JOSE RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Hace 20 años se publicó el libro de Fernando Escalante Ciudadanos imaginarios. La tesis central de este importante trabajo es que las normas establecidas a lo largo del siglo XIX para construir ciudadanía poco o nada tenían que ver con las prácticas y modos de actuación de los principales cuerpos sociales de aquellos años. Cada uno de ellos tenía sus propios sistemas de reglas que excluían a otras, entre ellos, y en buena medida, al que trataba de construirse como el "orden jurídico nacional".
Recordar el trabajo de Escalante viene bien en estos días, cuando diversos actores han sabido mantener o inclusive construir sus propios sistemas de reglas. Sistemas propios y, nuevamente, diferenciados de otros sistemas corporativos o gremiales, pero también distintos al orden jurídico nacional por el que, en principio, debiéramos regirnos todos. Desde luego, acepto la complejidad de la idea moderna de que todos nos rijamos por una misma e idéntica norma en todas las situaciones. No estoy hablando, entonces, de una especie de perfecta aplicabilidad normativa, pues ésta es posible sólo en condiciones de perfecta homogeneidad social, lo que desde luego y por fortuna no tenemos ni debemos aspirar a tener.
Lo que estoy tratando de señalar es otra cosa, tal vez más complicada por resbaladiza. ¿Cuál es el grado de diferenciación que resulta posible admitir en el interior de un orden jurídico nacional en cuanto a la regulación de conductas humanas? Hoy nadie discute más la existencia de normas concretas para regular las conductas de sujetos igualmente concretos, sean estos indígenas, personas con discapacidad, menores de edad o profesionales de tal o cual tipo. Sin embargo, siempre que esta situación se presenta es a través del propio orden jurídico como se identifica a ciertos sujetos y se les asignan consecuencias distintas a sus actos.
El problema al que me refiero es otro: ¿qué sucede cuando muchos sujetos o grupos sociales "cuentan" con reglas de conducta propias y, en buena medida, ajenas al orden jurídico que se supone común a todos? Al mencionar estos casos desde luego se piensa en la delincuencia organizada, como si sólo ellos hubieran construido sus propias reglas. Sin embargo, si ampliamos la visión un poco más, bien podemos identificar a otros muchos sectores que hoy tienen una condición similar. Por una consabida pero tampoco justificada manera de ver las cosas muy apegada a nuestros prejuicios, se pensará en ambulantes, pepenadores y sujetos en condición socioeconómica semejante. Sin embargo, y con un poco más de objetividad, pudieran agregarse empresarios de diverso signo, profesionistas y otros muchos sujetos en buenas condiciones socioeconómicas. Unos y otros tratan de regirse por sus propias reglas, a fin de preservar sus propias situaciones.
Creo que hoy vivimos y, tal vez, de manera creciente, una situación en la que conviven diversos sistemas de regulación de conductas. Una situación que los abogados solemos considerar como ineficaz: el derecho nacional no logra encaminar una parte importante de las conductas de quienes, por su pertenencia a un mismo Estado nacional, debieran regir sus conductas por él. El asunto no es nuevo, ni estoy descubriendo aquí nada de lo que otros no hayan hablado antes. Lo que quiero significar es sólo un aspecto del problema que no suele considerarse y para lo cual me valgo de las ideas de Escalante.
De seguir las cosas como van, ¿no podríamos llegar a una situación en la que lo imaginario no fueran ya sólo los ciudadanos sino, más aun, las autoridades? ¿Una situación en la que por la diversidad de reglas de conducta y la consiguiente ineficacia del orden jurídico las autoridades no tuvieran (en el sentido que venimos hablando) normas que aplicar? Es decir, un manto en el que la actuación de las autoridades fuera tan poco relevante que aquello que determinaran no tuviera la posibilidad de afectar la realidad. Las autoridades serían aquí, como se decía de los ciudadanos del siglo XIX, imaginarios.
No se trata, y esto es obvio, de propugnar una vuelta al autoritarismo y ello por dos razones. La primera, por lo muy ineficaz que suelen ser los gobiernos de ese tipo para generar la aplicación generalizada de un orden jurídico sobre sus clientelas; la segunda, sobre todo, por los graves defectos morales que ese tipo de regímenes suelen tener. Únicamente pretende llamar la atención de que la progresiva ineficacia del orden jurídico sigue fragmentando las condiciones básicas de nuestra complicada convivencia social. Generar o mantener espacios ajenos a ese orden afecta a ciudadanos y autoridades. Es un buen momento para reflexionar lo que significaría que estos últimos perdieran la capacidad de conducir los esfuerzos nacionales que tanta falta nos están haciendo. Lo peor que podríamos hacer es, a la luz del discurso que se quiera, seguir debilitando a nuestras autoridades. Pensemos cómo establecemos controles o profesionalicemos a sus titulares, pero en modo alguno las debilitemos. No terminemos reforzando su estatus puramente imaginario.
Recordar el trabajo de Escalante viene bien en estos días, cuando diversos actores han sabido mantener o inclusive construir sus propios sistemas de reglas. Sistemas propios y, nuevamente, diferenciados de otros sistemas corporativos o gremiales, pero también distintos al orden jurídico nacional por el que, en principio, debiéramos regirnos todos. Desde luego, acepto la complejidad de la idea moderna de que todos nos rijamos por una misma e idéntica norma en todas las situaciones. No estoy hablando, entonces, de una especie de perfecta aplicabilidad normativa, pues ésta es posible sólo en condiciones de perfecta homogeneidad social, lo que desde luego y por fortuna no tenemos ni debemos aspirar a tener.
Lo que estoy tratando de señalar es otra cosa, tal vez más complicada por resbaladiza. ¿Cuál es el grado de diferenciación que resulta posible admitir en el interior de un orden jurídico nacional en cuanto a la regulación de conductas humanas? Hoy nadie discute más la existencia de normas concretas para regular las conductas de sujetos igualmente concretos, sean estos indígenas, personas con discapacidad, menores de edad o profesionales de tal o cual tipo. Sin embargo, siempre que esta situación se presenta es a través del propio orden jurídico como se identifica a ciertos sujetos y se les asignan consecuencias distintas a sus actos.
El problema al que me refiero es otro: ¿qué sucede cuando muchos sujetos o grupos sociales "cuentan" con reglas de conducta propias y, en buena medida, ajenas al orden jurídico que se supone común a todos? Al mencionar estos casos desde luego se piensa en la delincuencia organizada, como si sólo ellos hubieran construido sus propias reglas. Sin embargo, si ampliamos la visión un poco más, bien podemos identificar a otros muchos sectores que hoy tienen una condición similar. Por una consabida pero tampoco justificada manera de ver las cosas muy apegada a nuestros prejuicios, se pensará en ambulantes, pepenadores y sujetos en condición socioeconómica semejante. Sin embargo, y con un poco más de objetividad, pudieran agregarse empresarios de diverso signo, profesionistas y otros muchos sujetos en buenas condiciones socioeconómicas. Unos y otros tratan de regirse por sus propias reglas, a fin de preservar sus propias situaciones.
Creo que hoy vivimos y, tal vez, de manera creciente, una situación en la que conviven diversos sistemas de regulación de conductas. Una situación que los abogados solemos considerar como ineficaz: el derecho nacional no logra encaminar una parte importante de las conductas de quienes, por su pertenencia a un mismo Estado nacional, debieran regir sus conductas por él. El asunto no es nuevo, ni estoy descubriendo aquí nada de lo que otros no hayan hablado antes. Lo que quiero significar es sólo un aspecto del problema que no suele considerarse y para lo cual me valgo de las ideas de Escalante.
De seguir las cosas como van, ¿no podríamos llegar a una situación en la que lo imaginario no fueran ya sólo los ciudadanos sino, más aun, las autoridades? ¿Una situación en la que por la diversidad de reglas de conducta y la consiguiente ineficacia del orden jurídico las autoridades no tuvieran (en el sentido que venimos hablando) normas que aplicar? Es decir, un manto en el que la actuación de las autoridades fuera tan poco relevante que aquello que determinaran no tuviera la posibilidad de afectar la realidad. Las autoridades serían aquí, como se decía de los ciudadanos del siglo XIX, imaginarios.
No se trata, y esto es obvio, de propugnar una vuelta al autoritarismo y ello por dos razones. La primera, por lo muy ineficaz que suelen ser los gobiernos de ese tipo para generar la aplicación generalizada de un orden jurídico sobre sus clientelas; la segunda, sobre todo, por los graves defectos morales que ese tipo de regímenes suelen tener. Únicamente pretende llamar la atención de que la progresiva ineficacia del orden jurídico sigue fragmentando las condiciones básicas de nuestra complicada convivencia social. Generar o mantener espacios ajenos a ese orden afecta a ciudadanos y autoridades. Es un buen momento para reflexionar lo que significaría que estos últimos perdieran la capacidad de conducir los esfuerzos nacionales que tanta falta nos están haciendo. Lo peor que podríamos hacer es, a la luz del discurso que se quiera, seguir debilitando a nuestras autoridades. Pensemos cómo establecemos controles o profesionalicemos a sus titulares, pero en modo alguno las debilitemos. No terminemos reforzando su estatus puramente imaginario.
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