CIRO MURAYAMA RENDÓN
Uno de los asuntos nodales de la disputa política de los últimos años ha tenido que ver con la relación entre el poder público y los medios de comunicación.
Es un tema que incluso ha evidenciado la debilidad del Estado mexicano frente a los poderes fácticos. La llamada “Ley Televisa”, finalmente dictaminada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la reforma electoral que prohibió la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión que desató la respuesta iracunda de las empresas mediáticas, la incapacidad del Legislativo para avanzar hacia una ley de medios moderna y las estrategias de gasto publicitario de distintos gobernantes para aparecer en las pantallas en aras de posicionarse de cara a la elección presidencial (en 2006 y 2012) son ejemplos de la inescapable y tensa relación estructural entre medios y poder.
En el primer debate presidencial, las acusaciones mutuas entre Peña Nieto y López Obrador versaron acerca de quién de los dos como mandatario local había entregado más dinero público a las televisoras. Y uno de los flancos por los que más se ha atacado la nominación y el triunfo del ex gobernador del Estado de México es el favorable trato que durante años le dispensó Televisa.
La opacidad en el trato entre servidores públicos y medios de comunicación empieza a cuestionar la legitimidad y la honestidad de los gobernantes. Tan es así que el PRI y Enrique Peña Nieto han colocado el tema de la compra de publicidad de los gobiernos en la cúspide de su agenda política (junto con el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción), por lo que impulsarán una reforma constitucional para definir los principios bajo los cuales los gobiernos pueden comprar publicidad en los medios y la creación de un consejo ciudadano que vigile tal gasto.
Aunque esa iniciativa es un paso adelante frente a la situación actual, es necesario hacer una pregunta previa: ¿por qué el Estado mexicano debe comprar publicidad en radio y televisión? Aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el Estado dispone de 48 minutos diarios en toda estación de radio y canal de televisión. Hay la posibilidad de pasar 96 anuncios de 30 segundos o 144 anuncios de 20 segundos al día, sin costo alguno.
De acuerdo con una investigación de Fundar y Artículo 19, el gasto de las entidades federativas en comunicación se duplicó entre 2005 y 2010, pasando de mil 170 millones de pesos a 2 mil 518 millones, con un gasto total en el periodo de más de 10 mil millones de pesos. Por su parte, el gobierno federal gastó sólo en 2011 más de 5 mil millones de pesos en publicidad oficial.
Y no sólo es un tema de gasto, sino de contenidos. Cuando colegas universitarios o amigos del extranjero visitan nuestro país resulta embarazoso explicarles por qué el gobierno anuncia en radio y televisión que hace hospitales donde se hacen consultas médicas o construye carreteras por las que fluye el transporte vehicular. Es oneroso y hasta ridículo el uso de la publicidad oficial.
Siendo así, más que crear un comité ciudadano (otro) que vigile si los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente u otros funcionarios gastan bien en radio y televisión, lo que correspondería es vetar toda erogación pública en los medios electrónicos y distribuir entre los distintos poderes y niveles de gobierno, con la reglamentación adecuada, los llamados tiempos del Estado. Lo otro es continuar con el desperdicio de dinero público convertido en regalo a las empresas mediáticas.
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