OCHO PROPUESTAS A DEBATE

SANTIAGO CREEL MIRANDA

A raíz de los resultados obtenidos en el combate al crimen organizado han surgido muchas voces que plantean revisar la actual estrategia. El propio presidente Calderón ha alentado el debate, en espera de que surjan propuestas por parte de la sociedad. Lo primero que habría que discutir es el objetivo de la estrategia. ¿Qué se quiere lograr? Todos los estudios de opinión publicados, establecen que la seguridad pública es el principal problema que vive el país. Entonces, ¿cómo podemos lograr su mejora? Evitemos los extremos: ni dejar de combatir al crimen organizado, como tampoco atacarlo con una estrategia que no está dando los resultados esperados. Si la premisa inicial es combatirlo, la siguiente pregunta es: ¿cómo dar esa lucha? Aquí van algunas propuestas: primero, en un barco sólo manda un capitán. Lo mismo debe de acontecer en el combate al crimen organizado: un mando único, por cierto, civil. Si no se puede identificar a un responsable, ¿cómo puede haber rendición de cuentas o lucha eficaz? Segundo, ese mando único debe de recaer en una Secretaría del Interior que agrupe todas las funciones de combate al crimen organizado que hoy están dispersas en las secretarías de: Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público —aduanas, lavado de dinero—, Gobernación–Cisen, —migración—, Comunicaciones y Transportes —puertos, aeropuertos—, y Procuraduría General de la República. Tercero, dentro de la nueva Secretaría del Interior debe crearse una corporación especializada con facultades exclusivas para combatir al crimen organizado, que cuente con los instrumentos de inteligencia, personal capacitado y las salvaguardas institucionales para evitar la cooptación de sus funcionarios. Las operaciones de esta corporación deberán ser focalizadas y “de entrada por salida” en la realización de aprehensiones, incautación de droga, de dinero o en el rompimiento de redes de distribución o en la erradicación de plantíos. Cuarto, las fuerzas federales deberán de transitar de una presencia permanente a una sustitución gradual y calendarizada, con policías únicas estatales —sujetas a un Sistema Nacional Policial— bajo la responsabilidad y mando del gobernador, quien deberá hacerse responsable de la seguridad pública en su entidad —como siempre debió haber sido—, es decir, evitar homicidios, secuestros, extorsiones, robos, lesiones, etc. Quinto, los municipios más afectados por el crimen organizado deberán sujetarse a un estatuto especial de carácter temporal para que las fuerzas federales puedan recuperar los territorios donde hoy el estado de derecho está ausente. México no puede darse el lujo de tener municipios en manos del crimen organizado, con decenas de muertos al día, sin castigo a los responsables, con autoridades de papel, en donde ni siquiera los candidatos pudieron hacer campaña en las pasadas elecciones. Sexto, la disminución de la violencia no va a ocurrir mientras el crimen organizado sea el negocio que es hoy —25 a 35 mil millones de dólares anuales—. ¿Dónde está ese dinero? Ciertamente, no debajo de los colchones. Por supuesto que debe de estar en el sistema financiero y de negocios, legales e ilegales, en el país y en el extranjero. La corporación que combata el crimen organizado debe contar con una instancia exclusivamente referida al lavado de dinero, con nuevas leyes y un “ejército” de contadores y financieros que permitan desbaratar los negocios que soportan esta actividad ilícita. Con los recursos que se obtengan, deberá financiarse esta lucha. Séptimo, otro golpe a la economía del crimen organizado sería abaratar el precio de la droga para que no sea el negocio de las grandes utilidades que es hoy. Este es un debate mucho más complejo, pero inaplazable a la luz de lo que está aconteciendo en el vecino estado de California. Los ciudadanos de ese estado deberán votar el próximo mes de noviembre, si legalizan o no el cultivo, la comercialización y el consumo de la mariguana —además, la administración de Obama recientemente emitió un memorándum para que los procuradores federales dejen de aplicar la ley federal (Controlled Substances Act)—, ¿cómo queda México ante ese escenario?, ¿Seguiremos los mexicanos poniendo los muertos, padeciendo la violencia, y los californianos disfrutando las utilidades de ese gran negocio que eventualmente podrá ser legal? Roosevelt se planteó este mismo dilema con la prohibición del alcohol, lo supo resolver, el precio cayó y con ello también la violencia. Habrá que discutir cuanto antes los efectos que todo esto tendrá en México. Octavo, también se deberá intensificar la reconstrucción del tejido social en los lugares más afectados por el crimen organizado. Así como continuarse con el nuevo enfoque de las reformas aprobadas por el Senado de la República, que considera el consumo de droga, no como una actividad criminal, sino como un asunto de salud pública, a la vez que promueve mejores condiciones para la prevención y rehabilitación.