JAVIER CORRAL JURADOEn el Seminario de Análisis 2010: los temas críticos de la Reforma Electoral, que organizó esta semana la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE, concurrieron, sobre todo, académicos, líderes políticos y autoridades electorales, de 29 estados. Ese interés fue correspondido por el gran nivel de ponentes y propuestas que ponen de manifiesto la necesidad de una nueva reforma electoral que consolide y precise la de 2007, en rango constitucional, y la legal de 2008.
Ese debiera ser una tarea a cumplir en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados y dentro de ésta, la Comisión de Gobernación. La comisión tendrá, en próximos meses, la tarea de conducir dos procesos de enorme relevancia: buscar el consenso más amplio posible en torno de una reforma electoral que dote de mejores condiciones a la competencia electoral del 2012, y por otro lado, desarrollar el proceso de selección para la renovación de tres de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral.
Se requiere anticipar la reforma legal al inicio formal de las precampañas y campañas presidenciales, y alejar la selección y designación de los consejeros electorales del cuotismo partidista, poniendo énfasis en perfiles que aseguren al Instituto su autonomía, no sólo frente al sistema de partidos, sino frente a los demás poderes fácticos y formales que hoy dificultan el cumplimiento de la reforma electoral, sobre todo en materia de tiempos en radio y tv, pues el duopolio de la Televisión aún resiste el nuevo modelo, para lo cual ha contado con absurdos fallos del TRIFE.
El mayor reto institucional señalado por el IFE, fue sin duda la administración y vigilancia de los tiempos en radio y televisión. El IFE se convirtió en la única autoridad facultada para administrar los tiempos públicos en los periodos electorales, pero no sólo eso, se le facultó para sancionar las violaciones a los preceptos de acceso a los medios de comunicación con fines electorales.
Más que una simple reforma electoral, lo que ocurrió en 2007 fue la implementación de un nuevo modelo de comunicación social político-electoral, en donde la clase política dijo “¡Basta!” a los chantajes de las empresas de comunicación electrónica. Pero a este “basta” le falta contundencia y algunas precisiones legales, pues nunca faltará la empresa y el político que intenten burlar la ley a través de formas descaradas y burdas de publicidad disfrazada de información, como los infomerciales que Enrique Peña Nieto transmite a través de los noticiarios de Televisa. La publicidad disfrazada y el mercado negro de la información a través de entrevistas y reportajes, son un tema pendiente que la clase política debe resolver con urgencia.
Hacerlo nos beneficiaría a todos, ya que podemos asegurar contiendas más justas y equitativas, y no como hasta ahora sucede, que los políticos más condescendientes con las empresas de comunicación son los que obtienen mayor exposición en los medios. En este rubro puede considerarse prioritaria una reforma penal electoral de todas las leyes relacionadas con los procesos electorales que se han transformado en los últimos doce años. La única que no ha sufrido cambios es la penal electoral; los tipos penales han cambiado aunque la realidad lo amerita para poder sancionar este tipo de conductas.
Otra tarea pendiente es la “desespotización” de las campañas, es necesario buscar un nuevo vehículo de comunicación en los procesos electorales, un formato que deje las ideas vagas, las descalificaciones, las frases con buenas rimas, para dar paso a las propuestas y al debate de ideas.
Sin embargo, hay que señalar con toda franqueza que los mayores obstáculos para que el modelo funcione de mejor manera, están en las disposiciones reglamentarias aprobadas por el IFE, y que debieran reformarse para una operación más simple y flexible. El actual reglamento lo ha hecho más rígido y complejo. 1.- Plazos muy amplios a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión para transmitir al aire un promocional de partido político y/o autoridades electorales. Excesiva rigidez en notificaciones que impiden esquemas de operación tecnológicos. Exceso de spots en el periodo de “intercampaña”.
Esta rigidez, en efecto, ha mermado la agilidad y dinamismo de las estrategias de propaganda y respuesta en una competencia electoral, por lo que es conveniente que la ley permita la acumulación de tiempos entre franjas horarias y diversificar los usos del tiempo del Estado en radio y televisión, es decir, opciones para que además de los spots, haya obligaciones para mensajes de inicio y cierre de campaña, debates obligatorios en todo tipo de elección. Se trata de reducir la “spotización” y continuar con la administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado.
Ese debiera ser una tarea a cumplir en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados y dentro de ésta, la Comisión de Gobernación. La comisión tendrá, en próximos meses, la tarea de conducir dos procesos de enorme relevancia: buscar el consenso más amplio posible en torno de una reforma electoral que dote de mejores condiciones a la competencia electoral del 2012, y por otro lado, desarrollar el proceso de selección para la renovación de tres de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral.
Se requiere anticipar la reforma legal al inicio formal de las precampañas y campañas presidenciales, y alejar la selección y designación de los consejeros electorales del cuotismo partidista, poniendo énfasis en perfiles que aseguren al Instituto su autonomía, no sólo frente al sistema de partidos, sino frente a los demás poderes fácticos y formales que hoy dificultan el cumplimiento de la reforma electoral, sobre todo en materia de tiempos en radio y tv, pues el duopolio de la Televisión aún resiste el nuevo modelo, para lo cual ha contado con absurdos fallos del TRIFE.
El mayor reto institucional señalado por el IFE, fue sin duda la administración y vigilancia de los tiempos en radio y televisión. El IFE se convirtió en la única autoridad facultada para administrar los tiempos públicos en los periodos electorales, pero no sólo eso, se le facultó para sancionar las violaciones a los preceptos de acceso a los medios de comunicación con fines electorales.
Más que una simple reforma electoral, lo que ocurrió en 2007 fue la implementación de un nuevo modelo de comunicación social político-electoral, en donde la clase política dijo “¡Basta!” a los chantajes de las empresas de comunicación electrónica. Pero a este “basta” le falta contundencia y algunas precisiones legales, pues nunca faltará la empresa y el político que intenten burlar la ley a través de formas descaradas y burdas de publicidad disfrazada de información, como los infomerciales que Enrique Peña Nieto transmite a través de los noticiarios de Televisa. La publicidad disfrazada y el mercado negro de la información a través de entrevistas y reportajes, son un tema pendiente que la clase política debe resolver con urgencia.
Hacerlo nos beneficiaría a todos, ya que podemos asegurar contiendas más justas y equitativas, y no como hasta ahora sucede, que los políticos más condescendientes con las empresas de comunicación son los que obtienen mayor exposición en los medios. En este rubro puede considerarse prioritaria una reforma penal electoral de todas las leyes relacionadas con los procesos electorales que se han transformado en los últimos doce años. La única que no ha sufrido cambios es la penal electoral; los tipos penales han cambiado aunque la realidad lo amerita para poder sancionar este tipo de conductas.
Otra tarea pendiente es la “desespotización” de las campañas, es necesario buscar un nuevo vehículo de comunicación en los procesos electorales, un formato que deje las ideas vagas, las descalificaciones, las frases con buenas rimas, para dar paso a las propuestas y al debate de ideas.
Sin embargo, hay que señalar con toda franqueza que los mayores obstáculos para que el modelo funcione de mejor manera, están en las disposiciones reglamentarias aprobadas por el IFE, y que debieran reformarse para una operación más simple y flexible. El actual reglamento lo ha hecho más rígido y complejo. 1.- Plazos muy amplios a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión para transmitir al aire un promocional de partido político y/o autoridades electorales. Excesiva rigidez en notificaciones que impiden esquemas de operación tecnológicos. Exceso de spots en el periodo de “intercampaña”.
Esta rigidez, en efecto, ha mermado la agilidad y dinamismo de las estrategias de propaganda y respuesta en una competencia electoral, por lo que es conveniente que la ley permita la acumulación de tiempos entre franjas horarias y diversificar los usos del tiempo del Estado en radio y televisión, es decir, opciones para que además de los spots, haya obligaciones para mensajes de inicio y cierre de campaña, debates obligatorios en todo tipo de elección. Se trata de reducir la “spotización” y continuar con la administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado.
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