JAVIER CORRAL JURADO
El 6 de junio, en este espacio, adelanté que la Comisión Federal de Competencia aprobaría, bajo condiciones insuficientes, la fusión de Televisa-Iusacell en el mercado de la telefonía e internet, dando paso a una de las concentraciones mediáticas más importantes y a la vez deplorables del mundo. Dije que las presiones habían triunfado sobre el conjunto de los comisionados, doblando en definitiva al organismo que a partir de esta resolución se desfigura en su misión esencial y comete el mayor despropósito en términos de la política de competencia del Estado, al convertir al duopolio de la televisión en un monopolio. Aunque tratarían de engatusar a la opinión pública con el lanzamiento de una tercera cadena, lo cual no está entre sus facultades.
En ese texto cometí un error, basado en la confianza plena que tengo por una de las fuentes que nutrieron la información que ofrecí: señalé que las presiones habían triunfado sobre Miguel Flores Bernés, el comisionado que en la primera resolución del 24 de enero, cuando se negó la fusión, hizo mayoría con Eduardo Pérez Mota y Rodrigo Morales Elcoro, y afirmé: “esto orienta al conjunto del organismo antimonopolios que, a partir de este miércoles, pierde esa categoría pues autorizará una de las concentraciones económicas más perniciosas para el mercado de las telecomunicaciones y de nefastas consecuencias para la democracia y las libertades de expresión y de información”. Debo a Flores Bernés y a mis lectores una disculpa, porque el único comisionado que no se dobló fue precisamente él. Consta en el comunicado de la Cofeco del jueves 14 de junio. Del resto del contenido de mi artículo me sigo haciendo cargo porque, tal cual lo adelanté, se confirmó. La decisión mayoritaria de los integrantes de la Cofeco constituye una auténtica burla al momento que vive México, caracterizado por la exigencia social de una plena democratización de los medios, basada en ampliar la competencia entre empresas de uso comercial, acrecentar la diversidad de medios públicos y garantizar la pluralidad de contenidos.
No es cierto que las condiciones impuestas a esa fusión expulsen los riesgos de la colusión entre Televisa y TV Azteca, en el campo de la información. Tenemos años viendo cómo se imponen al Estado en estrategias conjuntas para legislar a su medida, conseguir condonaciones fiscales o ampliar sus concesiones. Cuando sus intereses pretenden ser afectados, siempre se ponen de acuerdo.
Tampoco es cierto que se ha evitado la práctica anticompetitiva de la venta de los canales abiertos a los sistemas restringidos de televisión. Dish, perjudicada por la decisión de Cofeco, ha publicado su postura, señalando que este organismo “consintió que Televisa y TV Azteca cobren por la señal de sus canales abiertos 1.70 y .50 dólares respectivamente a todos los hogares con televisión restringida, en vez de hacerlo opcional para los hogares que así lo soliciten. Encareciendo sustancialmente el servicio de televisión restringida en perjuicio de todas las familias mexicanas”. En efecto, esto es lo que me parece una aberración: que señales que la ley señala como abiertas, y por lo tanto gratuitas, se cobren de manera adicional a la única explotación comercial que les es permitida, la venta de publicidad.
Sin embargo, lo que me parece realmente vergonzoso es lo que Dish señala en su comunicado: “La Cofeco, por segunda ocasión, impide a Dish poder llevar las señales de TV abierta al ratificar y agregar condiciones discriminatorias que resultan restrictivas e irrazonables. (Ver pág. 576, inciso 6 de la resolución). Como ejemplo de lo anterior, sólo mencionamos una: ‘cualquier empresa que haya iniciado juicios en contra de la televisora no tiene derecho a llevar las señales de TV abierta en su sistema’”. Lo anterior confirma la versión de que no sólo fueron presionados los comisionados, sino sometidos al texto y proyecto de resolución que las televisoras redactaron a su conveniencia. Y todavía tuvieron el descaro de expresar que estaban pensando si aceptaban o no el condicionamiento de la fusión.
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