CÁRCELES

CARMEN ARISTEGUI

La fuga masiva de reos -la cifra quedó en 131- en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, en Coahuila, de esta semana, vuelve a poner en evidencia la crisis carcelaria por la que atraviesa nuestro país. Una de las más graves de la historia.

Hoy se sabe que los reos salieron, el pasado lunes, por la puerta del penal y no por un túnel, como se dijo al principio. Hizo recordar la historia de El Chapo Guzmán, que salió de Puente Grande -según la versión oficial- en un carrito de lavandería.

Los reos recapturados dijeron que la salida había sido por la puerta y que el evento ocurrió alrededor de las diez de la mañana, aunque -ahora se sabe- el director del penal notificó varias horas después. Se supo también que, horas antes de la fuga, personas y vehículos no autorizados entraron al penal.

El caso se suma a la gran cantidad de fugas que se han registrado durante el sexenio. Casi un millar. Varias masivas.

El gobierno federal dice que los reos se fugan de las cárceles estatales y no de las federales tratando de sacudirse responsabilidad. Los gobiernos de los estados dicen que la Federación envía a sus cárceles a los reos federales de alto peligro y que éstos deberían estar en otros sitios. La mezcla de reos por delitos del orden común con reos por delitos federales produce todo tipo de efectos nocivos.

En los no pocos estudios que existen sobre esta crisis carcelaria, se coincide en que estamos frente a una bomba de tiempo.

La sobrepoblación alcanza, por lo menos, al 30 por ciento promedio de los cerca de 450 penales que hay en el país. En algunos lugares la sobrepoblación alcanza el 200 por ciento.

Además de las fugas, son recurrentes las riñas y los asesinatos -cerca de 400 en los últimos seis años-, las extorsiones dentro de la cárcel y de la cárcel hacia fuera, motines y, desde luego, fenómenos de autogobierno como el que parece haberse registrado en Piedras Negras, cuyo penal contaba con un túnel que, si no sirvió para la fuga principal, tal vez sí para algunos otros usos colaterales.

Nadie supone que las cárceles mexicanas son sitios para la rehabilitación y futura reinserción de las personas. Se da por sentado que ingresar a un penal conllevará -además del intrínseco castigo de perder la libertad- un conjunto de penalidades adicionales que atentan contra la seguridad, la integridad y la propia dignidad de las personas.

Apenas esta semana tuve conocimiento de un caso que involucra a dos hermanos que fueron acusados por un delito de fraude procesal. Hombre y mujer, a ella la enviaron al reclusorio de Santa Martha. Los familiares narraron que fueron sometidos a un procesamiento que calificaron de irregular. Sobre la hermana dijeron que hace tres semanas estaba, junto con su familia, atendiendo un negocio en la Central de Abasto; fue procesada, junto con su hermano, por un asunto de carácter mercantil y padece ahora un tipo de reclusión que significa compartir una celda ocupada por 19 mujeres que duermen en el suelo y que -las que pueden- pegan cabeza con cabeza para tratar de evitar ser pateadas durante la noche. La mujer tiene hoy el cuerpo completamente enronchado porque la zona del penal en donde está recluida, y viviendo en hacinamiento, está invadida por una plaga de chinches.

Historias de cárceles en México dan cuenta, por ejemplo, de los reos hombres que se cuelgan sosteniendo sus cuerpos de las axilas para poder ocupar el menor espacio posible y poder descargar el cuerpo e intentar descansar. Lo menos que se exige a un sistema carcelario es seguridad y condiciones humanas de reclusión. Lo que hoy tenemos es caldo de cultivo para fugas, rebeliones, abusos, violencia y corrupción.

¿Cuántas de las cárceles en México están regidas por el autogobierno? ¿En cuántos lugares los custodios, directivos y funcionarios forman parte de la cadena criminal que domina estos lugares? ¿Hasta dónde llegan los eslabones de quienes se benefician y hacen negocio cobrando dentro de las cárceles: permisos, visitas conyugales, fajinas, cualquier cosa? ¿Cuánta riqueza produce esa corrupción y hasta qué circuitos llega?

De los muchos quebrantos que pueden darse en el orden institucional de un país, los que más gravedad revisten se refieren, precisamente, a los del sistema carcelario. No hay otro lugar imaginable en una sociedad en donde el Estado debe tener el control más absoluto sobre la vida, seguridad y las condiciones de un ser humano que en una cárcel. Las fugas masivas de las cárceles son el gran síntoma de un sistema trastocado.