RICARDO BECERRA
El difunto Arthur C. Clarke se burlaba de los technothrillers tipo “Terminator” por la ilógica de su argumento conductor: “...viajas al pasado –desde un lejano futuro- para impedir que ocurra la destrucción del mundo. Lo siento: ellos mismos son la prueba de que ese hecho no ocurrió jamás, la destrucción del mundo no fue, tan es así, que los del futuro están allá, beneficiarios de la prudencia de los antiguos a los que ahora husmean… La lógica y el tiempo trabajan al revés, precisamente al revés”.
Esta rotunda sensatez de Clarke viene a cuento para nuestro interminable debate postelectoral en el que seguimos metidos. Vean si no.
Según algunos conspicuos representantes del partido en el gobierno, resulta que la “calidad” del proceso electoral debe apreciarse en bola y en el futuro, cuando ya ha ocurrido todo, o casi todo, consumados los pasos y eslabones organizativos que obliga la ley. Según esta visión, el proceso electoral no se va calificando en un continuo, pieza tras pieza, a lo largo de un montón de circuitos de decisión y corrección, sino que su “valoración general” se traslada al análisis de jueces remotos.
Pero no: “la lógica y el tiempo trabajan al revés, precisamente al revés”. Me explico.
Las elecciones en México son un edificio que –como cualquier otro- se construye de abajo hacia arriba. El piso tres no inicia si no ha quedado construido y validado el dos, y éste ha dependido de la validación del piso uno, y así sucesivamente. Por ejemplo: sin actualizar, revisar, auditar al padrón electoral, sin posibilitar que cualquier partido lo impugne, que cualquier ciudadano reclame su lugar en él, que el Tribunal Electoral pueda analizar cada caso y emitir una sentencia, el padrón no quedará firme: no será válido ni definitivo, como dicen los abogados.
Y del padrón depende el número de casillas, las personas que deben ser sorteadas, el número de boletas, los programas de resultados de la votación y casi todo el entramado electoral. De modo que su estudio y validación no ocurre “en el futuro”, a posteriori, cuando el toro ya pasó, sino en la intensidad misma del proceso electoral.
La cosa funciona así: toda decisión y todo acto que realiza el IFE es discutido en comisiones por todos los partidos políticos; de allí suben al Consejo General o a 332 Consejos Locales y Distritales. En el hiperreal universo electoral, todo el mundo tiene derecho a inconformarse casi por cualquier cosa. El Tribunal recibe esas impugnaciones y resuelve. Puede corregir la plana o confirmar al IFE, pero lo importante es que todo, absolutamente todo, está sujeto al escalpelo de los partidos, de ciudadanos y al control de un sistema vigilado en todo sus detalles, lleno de pesos y contrapesos.
Nada se escapa a esta mecánica: casillas, candidaturas, conteos rápidos, designación de funcionarios, dictámenes, quejas, denuncias sobre propaganda o desvíos de recursos públicos. Todo lo que ocurra en la organización electoral y alrededor de la competencia política, es materia de análisis, discusión decisión, impugnación y litigio. Pero una vez que el asunto ha cursado por todos los circuitos de control, se vuelve definitivo, ha quedado validado. Es el reino del “principio de definitividad” como le llaman los juristas.
¿Lo ven? La “calidad” no ocurre en el futuro, sino que se demuestra y verifica sobre la marcha, paso a paso y así ha sido con los más de 700 acuerdos de alcance nacional que construyeron este proceso y las casi 2 mil quejas que el IFE resolvió.
El mundo de razonamientos al revés, también está habitado por algunos personeros del PRD y del PRI, trenzados como están, en un abrazo de quejas y denuncias: la carga de la prueba –dicen- la tiene el IFE y no los partidos que denuncian.
No sé si esta afirmación provenga del actualísimo garantismo turinés, pero la verdad es que lo partidos políticos –al menos en México- hace rato que dejaron de ser criaturas indefensas; no son individuos, no son ciudadanos de a pie, no son personas con discapacidad o jovencitas mancilladas a quienes el Estado, en efecto, debe dispensar toda protección y absoluta tutela.
Con los partidos pasa al revés, precisamente lo contrario: son poderosas maquinarias constitucionales, dueños de grandes recursos públicos, financiamiento público y acceso pleno a radio y televisión, monopolistas de la representación política; son la única sede desde donde se integra el Poder legislativo y el Ejecutivo federal y de las 32 entidades y son depositarios de un montón de funciones legales nacionales (expresión del pluralismo político, formación y manifestación de la voluntad popular instrumentos esenciales de la participación política).
Con todo ese poder y esa responsabilidad pública ¿los partidos no estarían obligados a presentar algo más que un escrito con objetos para denunciar al de enfrente? ¿un estándar de pruebas serias, indicios claros, acusaciones bien redactadas y bien fundamentadas, no serían el mínimo exigible a criaturas de tamaña responsabilidad y recursos?
En el mundo al revés, los procesos electorales son infinitos porque jamás se cierran y los que acusan, incluso cosas gravísimas, se sienten relevados de toda responsabilidad de prueba porque el IFE “ya tiene dientes”. Y no sólo eso: si la autoridad electoral no satisface a la velocidad del sonido -en dos meses- las expectativas de quienes se quejan, claro, será por que la autoridad exhibirá su ineptitud.
Technothriller, nuestra interminable y puesta de cabeza discusión postelectoral.
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