JORGE ALCOCER
En todo proceso electoral su resultado, y las decisiones de las autoridades electorales, son evaluados y calificados según la lente -partidista, ideológica, filias, fobias- de los opinantes; eso es parte de la normalidad, por no decir rutina, de las sociedades democráticas.
Corresponde al análisis, sea académico o profesional, aportar elementos de juicio, objetivos e imparciales, hasta donde ello es humanamente posible, para evaluar con otra lente y trascender la reacción epidérmica.
La elecciones federales concluyeron el pasado viernes con la entrega de la constancia de mayoría que acredita a Enrique Peña Nieto como Presidente electo; el día previo, la Sala Superior del TEPJF conoció y aprobó, por unanimidad, la sentencia que declara infundados los planteamientos de nulidad expuestos por el Movimiento Progresista en el juicio de inconformidad 359/2012.
Se puede valorar esa sentencia en forma aislada, como un hecho en sí mismo, del que solo importa el efecto que produce. También es posible hacerlo a partir de sus argumentos y su congruencia, ubicándola en el contexto del proceso electoral en conjunto, considerando las normas constitucionales y legales reformadas en 2007-2008.
Si al segundo criterio atendemos, debemos valorar cada etapa del proceso electoral; los acuerdos del Consejo General del IFE y las sentencias del TEPJF, emitidas y cumplidas a lo largo de casi un año.
Al hacerlo así, es posible afirmar que, tanto en sus aspectos técnicos y operativos, como en sus contenidos sustanciales, tuvimos una elección apegada a los principios constitucionales, y que sus resultados, tanto para Presidente como para diputados y senadores, reflejan la voluntad de los ciudadanos.No es que las elecciones hayan sido perfectas, inmaculadas; nadie sostiene ese extremo, que yo sepa. El debate es, y seguirá siendo, en torno a la ocurrencia de las irregularidades denunciadas y a su impacto en el voto ciudadano, en la libertad y secrecía del mismo.
Son muchas las lecciones que dejan estos largos meses, los trabajos que precedieron a la jornada comicial. Pero hay un hecho que algunos siguen ignorando. Me refiero a que tuvimos tres elecciones federales y 16 locales, pero las denuncias de violaciones graves están concentradas en la presidencial, como si las de diputados y senadores, de gobernadores y jefe de Gobierno, hubiesen ocurrido en otro espacio y tiempo.
Se deja de lado que, en materia de fiscalización de los gastos de campaña, las normas vigentes no están correlacionadas con las de nulidad ni con los tiempos para la calificación de la elección presidencial.
Hay normas que será necesario cambiar; hechos o circunstancias que deben ser borradas de la faz del terreno comicial; después de dos elecciones federales y más de 50 locales, hay información suficiente para que, sin prisas pero sin pausa, se haga el balance de la reforma electoral. En esa tarea, un capítulo corresponde al desempeño del TEPJF, y un acápite a lo ocurrido los días 30 y 31 de agosto de 2012, distinguiendo entre el contenido de la sentencia y la forma de su presentación.
De la primera lectura de la sentencia, dejando pendientes aspectos que merecen ser analizados con mayor detalle, mi valoración es que aborda, de manera sistemática, cada uno de los agravios expuestos y las pruebas entregadas por el Movimiento Progresista, así como los elementos aportados por diversas instancias del IFE, especialmente por la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos.
El TEPJF tiene límites constitucionales y legales cuando estudia y resuelve las impugnaciones a los resultados electorales. Hay que tener presente que la plenitud de jurisdicción no es sinónimo de arbitrariedad, y que el principio de exhaustividad se cumple respecto de los argumentos y pruebas que están en el expediente. No corresponde a los magistrados electorales erigirse en defensores de los quejosos, ni sustituir al IFE en las tareas de fiscalización.
La LXII Legislatura del Congreso de la Unión ha iniciado su mandato; voceros de los tres mayores grupos parlamentarios han tendido puentes para el diálogo y la negociación. Están presentadas las dos primeras iniciativas preferentes suscritas por el Ejecutivo.
La elección concluyó. Punto y aparte.
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