EL LLAMADO PRESIDENCIAL A LA UNIDAD, PROPUESTA DE UNA REFORMA SENCILLA CON EFECTOS INMEDIATOS

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

El Presidente de la República ha convocado a los tres poderes de la Unión, a los de los estados, a las organizaciones políticas y a la sociedad general a un diálogo y acuerdo nacional para hacer frente a la criminalidad.Por lo que se refiere al ámbito judicial federal y de los estados, hay medidas viables, sencillas y de muy bajo costo que, al tiempo que atiende este acuciante problema, contribuye a resolver otros igualmente importantes, pero cuya urgencia parece en este momento menor. Me refiero a mejorar simultáneamente otros aspectos de la administración de justicia del Estado mexicano además de la penal, y que afectan cotidianamente la vida de los mexicanos, como la materia civil, familiar, mercantil, o contencioso administrativa. Una de estas medidas es que, por medio de reformas a las leyes federales y locales relacionadas con la función jurisdiccional, se obligue a los tribunales y juzgados de todas las jerarquías federal y de los estados y municipios que -como ya lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que hagan del dominio público sus sentencias, a través de los medios electrónicos que lo hacen asequible.La primera ventaja que las sentencias se hagan públicas, es que por este medio todos los ciudadanos podremos observar cómo los jueces federales y locales de cualquier jerarquía integran a sus resoluciones la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Ello proyectaría los efectos de la protección de derechos recaída en un caso particular, a todos los demás que sean similares y en todos los rincones del país, desde el primer peldaño del edificio judicial. Desde luego, la publicidad de las sentencias, y la obligación de seguir la jurisprudencia de la Suprema Corte Nacional e Interamericana en materia penal, pero también en el resto de materias, inhibiría la arbitrariedad de la que a menudo se acusa a los jueces federales y de los estados. Permitiría por tanto identificar con suma facilidad y celeridad a aquél juez federal, estatal o municipal, que sin motivo se ha desviado de la jurisprudencia, e inquirir las razones de ello para, en su caso, fincar responsabilidades.La publicidad de las sentencias no tiene que ofender otros derechos, como el del honor y la intimidad de quienes son partes en juicios de cualquier materia, pues es conocido cómo se puede suprimir nombres para evitar este efecto indeseado, pero no la sentencia misma -opacidad donde anida la corrupción. Publicar las sentencias en internet tiene la ventaja añadida que no genera gastos de alquiler en almacenamiento de folios y folios que juntan, literalmente, toneladas de papel; y tampoco causan daño al medio ambiente pues no hay necesidad de imprimir en papel los expedientes.La opacidad de las sentencias sobre todo en el ámbito de los estados y municipios, es un anacronismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal del país, no esconde sus sentencia ¿porqué habrían de hacerlo los tribunales y juzgados de los estados y municipios?