JAVIER CORRAL JURADO
En la primera sesión del Senado de la República, cuatro senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional: Marcela Torres Peimbert, de Querétaro; Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo Celada, ambos de Baja California, y quien esto escribe, presentamos una iniciativa para crear la Ley Federal de Comunicación Gubernamental que pretende regular el correcto uso de los recursos públicos en la contratación de propaganda en los medios masivos de comunicación.
Buscamos reglamentar la reforma constitucional que en 2007, adicionó tres párrafos al artículo 134, y generó obligaciones que hasta ahora no tienen un marco jurídico secundario que las concrete en los hechos:
“Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.
El artículo tercero transitorio del decreto que reformó este artículo de la Constitución, de fecha 13 de noviembre de 2007, establece que: “El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto”. Este plazo se venció el 13 de diciembre de 2007, sin que a la fecha se haya aprobado alguna reforma que posibilite el cumplimiento de estos preceptos.
Sólo contamos con la reforma del Cofipe que en su ámbito de competencia ha materializado una parte de la reforma constitucional, lo que ha llevado al IFE a una carga excesiva en sus responsabilidades de vigilancia y a tener que entrar a substituir a otras áreas del gobierno.
Lo más preocupante de esta insuficiencia legal es que ha mantenido la discrecionalidad política en el otorgamiento de recursos para la contratación de espacios en medios, ha originado un derroche de dinero público en medios sin asidero social y generado una relación clientelar medios-poder que actúa a su vez, en las contiendas electorales, como una de las fuentes de la mayor inequidad en las campañas. La ausencia de esta ley reglamentaria atenta contra la transparencia y rendición de cuentas en todo el país.
La comunicación gubernamental debe ser evaluada y en consecuencia normada a partir de al menos dos de sus repercusiones directas ante la ciudadanía: a) Los fines y su expresión en el contenido; y b) Los costos y recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, transmisión y evaluación.
Bajo estos ejes, se ubica así, el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al Estado anunciante o propagandístico que ha transformado negativamente su relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad mediante spots u otras formas de comunicación similares un empeño desproporcionado y cuantiosos recursos, transformando la finalidad fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan. Hoy las "políticas de comunicación" no son otra cosa que relaciones publicitarias con “audiencias” mediatizadas a través de slogans o mensajes telegráficos que no sólo no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio Estado.
La regulación propuesta se plantea nivel nacional y local, considerando las características de nuestra Constitución y la autonomía de los Estados que conforman la República Mexicana, para establecer el seguimiento preciso de los recursos públicos de la federación y las líneas y criterios para que sean adoptados por normas internas en los estados de la República.
Proponemos que la publicidad oficial sea entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública.
Que la distribución no sea discrecional. La asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes. Ningún criterio puede estar ligado a la opinión o línea editorial de los medios de comunicación. Estos criterios deberían incluir y evaluar distintos factores, tales como: el perfil del medio y el público al que va destinada la campaña; los precios; la circulación para los medios gráficos o audiencia en el caso de televisión, radio e Internet. La selección de los medios no debe estar basada exclusivamente en la medición de circulación o audiencia.
Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en comunicación gubernamental, que se financian con fondos públicos. La ley debe establecer mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso a esta información por parte del público en general. Esta información debería incluir: a) Los presupuestos aprobados que deberían publicarse en Internet; b) Informes detallados y periódicos de los gastos efectuados en comunicación gubernamental; c) Información puntual sobre los procesos de contratación de la comunicación.
Es una materia que requiere de una vigilancia y control externo. Por ello se plantea en la iniciativa, un consejo consultivo que evaluará los objetivos, la necesidad y la oportunidad de las campañas de comunicación gubernamental y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Es evidente que la comunicación gubernamental entendida como publicidad o propaganda no es la mejor solución para la comunicación gobierno-ciudadanos y esto se hace cada vez más patente y se pervierte por varios motivos, entre ellos, por la búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios públicos, sin importar la finalidad de la comunicación; Gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente; el establecimiento de mecanismos de “ayuda” a los medios de comunicación como forma de inversión directa para establecer “buenas relaciones” o “castigos” a través de la compra de espacios. Porque en no pocas ocasiones la propaganda gubernamental se ha convertido en mecanismo de condicionamiento a la línea editorial del medio.
Resulta indispensable una reforma jurídica que revise de manera responsable la asignación de los recursos públicos para la comunicación gubernamental. En este caso, la sociedad ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que en estos rubros se aplican frente a las necesidades económicas de miles de mexicanos, sino por la superficialidad y saturación que poco abona a los objetivos que originalmente se pensaron para esta importante forma de información a los ciudadanos.
En México se hanpodido constatar abusos generalizados por parte de funcionarios públicos en esta materia a lo largo de décadas, lo cual no ha podido ser acotado a través de marcos jurídicos adecuados, ya que no se cuenta con reglas claras en cuanto a la planeación, producción y contratación de la publicidad oficial.
Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones para poder conocer las acciones de gobierno que les involucra, tener información acerca de sus derechos y obligaciones, trámites o servicios, entre otros aspectos, para poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente complejo.
Estoy convencido, que la nueva legislatura federal debe promover activamente no sólo la transparencia en el gasto de la comunicación gubernamental, sino aprovechar todos los mecanismos disponibles y generar nuevos, para que ese gasto sea realizado de manera eficiente. Con la eficiencia se quiere decir que la inversión sea verdaderamente correspondiente con los beneficios sociales. Al tema lo respalda de una manera vigorosa los más importantes instrumentos del derecho internacional, en la perspectiva de los derechos humanos; como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su Artículo 13 inciso 3 prohíbe la restricción de la libertad de expresión “por vías o medios indirectos”.
Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
P.D. El Presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, me propuso ante los grupos parlamentarios del Partido para ser el Consejero del Poder Legislativo ante el Instituto Federal Electoral. Asumí esta responsabilidad el pasado miércoles al rendir la protesta de ley en el pleno de su Consejo General. Expliqué algunos de los objetivos de mi encomienda, entre ellos: exigir al IFE, el esclarecimiento exhaustivo, puntual y pleno, de la estructura que el PRI montó para pagar su tropel de operadores electorales, que no fueron reportados y que fueron financiados –muy probablemente- por empresas mercantiles o por otras fuentes, expresamente prohibidos por la ley.
Si hay una sombra de duda sobre la elección de 2012, es esa cascada de dinero que cayó sobre la elección del Señor Peña Nieto. Como senador y como ciudadano, daré un seguimiento puntual a esta investigación y al logro de su esclarecimiento y sanción correspondiente. El caso Monex, especialmente, está en el centro de la denuncia de mi partido y no vamos a quitar el dedo de ese reglón que empaña, como ningún otro, las elecciones del 2012. Lucharé denodadamente para que este caso no quede impune. Tope donde tope, es el acuerdo con Madero.
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