en que el Estado construye su autoridad y que, por tanto, una PGR creíble, potente y honesta es una pieza clave en su gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario