La iniciativa de reforma laboral se ha convertido en una prueba política mayor capaz de prefigurar lo que sucederá al interior del Poder Legislativo.
Será la primera vez que se ponga a prueba la funcionalidad de la figura de iniciativa preferente que obliga a cada Cámara a votar una propuesta del Presidente en un plazo de 30 días. Todo indica que la prueba será superada. La Cámara de Diputados ya instaló la comisión, las discusiones han comenzado y hasta el método y calendario para su procesamiento han sido acordados.
La votación de la iniciativa será un primer indicador del comportamiento de las bancadas. Nos dejará ver las alianzas que se forjen, la concreción o no del Frente Legislativo de Izquierda y la disciplina interna de las bancadas. Nos permitirá comprobar si los líderes de las fracciones del PRI son capaces de hacer transitar una reforma que afecta intereses poderosos o si prefieren descafeinarla con tal de evitar divisiones internas.
El contenido de la reforma es de gran trascendencia. En lo político atiende la asignatura pendiente de la democracia y transparencia sindicales. Aunque se ha querido vender la idea de que la reforma restringe los derechos de los trabajadores, lo que propone es acabar con los privilegios de las dirigencias y burocracias sindicales en los que se asienta su poder sobre los agremiados.
En lo económico introduce medidas para elevar la productividad, la competitividad y la creación de empleos formales. Algunas, como hacer menos oneroso el despido benefician a los patrones; otros, como agilizar la justicia laboral, impedir la discriminación contra las mujeres y endurecer las penas contra el trabajo infantil, a los trabajadores.
Los pronósticos para una reforma que promueve simultáneamente la democracia sindical y la flexibilización del trabajo no son buenos. Nada más presentada, las centrales obreras y grandes sindicatos manifestaron su rechazo. Las dirigencias de los llamados sindicatos corporativos y los autodenominados independientes quedaron hermanados en su oposición a la democracia sindical y a buena parte de los capítulos laborales. El PT y MC anunciaron la toma de la tribuna y las calles. El líder de la CTM sentenció que "Sobre la autonomía sindical y los recursos de los trabajadores no tienen que hacer nada terceros ajenos a la vida de los sindicatos". Para rematar, le mandó decir a Peña Nieto: "mire usted, sabe que el movimiento obrero es amigo del Presidente ... sabe que ... hubo una aportación fuerte con la que ganó ... de modo que dígale que nosotros queremos seguir siendo amigos...". La frase recuerda aquella que el dirigente petrolero le espetara a De la Madrid después de haberle quitado privilegios al sindicato: "Si se hunde Pemex, se hunde usted, nos hundimos todos, se hunde el país".
El check list de los puntos centrales de la iniciativa es fácil de hacer. Del lado político: voto libre, directo y secreto para la elección de los líderes y la definición de la titularidad del contrato colectivo, información y transparencia en el patrimonio sindical y el destino de cuotas y recursos públicos y la posibilidad de realizar auditorías. No parece que estas medidas conculquen los derechos de los trabajadores.
Del lado económico: la regulación de la subcontratación, el pago por hora, los contratos de prueba y capacitación, la reducción a un año del pago de salarios caídos, la vinculación de la ocupación de plazas y promoción en el escalafón a la productividad y no a la antigüedad.
Ronda la idea de que los líderes sindicales e incluso el PRD aceptarían los capítulos laborales de la iniciativa a cambio de retirar lo relativo a la vida interna de los sindicatos. Si tal es el caso habría que preguntarse si no vale la pena tomarles la palabra: descafeinarla en lo político pero salvarla en lo económico.
Puede ser una buena apuesta: lograr la flexibilización del mercado de trabajo y con ello elevar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo. Dejar que las dirigencias sindicales y el brazo corporativo del PRI se sigan exhibiendo como antidemocráticos y esperar a que sean los agremiados los que emprendan la lucha contra el autoritarismo sindical.
Por otro lado, si Peña Nieto va en serio en materia de transparencia, nada más fácil que alcanzarla sin tocar la Ley Federal del Trabajo: incluyamos como sujetos obligados frente al IFAI no sólo a los partidos sino también a los sindicatos. De esta forma quedaría como información pública, toda aquella relacionada con registros sindicales, contratos colectivos, reglamentos y administración del patrimonio sindical.
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