RESISTENCIA A LA TRANSPARENCIA

JAVIER CORRAL JURADO

En la semana nacional de la Transparencia, seminario de análisis y evaluación que organiza el IFAI, he puesto como ejemplo de la larga y compleja tarea que aún depara a la concreción del derecho de acceso a la información pública en México, así como de la hipocresía y la simulación de gran parte del entramado institucional frente a este derecho, la forma en que un órgano de la trascendencia de la Cofetel realiza sus sesiones, en privado, así como del ocultamiento de los criterios y razones por los que toma sus decisiones, como la resolución de las licitaciones de espectro radio-eléctrico. Mony De Swaan, instalado en el cinismo político —igual que su jefe Juan Molinar—, aún no publica el acta de la sesión en que se le regaló a la sociedad Televisa-Nextel, 30 MHz del espectro para servicios de telefonía móvil a precio de ganga. Es que en ella debe constar, según lo ha confirmado el propio comisionado Ernesto Gil Elourdy, los motivos de su abstención a votar la licitación 21, quizá por tener conocimiento de las medidas cautelares que dos distintos jueces federales habían ordenado y por lo cual lo suspendían. Consciente de las consecuencias jurídicas a las que lo conduciría el desacato, el comisionado no quiso ser parte de la comisión de un delito. Es por esto que, a siete años de haber entrado en vigor la ley de transparencia, no podemos asumir como una victoria cultural y política, lo que ha sido un triunfo en la legislación mexicana y que enfrenta las más variadas resistencias del aparato público. Parece que el espíritu de apertura está en proceso de retirada, sino es que en regresión. No es privativo del ámbito federal, e incluso la experiencia en varias entidades resulta más funesta, pero lo cierto es que en lugar de acrecentarse la cultura de transparencia, cada vez se inventan nuevos pretextos para no entregar los documentos que solicitan los ciudadanos. De acuerdo con el IFAI hay más de 250 amparos para no entregar la información solicitada y más de 30 juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de las sentencias emitidas por el Instituto. No por evitar abusos de particulares vayamos a dar más herramientas a una burocracia que, atrincherada en la información que posee como si fuera propia, resguarda su espacio de poder por encima del interés público. Fundamental recordar que el derecho a la información es la transparencia en el ejercicio gubernamental. El que los ciudadanos conozcan qué hace el gobierno, en qué le puede ayudar y qué se hace con los impuestos. En la Camara de Diputados, tenemos una Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia. Es muy probable que ésta sea una de las reformas a discutirse en el periodo ordinario de sesiones que inicia este 1 de septiembre. La minuta tiene avances como la inclusión de la prueba de daño, pero algunos artículos son ambiguos, como el 48, que indica que se podrán desechar solicitudes de información cuando cause un entorpecimiento extremo de las actividades del sujeto obligado. En este punto tendría que definirse qué se es entorpecimiento extremo. El artículo 57, fracción V, da oportunidad a que cualquier recurso de revisión que sea “ofensivo o frívolo” sea desechado. Hay que precisar, porque no sabemos qué criterios tendrá la autoridad para definir qué es frívolo. Insisto en incorporar nuevos sujetos obligados: transparentar la actuación de los partidos, como una auténtica acción de recuperación de la confianza ciudadana y, los sindicatos, llamados a ser parte de la democratización en su sentido más amplio y la transparencia de recursos públicos que les llegan, como cuotas de sus bases. Ni se diga del Congreso, que tanto debe a la rendición de cuentas. En la Cámara de Diputados no hay una ley en la materia y el reglamento es muy flexible, comparado con el rigor que el Legislativo exigió a otros poderes. El reglamento no define qué es información reservada, sino que ésta compete de forma individual a los titulares de los órganos de la Cámara, mantiene el periodo de reserva como indefinido, y no define sanciones para quienes incumplan la transparencia. Estos hechos, regresivos algunos, contradictorios otros, dan cuenta de la resistencia. Por supuesto, nadie dijo que la tarea sería fácil