RICARDO BECERA
López Obrador protagonizó una ceremonia y pronunció un discurso de fin de batalla, remoción de escombros y de polvos, ayer mismo, en el Zócalo. Y aunque muchas cosas son de subrayar, merece la pena abordar una a botepronto.
No fue pronunciada directamente por el máximo líder del Movimiento Progresista, pero la idea me parece de lo más pertinente: hay que propiciar el análisis serio y profundo de la sentencia del Tribunal Electoral por el que se declaran válidas las elecciones presidenciales de 2012.
Fue otro de los oradores en la concentración, Javier Jiménez Espriú, quien lanzó esa bola: “…que las más altas instituciones académicas del país realicen un análisis serio y profundo sobre la sentencia del Tribunal Electoral. Harán una gran aportación al bienestar de la nación".
Luego de invocar a Robespierre, el señor Jímenez no dejó duda de sus intenciones: “Convoco a no dejar que se cierre el expediente sobre las pasadas elecciones; es importante que la gente la conozca. Tenemos que hacer prevalecer el imperio de la verdad”.
Totalmente de acuerdo: aunque las elecciones hayan sido puntualmente calificadas; aunque tengamos debidamente integrados a los dos Poderes de la Unión electos por voto popular (el Congreso y la Presidencia); aunque hayan concluido todas las etapas constitucionales y todo se haya consumado, creo que el país, la política y la cultura política se sigue mereciendo el esclarecimiento público, puntual y riguroso de lo que realmente ocurrió en el proceso electoral del 2012.
Por lo pronto adelanto la mía: la sentencia del Tribunal Electoral es lógica, argumentable y es defendible en cualquier espacio judicial, intelectual y académico. Por eso creo, las instituciones educativas, pero sobre todo las instituciones electorales judiciales, no deberían echar en saco roto la proposición del señor Jiménez y del Movimiento todo: hay que emprender una amplia labor de explicación y discusión de lo que realmente pasó.
Ayer mismo, en el mitin, un universo paralelo dominó la cabeza de los oradores y los mítines: las elecciones no fueron una movilización cívica inmensa, un despliegue de participación cívica donde 50 millones de mexicanos o más participaron y en donde pudieron votar seguros, en secreto y en paz. No, de ningún modo: para esas miles de personas se trató de una maquinación en la que corrió a raudales el dinero ilegal (incluso ilícito) y cinco millones de mexicanos fueron groseramente corrompidos para extraerles su voto presidencial con la complicidad de las inútiles autoridades electorales.
Pues esto es lo que se nos convoca a dirimir.
¿Por qué adelantó que es defendible la sentencia? En primer lugar porque recuerda que el proceso electoral no es una construcción en la cual, los partidos –incluida la izquierda completa- hayan estado excluidos o hayan sido meros convidados de piedra. Al contrario: este fue un proceso edificado sobre la base de más de 700 acuerdos, todos discutidos y revisados por ellos –por la izquierda- todos sujetos a su análisis, a su consenso, a su impugnación.
Y de hecho lo hicieron. Por eso el Tribunal sentencia: las piezas electorales son definitivas, una vez que los partidos agotan todas las instancias a las que tienen derecho. En el sistema jurídico electoral no es permisible quejarse –una y otra y otra vez- por las cosas que ya fueron discutidas, aprobadas, impugnadas, resueltas y aceptadas en la multitud de circuitos del sistema.
Pero sobre todo, la sentencia 359 del Tribunal, “no elige la vía fácil”, sino que muestra y demuestra un esfuerzo meticuloso por entender la naturaleza de “las pruebas” presentadas por los impugnadores. Todas ellas, sin dejar en el camino ninguna, incluyendo chivos y pollos, los “semovientes” bautizados por los Magistrados, merecieron un análisis de los jueces.
No recuerdo otro asunto en el que los magistrados se hayan dado a la tarea de desmenuzar a tal detalle los alegatos, afirmaciones, papeles y objetos que les fueron presentados, muchos de los cuales, con sinceridad, ni siquiera merecían valoración.
La conclusión, después de un trabajo de paleontólogos, es que lo presentado no alcanzaba el nivel jurídico de “pruebas”, ni siquiera de indicios, más bien eran "cosas" acompañadas de un escrito que las ligaba a una afirmación elaborada por los propios impugnadores y punto: cuentas de cheques, documentos que la propia coalición hacia, tarjetas allá, tarjetas acá, un contrato firmado y otro sin firmar, el testimonio de dos personas que afirman, que otros en algún momento dijeron…
Así no se puede. El Tribunal, dijo, sencillamente, no se puede reconstruir nada a partir de un marco tan fragmentario y especulativo, por mucho que haya sido espectacular y teatralmente puesto en la opinión pública.
Mientras tanto, la idea de Jiménez, abre una avenida para deshacer entuertos, explicar, aclarar, que las elecciones mexicanas del 2012 y su valoración constitucional, nos hablan de un país y de una ciudadanía que aunque pobre, es bastante mas entendida de la importancia del proceso democrático y sobre todo, del valor del voto propio.
Sin prisas técnicas ni judiciales, en las universidades como escenario, hay que tomarle la palabra a Jiménez Espriú.
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