MARÍA AMPARO CASAR
Mañana conoceremos las últimas mediciones de preferencia electoral. No se espera
ninguna sorpresa. El veredicto final de las encuestas está a la vista. Falta
desde luego el único veredicto que vale: el de la jornada electoral. Si ambos
están alineados, tanto mejor. Si no, peor para las encuestas.
El puntero confía en que el 1o. de julio sea el fiel reflejo de las encuestas. Los de atrás albergan la esperanza de que exista un voto oculto lo suficientemente grande para cambiar el resultado o un vuelco masivo de los indefinidos hacia sus candidaturas. En realidad, el voto oculto nunca se ha visto y los indefinidos se han comportado de una de dos formas: o no salen a votar o sufragan de manera parecida al resto de los votantes. El otro anhelo es el del voto útil. En esta elección es difícil que se presente porque no hay un claro segundo lugar.
Dos aduanas tenemos que cruzar los mexicanos antes de pensar en las perspectivas del nuevo gobierno: la de la jornada electoral y la de la transmisión ordenada del poder.
Son aduanas que no causan preocupación alguna en los países con democracias bien establecidas. No me imagino a un comentarista en esas democracias preocupado por conflictos post-electorales o el paso de estafeta de un equipo gobernante a otro. Los imagino hablando sobre la incertidumbre de los resultados pero no sobre su validez y reconocimiento. Ese es el ingrediente que nos falta. El temor de una reedición del 2006 que tuvo en vilo durante cinco meses a las instituciones y que puso en peligro la transición sigue presente.
En realidad estamos ante la oportunidad y tenemos las condiciones para tener una jornada electoral y una transmisión pacífica del poder exitosas. En ello es central el comportamiento de cuatro actores: las autoridades electorales, los medios, el Presidente y los candidatos junto con sus partidos.
Del IFE no hay por qué albergar dudas. Los consejeros fueron electos con el consenso de todos los partidos y en su actuación no hay viso alguno de parcialidad. Es una institución con probada capacidad para organizar elecciones y llevar a cabo el cómputo distrital. Además de todos los preparativos para poner en manos de los ciudadanos el control de la jornada, operarán los mecanismos diseñados para dar certeza: el Programa de Resultados Preliminares, el conteo rápido y la decisión de proporcionar los resultados a las 11:45 p.m. independientemente de si la elección viene cerrada o no.
Los medios tendrán un papel fundamental pues serán los portavoces de los conteos rápidos y encuestas de salida. Transmitirán los resultados del PREP para que quien no tenga acceso a internet esté informado de los acontecimientos electorales. Serán un elemento más de certeza.
Del Presidente también cabe esperar responsabilidad. No hay nada que haga dudar de que dará su reconocimiento a quien resulte ganador.
En donde persiste la duda es en la actuación de los candidatos y sus partidos. La buena noticia es que hasta el momento todos han decidido jugar dentro de la institucionalidad. La mala es que no hay claridad sobre cómo se comportarán la noche del 1o. de julio y durante el largo y absurdo interregno que media entre el día de la elección y el día de la toma de posesión.
Una elección cerrada -qué tan cerrada no lo sabemos- sigue siendo una invitación para que antes de conocer los resultados cada candidato se declare vencedor; una tentación para que el perdedor descalifique el proceso, la jornada y las propias instituciones; un motivo para desconocer los resultados y llamar a un conflicto post-electoral.
Sería absurdo afirmar que las campañas han sido un ejercicio de pulcritud democrática. Las impugnaciones por comisión de faltas y delitos electorales -de todos los partidos- se cuentan por cientos. Todas ellas ensombrecen el proceso electoral y hablan de la calidad de nuestra clase política.
Dado el comportamiento de los partidos, es muy probable que el día de la jornada también se presenten irregularidades y que algunos intenten la compra y coacción del voto. Como lo han hecho hasta ahora, los quejosos deberán llevar sus impugnaciones ante las autoridades.
Lo que no se vale es desconocer que los votos emitidos se contarán con toda pulcritud, que los consejeros actuarán con imparcialidad, que en más del 97% de las casillas se han registrado representantes de cuando menos tres partidos políticos y que la declaración de validez de la elección se hará conforme a derecho. El domingo siguiente se dará a conocer el cómputo distrital y se confirmará qué candidato recibió más votos. Después habrá que esperar la declaración de validez de la elección y junto con ella que la transmisión de poder no ocurra en las lamentables circunstancias en las que ocurrió en el 2006.
El puntero confía en que el 1o. de julio sea el fiel reflejo de las encuestas. Los de atrás albergan la esperanza de que exista un voto oculto lo suficientemente grande para cambiar el resultado o un vuelco masivo de los indefinidos hacia sus candidaturas. En realidad, el voto oculto nunca se ha visto y los indefinidos se han comportado de una de dos formas: o no salen a votar o sufragan de manera parecida al resto de los votantes. El otro anhelo es el del voto útil. En esta elección es difícil que se presente porque no hay un claro segundo lugar.
Dos aduanas tenemos que cruzar los mexicanos antes de pensar en las perspectivas del nuevo gobierno: la de la jornada electoral y la de la transmisión ordenada del poder.
Son aduanas que no causan preocupación alguna en los países con democracias bien establecidas. No me imagino a un comentarista en esas democracias preocupado por conflictos post-electorales o el paso de estafeta de un equipo gobernante a otro. Los imagino hablando sobre la incertidumbre de los resultados pero no sobre su validez y reconocimiento. Ese es el ingrediente que nos falta. El temor de una reedición del 2006 que tuvo en vilo durante cinco meses a las instituciones y que puso en peligro la transición sigue presente.
En realidad estamos ante la oportunidad y tenemos las condiciones para tener una jornada electoral y una transmisión pacífica del poder exitosas. En ello es central el comportamiento de cuatro actores: las autoridades electorales, los medios, el Presidente y los candidatos junto con sus partidos.
Del IFE no hay por qué albergar dudas. Los consejeros fueron electos con el consenso de todos los partidos y en su actuación no hay viso alguno de parcialidad. Es una institución con probada capacidad para organizar elecciones y llevar a cabo el cómputo distrital. Además de todos los preparativos para poner en manos de los ciudadanos el control de la jornada, operarán los mecanismos diseñados para dar certeza: el Programa de Resultados Preliminares, el conteo rápido y la decisión de proporcionar los resultados a las 11:45 p.m. independientemente de si la elección viene cerrada o no.
Los medios tendrán un papel fundamental pues serán los portavoces de los conteos rápidos y encuestas de salida. Transmitirán los resultados del PREP para que quien no tenga acceso a internet esté informado de los acontecimientos electorales. Serán un elemento más de certeza.
Del Presidente también cabe esperar responsabilidad. No hay nada que haga dudar de que dará su reconocimiento a quien resulte ganador.
En donde persiste la duda es en la actuación de los candidatos y sus partidos. La buena noticia es que hasta el momento todos han decidido jugar dentro de la institucionalidad. La mala es que no hay claridad sobre cómo se comportarán la noche del 1o. de julio y durante el largo y absurdo interregno que media entre el día de la elección y el día de la toma de posesión.
Una elección cerrada -qué tan cerrada no lo sabemos- sigue siendo una invitación para que antes de conocer los resultados cada candidato se declare vencedor; una tentación para que el perdedor descalifique el proceso, la jornada y las propias instituciones; un motivo para desconocer los resultados y llamar a un conflicto post-electoral.
Sería absurdo afirmar que las campañas han sido un ejercicio de pulcritud democrática. Las impugnaciones por comisión de faltas y delitos electorales -de todos los partidos- se cuentan por cientos. Todas ellas ensombrecen el proceso electoral y hablan de la calidad de nuestra clase política.
Dado el comportamiento de los partidos, es muy probable que el día de la jornada también se presenten irregularidades y que algunos intenten la compra y coacción del voto. Como lo han hecho hasta ahora, los quejosos deberán llevar sus impugnaciones ante las autoridades.
Lo que no se vale es desconocer que los votos emitidos se contarán con toda pulcritud, que los consejeros actuarán con imparcialidad, que en más del 97% de las casillas se han registrado representantes de cuando menos tres partidos políticos y que la declaración de validez de la elección se hará conforme a derecho. El domingo siguiente se dará a conocer el cómputo distrital y se confirmará qué candidato recibió más votos. Después habrá que esperar la declaración de validez de la elección y junto con ella que la transmisión de poder no ocurra en las lamentables circunstancias en las que ocurrió en el 2006.
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