EL DIÁLOGO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

En 1929 Hans Kelsen escribió un ensayo clásico en la literatura democrática, Esencia y valor de la democracia, en el que señalaba que el atributo definitorio de esa forma de gobierno era la tendencia al compromiso entre las partes. Esa es la premisa a partir de la cual algunos autores, y de manera destacada Norberto Bobbio, han identificado a la democracia como un régimen político en el que las decisiones se toman, mediante procedimientos pacíficos, con el máximo de consenso y con el mínimo de imposición.
Esa tendencia al compromiso se deriva de la lógica incluyente que define a la democracia. El carácter democrático de un sistema político, en efecto, no es sólo el reconocimiento del pluralismo ideológico existente en una sociedad, sino la existencia de mecanismos que permiten que esa pluralidad esté representada en los órganos en donde se asumen las decisiones políticas y en los que mediante una interacción respetuosa y pacífica las mismas se procesen.
La clave para que esa interacción rinda frutos y se generen consensos está centrada en el diálogo entre las posturas diversas con miras a sostener las propias posiciones, escuchar los argumentos de las contrapartes y, paulatinamente, encontrar puntos de coincidencia. El diálogo se inserta así en la esencia de los procedimientos democráticos. Por eso la lógica del funcionamiento de los parlamentos, órganos democráticos por excelencia en los que la pluralidad política se representa, supone que antes de la discusión debe haber espacio para el diálogo.
Por supuesto que en las democracias las decisiones se adoptan con base en la regla de la mayoría según la cual “la voluntad del mayor número prevalece”, pero la mera existencia de una mayoría no supone obviar la discusión (entiéndase diálogo) que debe (insisto: debe, no puede) anteceder a una decisión para que sea realmente democrática. Eso tiene una razón de ser (que seguramente resultará incómoda a los nuevos fanáticos de las mayorías preconstituidas): permitir que la(s) minoría(s) se exprese(n) y sus argumentos puedan ser escuchados y hasta recogidos en una decisión consensuada.
Sobra decir que cuando la realidad política de una sociedad conlleva la falta de posiciones mayoritarias predefinidas, como ha ocurrido en México desde hace más de una década, el diálogo y la consecuente construcción de consensos se impone como una precondición ineludible para poder asumir cualquier decisión.
Todo lo anterior lleva a dar la bienvenida a todo llamado al diálogo, como el que el Presidente ha lanzado para discutir la política pública y las estrategias a seguir para combatir el crimen organizado y particularmente el narcotráfico.
Es lamentable, sin embargo, que el Presidente convoque al diálogo sobre ese tema tres años y medio después de haber tomado unilateralmente la decisión —de dudosa constitucionalidad— de combatir al narcotráfico con el uso de las fuerzas armadas y luego de que su estrategia unidimensional de confrontar al crimen mediante la mera fuerza se ha demostrado no sólo errónea sino ineficaz y hasta contraproducente (vista la escalada incontenible de violencia).
Ya he señalado que todas las experiencias exitosas de combate a la delincuencia organizada han pasado por asumir que ésta responde a numerosos factores de índole económica, social, cultural e incluso política y religiosa, y que sólo diversificando las estrategias puede confrontarse con alguna esperanza de éxito. Ojalá que, aunque tardío, este llamado al diálogo sirva para reencauzar una política pública en materia de seguridad que hace agua por todos lados y que constituya el punto de partida de una nueva lógica de interlocución respetuosa, permanente e incluyente de los actores políticos y sociales que pueda extenderse a otros temas y materias.
Ojalá que esta convocatoria no sea un expediente retórico más que no tenga aparejada una verdadera disposición para matizar posturas, reconocer errores y propiciar consensos alrededor de los cuales redefinir las políticas públicas.
Ojalá que no sea sólo una manera de “curarse en salud” y poder justificar los fracasos de las políticas públicas endilgando responsabilidades a los demás.
Ojalá, en fin, que no sea sólo una estrategia mediática para posicionarse políticamente de cara a los próximos eventos electorales ante los cuales el Presidente, igual que otros actores políticos (gobernadores incluidos), como han demostrado, tiene toda la intención de incidir con francos actos de proselitismo.
Esperemos que no sea así.