LAVADO DE DINERO

SANTIAGO CREEL MIRANDA

El crimen organizado es crimen porque es un gran negocio. La rentabilidad es tal que 28 mil mexicanos han arriesgado y perdido su vida. No hay mejor negocio en el mundo. Cada peso invertido se multiplica casi por cien mil. Además, no paga impuestos, no está sujeto a ninguna regulación y no respeta fronteras. El monto que manejan estas organizaciones en el país es de 30 a 35 mil millones de dólares por año, lo que representa alrededor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto. No por nada la revista Forbes destaca que un capo mexicano está dentro de la lista de los más ricos y probablemente se queda corta, puesto que deben haber muchos más. Cuando se captura a un criminal esto no quiere decir que su red financiera se desmantele. Por el contrario, se reagrupa con otras, que son el soporte para la cooptación de las autoridades y para la compraventa de armas y precursores químicos. Además, esos recursos le dan trabajo a cuando menos medio millón de personas. Es por eso que la aprehensión de capos, lugartenientes o sicarios, así como la incautación de droga o el desmantelamiento de laboratorios o plantíos, sin duda ayuda, pero ciertamente no es suficiente. La lucha hasta ahora se ha hecho con esos fines. Sin embargo, el negocio prácticamente ha quedado intocado. Los montos de dinero que se le han quitado a estas organizaciones no representan ni siquiera el uno por ciento de lo que vale el negocio. Los criminales mueren en las refriegas o se les encarcela, pero el dinero queda a salvo. Es urgente otorgarle al gobierno los instrumentos que le permitan identificar y decomisar esos recursos ilícitos. En el Senado se han presentado diversas iniciativas. En los próximos días se someterán otras —incluyendo una de quien esto escribe—. Lo importante es que el tema sea el “tema de temas” en el Legislativo, pero también en el gobierno. Este nuevo enfoque puede dar los resultados que los ciudadanos están esperando. La nueva legislación debe tener por objeto combatir las “lavanderías de dinero” que el crimen organizado utiliza. Toda operación a partir de cierto monto, digamos 100 mil pesos, tiene que poder revisarse e investigarse en caso de ser necesario. También, para dejar huella o registro, tendrán que realizarse siempre a través del sistema de trasferencias o pagos bancarios. Sé que estos nuevos controles traerán aparejadas molestias a los gobernados, pero se convierten en indispensables para pegarle al motor de esta criminalidad. Lo ideal sería contar con un registro estatal, que le permitiera a la autoridad confrontar la información que tenga, con registros públicos, con declaraciones fiscales, con reportes financieros y con aquélla que se origine de la nueva ley que combata al lavado de dinero. La coordinación entre las distintas autoridades se vuelve un aspecto toral para que este enfoque tenga éxito. Se debe establecer una nueva relación entre la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y las fuerzas federales, que se traduzca en una instancia gubernamental colegiada. Los recursos que se le incauten a las organizaciones criminales deben servir para financiar su combate. Esos mismos miles de millones de dólares serían el instrumento más poderoso para ganarles la partida, como en el judo, con sus propios recursos. Es decir, una sopa con su propio chocolate, que sirva para capacitar a las fuerzas policiales, para comprar armamento y equipo, para mejorar los sistemas de inteligencia y para pagarle mejor a las fuerzas del orden. Un obstáculo que habrá que superar es el de la economía informal. En ese sentido, la batalla por la formalidad es un esfuerzo que debe sumarse a la lucha en contra del crimen organizado. Aquí la reforma fiscal es insustituible, no sólo para que mejore la economía, sino también para que mejore la seguridad pública. Es preciso reiterar que el combate a la economía del crimen organizado no puede desvincularse de la discusión sobre la regulación del mercado de las drogas, particularmente el de la mariguana. Esa es otra forma de abordar el problema, aunque no sin riesgos en el aspecto de la salud pública. Sin embargo, a la luz de su posible legalización en el estado de California (novena economía del mundo) se debe valorar si a México le conviene o no adoptar esa medida. Otra vez, es el dinero la fuente de poder de los criminales organizados. Combatamos ese poder. En esta lucha no se pierden recursos, se ganan. Además, para incautar una cuenta millonaria no se requiere disparar una sola bala, ni tampoco poner en riesgo a la población