LA MEJOR REFORMA FISCAL

MIGUEL CARBONELL

La legitimidad que el Estado tiene para cobrarnos impuestos depende de una condición inexcusable desde hace varios cientos de años: que todos los contribuyentes paguen y que no haya privilegios para algunos solamente porque sean amigos de los gobernantes. Esa premisa en México es inexistente y, por lo tanto, la legitimidad del Estado hacia los contribuyentes está muy deteriorada.

Es por eso que no está mal visto que alguien diga que evade impuestos o que le hace alguna que otra “trampilla” al Servicio de Administración Tributaria. La tolerancia social a ese tipo de prácticas ilegales es muy amplia: nadie le retira la amistad a una persona por haber confesado que dejó de pagar el predial o tenencia vehicular.

En ese contexto, la mejor reforma fiscal que uno pueda imaginar tiene como requisito que todos los obligados a pagar, efectivamente, paguen. El aumento en la recaudación  sería de tal magnitud, si eso se pudiera lograr, que podríamos construir escuelas, universidades, hospitales, carreteras, aeropuertos, dar becas, apoyar madres solteras, aumentar sueldos de los policías honestos (que los hay, por supuesto), etcétera. En realidad podríamos construir otro México.

Una forma de acercarnos a ese ideal es a través de la extensión de aquellas formas de impuestos que son fáciles de cobrar. Por ejemplo, es más fácil de cobrar un impuesto al consumo (como el IVA) que un impuesto a los ingresos (como lo es el ISR, calculo que depende de cada contribuyente de la forma en que haga sus deducciones y de muchas cosas más).

Por otro lado, también sería ideal que en estados y municipios hubiera mucho mayor rigor a la hora de cobrar los impuestos locales. Algunos estudios señalan que, por ejemplo, en el DF la mitad de hogares, hasta hace muy poco, no pagaba el servicio de agua, pese a lo barato que era. La OCDE ha insistido en varios de sus documentos sobre el bajísimo porcentaje que se recauda por concepto de impuesto predial (cuyo cobro corre a cargo de los municipios).

La idea central debe ser la búsqueda de la “universalidad” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cualquier otro resultado es algo semejante a un fraude a los miles de ciudadanos que sí pagamos y cumplimos a tiempo con nuestras obligaciones fiscales, pese a que no es fácil ni gracioso hacerlo.

Dicha “universalización”, además de un acto de evidente justicia, será un a condición indispensable para realizar en la práctica la promesa mayor alcance que durante su campaña hizo el presidente electo: la protección universal de salud. Recordemos que Peña propuso fusionar los sistemas de salud y financiarlos a través de impuestos y no como ahora, que existe un esquema de aportaciones tripartitas que nutren las arcas del IMSS y del ISSSTE (contribuyen los trabajadores, los patrones y el Estado).

Si la medida entra en funcionamiento supondrá un ahorro para las empresas de alrededor de 25 y 30% del costo de cada trabajador. Si a eso se suma la aprobación de esquemas más flexibles de contratación laboral, estaríamos ante la posibilidad de detonar la creación de millones de puestos de trabajo en los años siguientes.

El problema principal, sin embargo, reside en la forma de financiar ese nuevo esquema de protección social. ¿Qué impuestos se deberán aumentar y quiénes serán los contribuyentes que deban pagar? La solución más fácil sería aumentar la presión fiscal para las clases medias, que en su mayor parte se integran por “causantes cautivos” y complementar tales aumentos con medidas que castiguen a productos que impactan en la salud, como alcohol y tabaco. Pero esas clases medias son mayoritarias en México; su voto fue decisivo en el pasado proceso electoral y lo será en el futuro. Además, los causantes cautivos ya pagan niveles muy altos de impuestos, considerando el bajo nivel de servicios públicos que reciben a cambio.

La solución más correcta (aunque ciertamente mucho más compleja de implementar) sería apretar por el lado de la evasión y de la alusión fiscal. El primer ministro Mario Monti lo ha hecho en Italia y en menos de un año ha aumentado en 18% la recaudación. El margen de mejora en México puede llegar seguramente a esa cifra e incluso superarla. Ojalá la nueva administración federal y los gobiernos locales tengan el arrojo y la decisión suficientes para hacerlo, en beneficio de todos los mexicanos.